martes, 8 de junio de 2010

Los funcionarios se rebelan hoy contra las medidas de Zapatero

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta hoy a la primera gran protesta social de su gestión desde que llegara al poder en marzo de 2004.

Los sindicatos de la Función Pública UGT, CCOO y CSIF han convocado a una jornada de huelga general a 2.700.000 empleados públicos contra la decisión de recortar los salarios una media del 5% en este año, y su congelación para 2011. Con esta medida, el Gobierno espera recortar el gasto en 4.000 millones de euros.
La movilización contra esta medida de reducción del déficit público está dirigida a los trabajadores del Gobierno central, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, además de a los empleados de los diversos servicios públicos. Por ejemplo, a los de Puertos del Estado, de la enseñanza, la sanidad y prisiones; los empleados públicos de Correos: los de AENA y los de los canales de televisión autonómicos de Andalucía, Galicia y Cataluña, entre otros. Al paro general le acompañarán medio centenar de manifestaciones en toda España y el apoyo de otras organizaciones, como, dentro de la Justicia, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria.
Los sindicatos desean así hacer ver al Gobierno su rechazo contra el giro que ha dado en su política económica como consecuencia de las presiones externas que recibe de la Unión Europea, Estados Unidos y organismos internaciones como el FMI y la OCDE para que lleve a cabo reformas estructurales. De hecho, lo que en el fondo también es una lucha encarnizada del Eurogrupo por la defensa de la divisa única que ha llevado al presidente Zapatero a romper todas sus promesas de defensa de las conquistas sociales.
De hecho, como reconocen los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, la convocatoria del paro en el sector público puede ser la primera prueba ante una eventual convocatoria de huelga general antes del verano. La razón de este hecho es la reforma del mercado de trabajo que el Ejecutivo ha decidido aprobar por decreto el próximo día 16, tanto si hay acuerdo con la patronal y los sindicatos, como si no. El Gobierno pretende rebajar los costes del despido, lo que provoca el rechazo de los sindicatos.
Precisamente, por esta misma razón, la huelga general de hoy también supone un prueba de representación para los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos más importantes de la sanidad, como el de médicos (Cesm) y el de la enfermería (Satse) se desmarcaron ayer de la protesta. Ambos acusaron a CCOO y UGT “de haber contribuido a tapar la crisis durante los dos últimos años”, y criticaron que la convocatoria de la huelga general "llega tarde".
El Gobierno “respeta” la movilización
“El Gobierno siempre tiene un enorme respeto sobre las decisiones de los sindicatos”, dijo ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que añadió que el Ejecutivo sostiene que el recorte del gasto “es necesario para que España salga lo antes posible de la crisis”.
El PP “entiende” a los funcionarios
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo ayer que “una huelga general no ayuda a salir de la crisis, aunque el PP comprende la indignación de los empleados públicos por pagar el despilfarro del Gobierno”.
Retraso de la jubilación en la Policía
El Gobierno estudia retrasar, con carácter voluntario, la jubilación en la Policía desde los 60 hasta los 65 años, para compensar la caída en la oferta de empleo público.

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