En estos momentos España se encuentra en una situación de incertidumbre
política y económica motivada por las actuaciones separatistas que se
están produciendo en Cataluña. Precisamente el sábado pasado el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmó el decreto para convocar
la consulta sobre el futuro político de Cataluña.
El panorama nos parece complicado ya que, por un lado, existe un
movimiento social en pro de la independencia legítimo y respetable y,
por otro, se han aducido argumentos para impulsarlo que no se ajustan a
la realidad como, por ejemplo, «fuera de España nos iría mejor», «una
Cataluña independiente seguiría formando parte de la Unión Europea» y
«la independencia nos daría más prosperidad».
Estancamiento económico
Dejando aparte que una Cataluña independiente estaría peor
económicamente, el propio proceso plebiscitario está generando una
inestabilidad que está perjudicando considerablemente las expectativas
económicas y de inversión en la comunidad autónoma. Además, el momento
no puede ser más inoportuno ya que el entorno económico europeo no
parece muy favorable y, como ya avanzó Mario Draghi la semana pasada,
Europa se enfrenta a una posible situación de estancamiento.
Efectivamente, el conjunto de la zona del euro avanza muy lentamente y
todavía mantiene un nivel de crecimiento inferior al del comienzo de la
crisis, mientras que otros países como Estados Unidos ya lo han
superado. Además, se han detenido las tasas de crecimiento de economías
muy importantes como las de Alemania, Francia e Italia.
Así, la confianza empresarial alemana se ha debilitado y el componente
de expectativas del Índice IFO, que elabora mensualmente el Instituto de
Estudios Económicos de la Universidad de Múnich, ha caído en septiembre
al nivel más bajo desde hace veinte meses: un 99,3 (recordemos que
valores superiores a 100 indican expansión económica e inferiores
señalan contracción). Éste es, en parte, el resultado del conflicto
entre Ucrania y Rusia, que abastece el 40% de la energía en Alemania y
que está deteriorando las expectativas económicas de sus empresarios.
En Cataluña parece que también se tuercen las cosas. Según el último
informe de Convivencia Cívica Catalana, la inversión extranjera que
llegó a Cataluña durante el segundo trimestre de este año fue un tercio
(34%) de la que recibió en el mismo periodo del año anterior. Un reflejo
claro de las intenciones de los inversores internacionales ante un
posible resultado independentista. El panorama de las empresas no es
mucho más halagüeño.
Dos grandes entidades financieras catalanas, CaixaBank y Banco
Sabadell, podrían necesitar planes para trasladar su sede fuera de
Cataluña. Si Cataluña se independiza se quedará fuera de la zona del
euro y, por tanto, sus bancos no recibirían créditos del Banco Central
Europeo (BCE) que además de ser baratos (tienen un tipo de interés del
0,05%), son el último recurso con el que cuentan las entidades de
crédito para resolver situaciones de falta de liquidez.
Éste es sólo un ejemplo de los efectos que está teniendo no ya la
independencia, sino el mero hecho de plantear una posible consulta sobre
ella. Si, además, la separación fuera real, los efectos sobre la
economía catalana podrían ser considerables. Cataluña se contraería y el
colapso económico podría ser considerable fundamentalmente porque una
parte de las empresas radicadas allí se irían. La actividad empresarial
no se mueve por sentimentalismos nacionalistas sino por motivos
económicos y sociales y desde el momento en que se hiciera efectiva la
independencia las empresas catalanas tendrían que luchar para hacerse un
hueco en los mercados internacionales.
¿Por qué esta situación de inferioridad de las empresas en un
contexto de independencia? En primer lugar porque la independencia
supondría la salida automática de Cataluña de la UE. Lo que significaría
que la UE aplicaría inmediatamente un arancel a la importación de
productos catalanes. Sería el mismo que soportan los países que no son
miembros de la Unión Europea. Además, Cataluña podría caer en la
tentación de elevar barreras arancelarias para proteger a sus empresas
de los productos extranjeros.
