Tras meses y meses de noticias sobre la tableta de Apple, por fin llega a Europa. Ha habido rumores, cifras, quejas, retrasos...pero mínimo, una vez a la semana conocíamos alguna información sobre el iPad. Por fin es 28 de mayo y el nuevo dispositivo de la compañía de la manzana está oficialmente en España.
En menos de dos meses, el éxito del iPad no ha parado de crecer y, pese al escepticismo de muchos, las elevadas ventas de la tableta están practicamente aseguradas en España. La prueba es que los dispositivos encargados para el 28 de mayo y para primeros de junio estaban agotados en la Apple Store. Ayer viernes las colas en Fnac y el Corte Inglés erán impresionanates a la hora ya estaban agotados.
A escasas horas de su puesta en venta, Apple no ha facilitado ninguna cifra sobre el número de compras anticipadas que se han realizado en Europa. Desde que el día 10 de mayo se abriera el periodo de compra vía Internet, tan sólo se conoce que el tiempo de entrega del iPad se está demorando un mes aproximadamente, pues el stock previsto para finales de mayo se agotó en pocos días.
Pero la pregunta que se hacen muchos amantes de la tecnología es si vale la pena comprarse un iPad. ¿No sería mejor un netbook? Intentaré solventar las dudas:
Lo que no tiene un iPad...y un netbook sí
Lo primero en lo que muchos se fijarán es en el precio. El precio del iPad oscila entre los 479 y los 779 euros, dependiendo del modelo. Un netbook puede costar entre los 230 y los 400 euros.
Si seguimos fijándonos en el exterior del dispositivo llamará la atención la falta de teclado, problema que puede solventarse por 69 euros con uno inalámbrico, el Apple Wireless Keyboard o el iPad keyboard Dock (con plataforma de apoyo). El netbook, por su parte, tiene teclado físico, que aunque por sus pequeñas dimensiones no es realmente "cómodo" para determinados trabajos (como el dibujo) , presenta más precisión que la pantalla táctil del iPad.
Además, la pantalla del iPad es de 9,7 pulgadas con una resolución de 4:3 a 1024x769 píxeles, mientras que en el mercado podemos encontrar Netbooks de 10 pulgadas que ofrecen resoluciones de hasta 1.366 x 768 píxeles como Dell Mini 10 o Sony Vaio W.
Otro pequeño problema son las conexiones. El tan utilizado puerto USB no tiene espacio en la tableta de la compañía de Jobs. Apple, que fue el primero en poner USB a sus dispositivos falla en este concepto en el iPad. Tampoco lleva ranuras de tarjetas.
En medio de toda la polémica tras la guerra directa entre la cúpula de Adobe y de Apple, finalmente el iPad no permite vídeos en Flash. Casi el 80% de los videos de Internet se encuentran en este formato, pero Jobs se ha opuesto rotundamente a que sus dipositivos lean Flash (el iPhone tampoco). Ante esta problemática Youtube no quiere perder mercado, así que ya ha anunciado que solventará este problema de Apple en su web.
Respecto al vídeo, otro elemento que echamos en falta es la webcam. El iPad está claramente enfocado a Internet pero no permite las videoconferencias o, por ejemplo, conversaciones a través de Skype. La mayoría de los netbooks incorporan webcam, aunque ya se han escuchado algunos rumores que comentan que el iPad está preparado para incorporar una cámara.
Lo que tiene un iPad...y un netbook no
No todo son defectos, pues el iPad posee grandes ventajas empezando por su diseño y la facilidad de uso. Con 24,28 cm de alto, 18,97 de alto y un grosor de menos de un centímetro y medio, la tableta pesa menos que un Netbook, entre 680 y 730 gramos, dependendo del modelo.
Otra de los grandes avances de Apple ha sido el aumento de la potencia y la duración de la batería. El iPad permite hasta 10 horas de navegación por Internet a través de Wi-Fi, de reproducción de vídeo o de música. El único inconveniente es que se trata de una batería fija, que a diferencia del Netbook no puede ser reemplazada.
La experiencia multitáctil que Apple ha conseguido en sus dispositivos es claramente destacable. Con uno o varios dedos e incluso con dos manos el usuario maneja la tableta con una precisión que llama la atención hasta al más escéptico en este tipo de tecnologías. Las netbooks, por su parte no funcionan con pantallas táctiles, y mucho menos con tecnología multitáctil.
