Por fin Artur Mas firmó el anunciado decreto de
convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Del decreto se desprende
que la eficiente Generalitat solo pretende, con la celebración de dicha
consulta, «ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal,
política e institucional que le corresponde». Para ello se quiere
preguntar a los ciudadanos: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un
Estado? Y, en caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea
independiente?». A pesar de estas palabras tan amigables, en realidad,
supone un jaque al Estado y a sus ciudadanos.
Algunos catalanes ya venimos observando cómo,
poco a poco, nuestros derechos y libertades individuales se están
poniendo al servicio de la construcción de una nación cimentada a base
de medias verdades y manipulaciones históricas, de estrujar al máximo el
derecho, y de apropiarse de los sentimientos. Todo para justificar algo
que al final, después de tantos esfuerzos, no van a conseguir. Esto es,
que Cataluña sea una nación en términos jurídicos. O, dicho de otra
manera, no han podido demostrar que Cataluña sea titular de un derecho
colectivo de autodeterminación y, consecuentemente, tenga poder para
decidir su independencia.
Fíjense que en los últimos meses uno de los
argumentos que más ha convencido cuando ya se iba viendo que la consulta
no iba ser legal, era que la democracia debía de estar por encima del
derecho. Es más, algunos líderes políticos han dicho que la voluntad del
pueblo era más importante que cualquier ley. Asimismo, se han celebrado
en Barcelona masivas manifestaciones ciudadanas pidiendo que a los
catalanes se les deje votar el 9 de noviembre «porque es democrático».
Incluso algunos representantes políticos han insultado a quienes no
entienden que la nación catalana es una realidad, en sí misma,
incuestionable. Quien no acepte esta realidad, pretenden hacernos creer,
es que no tiene ni idea de lo que está pasando en Cataluña. Aunque
quien lo diga sea catalán y viva en un entorno nacionalista rodeado de
banderas secesionistas.
El pasado 23 de enero del 2013, muchos catalanes
nos quedamos boquiabiertos cuando el Parlamento catalán aprobó, por
menos de dos terceras partes (mínimo necesario para modificar el
Estatut), que el pueblo de Cataluña era «un sujeto político y jurídico
soberano con derecho a decidir». ¿Por qué necesitaban declarar la
condición jurídica de dicho pueblo? Es curioso, porque tras su
aprobación hubo un intenso debate ciudadano sobre los efectos jurídicos
de la citada declaración. Sin embargo, el Tribunal Constitucional
despejó, posteriormente, ciertas dudas al declarar nulas las
disposiciones de la resolución que conferían soberanía al pueblo de
Cataluña, porque entendió que lo jurídico no es solo lo que es
vinculante y que la atribución de soberanía confería poderes que no
correspondían a las nacionalidades que integran la nación española. Por
tanto, con esta sentencia se perdía al sujeto titular de un pretendido
derecho a decidir.
El decreto de la consulta catalana vuelve
machaconamente sobre la idea de convertir a la nación catalana en una
entidad titular de derechos. Ni siquiera se detiene en lo que podría
ser la base del pueblo catalán. Todo lo contrario, quienes pueden votar
son, principalmente, los que residen en el territorio catalán (la
nación), los demás catalanes no importan.
Se engaña cuando se afirma que la votación es
inocua porque no es vinculante: no lo es. Votar el próximo 9 de
noviembre significa reconocer que la nación catalana es un sujeto
titular del derecho a decidir su independencia. Algo que en estos
momentos no está contemplado ni en el derecho interno ni en el derecho
internacional. Quienes bendicen la consulta contribuyen a consolidar la
idea que la nación catalana es un sujeto político distinto a España con
poder para opinar (y decidir) sobre su secesión.
Votar no es una solución al problema que enfrenta
a los catalanes. Hay catalanes que libremente no queremos ceder
nuestros derechos a una nación y sabemos que la consulta es el primer
paso. Tampoco es una solución reconocer la singularidad catalana porque
solo se piensa en los catalanes cuya realidad (no jurídica) es la nación
catalana, pero no se tiene en cuenta a los demás catalanes y al
conjunto de la ciudadanía española .
A algunos catalanes no nos queda más remedio que
emprender todo tipo de acciones democráticas para que nuestros derechos y
libertades no se vean perjudicados por este proceso secesionista, como
el derecho a la protección de los datos personales o la libertad de
pensamiento y de conciencia, que van a ir más allá de la fallida
consulta programada para el 9 de noviembre. Artículo de Susana Beltrán.
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