En definitiva, las empresas catalanas verían como aumentan sus costes
de importación de las materias primas y bienes intermedios que no se
produzcan en Cataluña a la vez que disminuyen sus ingresos por
exportaciones. La solución al problema está clara: trasladar la empresa
fuera de Cataluña para continuar trabajando en un territorio que forme
parte de la UE y de su mercado único. Además, como señalan los libros,
el aumento de aranceles generaría una reducción del comercio
internacional y una menor eficiencia económica. Todo ello disminuiría
considerablemente las oportunidades de Cataluña de generar ventajas
competitivas.
Aumento del déficit público
Esta situación de reducción de la producción dificultaría la
solvencia del sector público catalán y llevaría a un desequilibrio de
las cuentas públicas. Primero, porque los ingresos se contraerían por la
menor actividad económica que generaría la deslocalización de las
empresas, lo que disminuiría las bases imponibles y, como consecuencia,
la recaudación fiscal.
Segundo, los gastos serían mayores. El Gobierno de Cataluña tendría
que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de
aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español como las
pensiones, y de incrementos en sueldos de los funcionarios y en defensa.
Asimismo, debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de
la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante
algunos años. Años que formarían parte de un periodo clave para
consolidar económicamente la independencia.
Por tanto, el resultado sería un grave déficit público catalán que no
podría recurrir a la emisión de deuda para su financiación, ya que la
previsible desconfianza de los inversores en su devolución impediría a
Cataluña acceder a los mercados internacionales. Es difícil pensar que
un país de reciente creación, pequeño comparado con los gigantes
europeos y sin apoyo internacional, sea merecedor de la confianza de los
compradores de bonos que, en definitiva, puede destinar sus recursos a
cualquier otro territorio con mejores expectativas.
El abandono de la zona del euro y la creación de una nueva moneda
Además, si Cataluña se independizase, se vería obligada a abandonar la
Unión Monetaria Europea. En ese posible escenario a Cataluña se le
abrirían dos posibilidades: mantener el euro o crear su propia moneda.
En el primer caso, nadie puede impedir que Cataluña continúe usando el
euro. Pero para que un país pueda utilizar una moneda que no controla
debe conseguir acercarse al equilibrio fiscal. Sólo así podría tener
acceso a la financiación internacional.
Sin embargo, ante un escenario de elevado déficit público, sin ayudas
de la UE y sin recurso al BCE, es imposible utilizar una moneda como el
euro. Por tanto, lo más probable es que Cataluña en el caso de
independizarse desarrollaría su propia moneda: llamémosla «catalino». En
ese caso tendría que hacer un «corralito» que evitase la estampida de
depósitos en euros. El tipo de cambio inicial, por comodidad sería: 1
euro = 1 catalino. Entonces el Gobierno de Cataluña invitaría a sus
ciudadanos a que vayan al Banco Central de Cataluña y/o por extensión a
los bancos comerciales ubicados en Cataluña a cambiar sus euros por
catalinos.
¿Alguno de ustedes, queridos lectores, iría corriendo al banco a
cambiar sus euros por catalinos? Nadie. Todos los catalanes guardarían
sus euros a buen recaudo o se los llevarían al extranjero. Y antes de
que el Gobierno catalán hiciese un «corralito» y bloqueara las cuentas
en euros para convertirlas más tarde y automáticamente en catalinos,
retirarían rápidamente sus depósitos en euros y los pondrían en una
cuenta en otros países como España, Andorra o Francia.
Lo harían entre otras cosas, porque una vez introducida la nueva
moneda, el siguiente paso es la devaluación del catalino, con el fin de
financiar el déficit público y también para ganar en competitividad. Al
principio, para dar confianza y evitar suspicacias, haría falta mantener
un tipo de cambio fijo. Pero al poco tiempo se depreciaría su moneda y
Cataluña habría ganado competitividad, porque los precios en euros de
sus exportaciones se habrían reducido considerablemente.