El sistema operativo con el que funciona Apple supera en seguridad al empleado por un netbook. El iPad funciona con iphone OS, dificilmente comparable con los sistemas operativos (fundamentalmente de Microsoft) que encontramos en los netbooks. La posibilidad que que un iPad sea atacado por un virus es mucho menor que la posibilidad de que esto ocurra en un netbook.
Por último, hay que destacar la capacidad del iPad para funcionar como un lector de libros digitales y la gran biblioteca que Apple pone a disposición de los usuarios. En este aspecto Apple tendrá que competir en un mercado diferente al de las netbooks, pero que poco a poco va consolidándose con Kindle a la cabeza.
Además de esta cantidad de libros, el número de aplicaciones descargables para Apple aumenta día trás día, convirtiendo la App Store en una de las tiendas más exitosas de la red. Actualmente existen aplicaciones para casi todo lo imaginable...y lo inimaginable.
Apple se ha convertido en un fenómeno en sí mismo y todo lo que toca se convierte en oro. Un éxito que comenzó por el iPod y que se alarga hasta el nuevo iPad creando una comunidad de fieles que siguen los pasos de la "marca de la manzana" cueste lo que cueste.

miércoles, 23 de junio de 2010
viernes, 18 de junio de 2010
Ganar dinero en época de crisis (IV)
Continuamos con el análisis de nuestr cartera :
Como podemos observar continuamos arrastrando pérdidas con Telecinco ( Belén ayúdanos con alguna exclusiva), pero podemos observar como una de nuestras apuestas más fuertes Santander ya nos da unos beneficios de 227 EUR. A día de hoy estamos obteniendo unos beneficios de 1024 EUR no está nada mal, un 10% en un mes y medio. La próxima semana empezaremos a añadir porcentajes y a aprender más cosillas de este mundo tan fascinante y que tanto engancha...la Bolsa...
Títulos | Precio Compra 07/05/10 | Total | Precio acción actual | Total hoy | Beneficio | |
BBVA | 120 | 8,03 € | 963,72 € | 9,44 € | 1.132,80 € | 169,08 € |
Iberdrola | 195 | 5,10 € | 995,09 € | 5,39 € | 1.051,05 € | 55,97 € |
Gas Natural | 85 | 11,54 € | 980,90 € | 13,15 € | 1.117,75 € | 136,85 € |
Santander | 130 | 7,71 € | 1.002,30 € | 9,46 € | 1.229,80 € | 227,50 € |
Telefonica | 65 | 15,36 € | 998,40 € | 16,33 € | 1.061,45 € | 63,05 € |
Repsol | 65 | 15,54 € | 1.010,10 € | 17,84 € | 1.159,60 € | 149,50 € |
Amadeus | 90 | 10,75 € | 967,50 € | 12,50 € | 1.125,00 € | 157,50 € |
Indra | 70 | 14,05 € | 983,15 € | 14,10 € | 987,00 € | 3,85 € |
Inditex | 25 | 42,71 € | 1.067,75 € | 49,17 € | 1.229,25 € | 161,50 € |
Telecinco | 105 | 9,35 € | 982,07 € | 8,40 € | 882,00 € | -100,07 € |
Totales | 9.950,97 € | 1.024,73 EUR |
Como podemos observar continuamos arrastrando pérdidas con Telecinco ( Belén ayúdanos con alguna exclusiva), pero podemos observar como una de nuestras apuestas más fuertes Santander ya nos da unos beneficios de 227 EUR. A día de hoy estamos obteniendo unos beneficios de 1024 EUR no está nada mal, un 10% en un mes y medio. La próxima semana empezaremos a añadir porcentajes y a aprender más cosillas de este mundo tan fascinante y que tanto engancha...la Bolsa...
lunes, 14 de junio de 2010
¿Qué opina el pueblo de la crispación política?
Me ha parecido muy graciosa la opinión de la situación política de este video.
domingo, 13 de junio de 2010
Los sindicatos se suben los salarios y las dietas en plena crisis económica
Esto es ya el colmo...
La moderación salarial no llega a los principales sindicatos españoles, que siguen disfrutando de fuertes subidas salariales o de generosas dietas gracias a unos convenios colectivos pactados antes de la peor crisis de las últimas décadas. Funcionarios y pensionistas tienen que hacer sacrificios para reducir el déficit público, pero estas organizaciones siguen ajenas al recorte de las políticas sociales.
Los trabajadores de UGT no verán disminuido su poder adquisitivo a pesar de que sus sueldos también dependen, en gran medida, de las subvenciones de las Administraciones. Los sindicatos se financian básicamente con las aportaciones del Estado central y de las CCAA, y con las cuotas de sus afiliados.
Los trabajadores del sindicato que dirige Cándido Méndez, el más cercano al PSOE, se han beneficiado durante los últimos dos años de una subida salarial superior al 7%. Según publicaba el BOE el 9 de junio de 2009, su poder adquisitivo aumentó el año pasado un 3,75%, a pesar de que el Índice de Precios de Consumo (IPC), que suele utilizarse para revisar los sueldos de los empleados en las compañías, retrocedió un 0,3% de media. Los salarios pactados en España en el sector privado crecieron un 2,4% el año pasado.
Sin austeridad
Esta subida contrasta con el convenio que pactaron los propios sindicatos en la función pública, que establecía leves incrementos de sueldo del 0,3% hasta 2012 y una cláusula de revisión salarial antes de las elecciones generales de 2012. Con la suspensión vía decreto de los acuerdos económicos de ese convenio, las diferencias entre los trabajadores sindicales y los estatales se amplía.
Según el convenio colectivo del personal laboral de UGT, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, los empleados de esta central sufrirán subidas salariales este año y el próximo superiores al 1,75%, a lo que habría que sumar el objetivo oficial de inflación, del 2%.
En estos incrementos salariales no están contempladas las retribuciones de los dirigentes, que, según aclara el documento, tienen un estatus diferente. Tan sólo se sabe que Méndez reconoció en el programa Tengo una pregunta para usted que su sueldo ronda los 2.500 euros al mes.
La situación es algo distinta en CCOO, donde sólo han pactado incrementos adicionales a la evolución del IPC del 0,25%. Sin embargo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO fijó los salarios de algunos miembros de su Comisión Ejecutiva Estatal por encima de los 37.000 euros anuales. Sus colaboradores cobrarían 28.000 euros anuales.
Según las cifras extraídas de un documento interno de CCOO, para un número significativo de los miembros de la mencionada comisión ejecutiva con categorías de ordenanzas, auxiliares y administrativos de diferentes administraciones la medida supone duplicar, o incluso triplicar, los ingresos que perciben como trabajadores.
La crisis sigue sin llegar a las centrales
La capacidad adquisitiva de los sindicalistas y del resto de los empleados de UGT ha mejorado sustancialmente desde que se aprobó el nuevo convenio colectivo de la organización. A ellos parece que la crisis no les afecta, por lo que no han decidido recurrir al artículo 28.1 de su convenio marco, que permite no aplicar los aumentos salariales pactados con los empleados por razones económicas.
Según la cláusula, "aquellos organismos que, debido a su situación económica, acrediten objetiva y fehacientemente que no pueden asumir el incremento salarial pactado por este convenio, podrán no aplicar lo pactado en esta materia en el mismo".
Sin apretarse el cinturón
Los trabajadores y los directivos de CCOO siguen teniendo unas condiciones económicas similares a las que tenían antes de la crisis, ya que el Ejecutivo de Zapatero no ha decidido frenar las transferencias de dinero público a estos organismos, como propone el Partido Popular.
Mientras que la Administración se ajusta el cinturón, estos empleados siguen disfrutando de aportaciones extra para hacer frente a gastos como las dietas de manutención, los gastos de telefonía móvil e Internet o el alquiler de vivienda si los trabajadores se tienen que desplazar de ciudad y los gastos derivados (luz, agua, electricidad...).
La moderación salarial no llega a los principales sindicatos españoles, que siguen disfrutando de fuertes subidas salariales o de generosas dietas gracias a unos convenios colectivos pactados antes de la peor crisis de las últimas décadas. Funcionarios y pensionistas tienen que hacer sacrificios para reducir el déficit público, pero estas organizaciones siguen ajenas al recorte de las políticas sociales.