Pero con la nueva moneda no todo serían ventajas y habría también
importantes inconvenientes. El primero la inflación, por varios motivos:
1) los precios de las importaciones, valorados en catalinos,
aumentarían lo que incrementaría el nivel de precios de los bienes de
consumo; y 2) crecerían los costes de producción de las empresas que
necesiten comprar en el exterior, lo que reducirían sus márgenes de
beneficio y elevarían sus precios de venta.
El segundo, mayores dificultades para hacer frente a las deudas
expresadas en euros, que serían la mayoría y que después de la
devaluación serían mucho mayores en términos de la nueva moneda local. Y
finalmente, descontento social. Los que pudieron mantener sus ahorros
en euros habrán visto aumentar su poder adquisitivo mientras aquellos
que sufrieron el corralito o simplemente no tuvieron la oportunidad de
retirar sus depósitos se habrán empobrecido. En definitiva, las
consecuencias de una Cataluña fuera del euro serían muy graves. A corto
plazo el panorama se tornaría muy complicado: dificultad para pagar
tanto la deuda privada como la pública, deslocalización del sistema
financiero y parte del tejido productivo y, como consecuencia, débil
crecimiento económico. Por supuesto, como es fácil ver, esto no sólo
sería perjudicial para Cataluña sino también para España.
Una forma de evitar estas indeseables consecuencias sería que
Cataluña siguiera perteneciendo a la Unión Económica y Monetaria. Esta
favorable situación económica de tener el euro como divisa es algo que
se está dando por hecho en las reivindicaciones independentistas. No
obstante, el proceso de adhesión a la UE está firmemente regulado y está
sujeto a numerosos requisitos. Además, haría falta unanimidad en el
Consejo de la UE, del que forma parte España, para aceptar la entrada
del nuevo miembro. Por supuesto, la decisión se toma en función de los
costes y beneficios económicos y políticos y, además, es muy probable
que la adhesión de Cataluña beneficiara también a España. Sin embargo,
la incertidumbre existe y es una herramienta más de negociación, igual
que lo es la valoración de qué parte de la deuda española corresponde a
Cataluña.
El papel de las expectativas
Es cierto que la economía catalana cuenta con una importante parte
del tejido empresarial e industrial del país. Pero no se puede olvidar
que la actividad económica futura está basada, entre otras cosas, en la
confianza y en la estabilidad.
Probablemente los aficionados a la economía recuerden que las
expectativas de los agentes afectan al funcionamiento de los mercados y
también a las decisiones políticas. Esta característica que describe la
Real Academia como la «posibilidad razonable de que algo suceda» es
ahora el principal condicionante económico de nuestro país y un
potencial freno a nuestro ritmo de crecimiento.
Son precisamente estas expectativas económicas las que anticipan un
desequilibrio importante en las finanzas públicas catalanas y que
aumentaría bajo la hipótesis de la independencia ya que aumentarían los
gastos (motivados por la creación del nuevo Estado, el pago del servicio
de la deuda pública española que le correspondiese y el mantenimiento
de las instituciones y de las administraciones públicas) y se reducirían
los ingresos por el efecto de una menor actividad económica. A lo
anterior se une que los agentes económicos puedan cuestionar la
permanencia de Cataluña en el euro lo que haría que la confianza en la
economía catalana se viera perjudicada.
En definitiva, el sentimiento independentista es respetable y siempre
que sea conforme a derecho se debería saber cuál es la intención de la
mayoría de los catalanes sobre su pertenencia a España. Pero la
independencia de Cataluña es una realidad mucho más compleja de lo que
en general se está planteando.
Además, en un entorno como el actual de debilidad económica de la UE,
el mero hecho de hacer una consulta sobre la independencia de Cataluña
añadiría todavía más incertidumbre y, por tanto, inestabilidad a la
frágil economía europea, española y catalana.
Articulo extraido de Expansion.com