Los trabajadores de UGT no verán disminuido su poder adquisitivo a pesar de que sus sueldos también dependen, en gran medida, de las subvenciones de las Administraciones. Los sindicatos se financian básicamente con las aportaciones del Estado central y de las CCAA, y con las cuotas de sus afiliados.
Los trabajadores del sindicato que dirige Cándido Méndez, el más cercano al PSOE, se han beneficiado durante los últimos dos años de una subida salarial superior al 7%. Según publicaba el BOE el 9 de junio de 2009, su poder adquisitivo aumentó el año pasado un 3,75%, a pesar de que el Índice de Precios de Consumo (IPC), que suele utilizarse para revisar los sueldos de los empleados en las compañías, retrocedió un 0,3% de media. Los salarios pactados en España en el sector privado crecieron un 2,4% el año pasado.
Sin austeridad
Esta subida contrasta con el convenio que pactaron los propios sindicatos en la función pública, que establecía leves incrementos de sueldo del 0,3% hasta 2012 y una cláusula de revisión salarial antes de las elecciones generales de 2012. Con la suspensión vía decreto de los acuerdos económicos de ese convenio, las diferencias entre los trabajadores sindicales y los estatales se amplía.
Según el convenio colectivo del personal laboral de UGT, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, los empleados de esta central sufrirán subidas salariales este año y el próximo superiores al 1,75%, a lo que habría que sumar el objetivo oficial de inflación, del 2%.
En estos incrementos salariales no están contempladas las retribuciones de los dirigentes, que, según aclara el documento, tienen un estatus diferente. Tan sólo se sabe que Méndez reconoció en el programa Tengo una pregunta para usted que su sueldo ronda los 2.500 euros al mes.
La situación es algo distinta en CCOO, donde sólo han pactado incrementos adicionales a la evolución del IPC del 0,25%. Sin embargo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO fijó los salarios de algunos miembros de su Comisión Ejecutiva Estatal por encima de los 37.000 euros anuales. Sus colaboradores cobrarían 28.000 euros anuales.
Según las cifras extraídas de un documento interno de CCOO, para un número significativo de los miembros de la mencionada comisión ejecutiva con categorías de ordenanzas, auxiliares y administrativos de diferentes administraciones la medida supone duplicar, o incluso triplicar, los ingresos que perciben como trabajadores.
La crisis sigue sin llegar a las centrales
La capacidad adquisitiva de los sindicalistas y del resto de los empleados de UGT ha mejorado sustancialmente desde que se aprobó el nuevo convenio colectivo de la organización. A ellos parece que la crisis no les afecta, por lo que no han decidido recurrir al artículo 28.1 de su convenio marco, que permite no aplicar los aumentos salariales pactados con los empleados por razones económicas.
Según la cláusula, "aquellos organismos que, debido a su situación económica, acrediten objetiva y fehacientemente que no pueden asumir el incremento salarial pactado por este convenio, podrán no aplicar lo pactado en esta materia en el mismo".
Sin apretarse el cinturón
Los trabajadores y los directivos de CCOO siguen teniendo unas condiciones económicas similares a las que tenían antes de la crisis, ya que el Ejecutivo de Zapatero no ha decidido frenar las transferencias de dinero público a estos organismos, como propone el Partido Popular.
Mientras que la Administración se ajusta el cinturón, estos empleados siguen disfrutando de aportaciones extra para hacer frente a gastos como las dietas de manutención, los gastos de telefonía móvil e Internet o el alquiler de vivienda si los trabajadores se tienen que desplazar de ciudad y los gastos derivados (luz, agua, electricidad...).
viernes, 11 de junio de 2010
El PP ganaría hoy las generales con 10,5 puntos sobre el PSOE
El PP ganaría hoy las elecciones generales con una diferencia en intención de voto sobre el PSOE de 10,5 puntos, según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo. De esta forma, Mariano Rajoy llegaría a la Moncloa con una mayoría absoluta más amplia que la lograda por Aznar en 2000.
Así, el sondeo refleja que el PSOE conseguiría 35,1 por ciento de los votos frente al 45,6 por ciento que sumarían los populares.
En los 2 años y cerca de 4 meses transcurridos desde la celebración de las últimas elecciones generales, el principal partido de la oposición ha subido 5,7 puntos en intención de voto, indica la encuesta, que cifra en 8,8 los puntos que, por su parte, ha perdido el PSOE en esas mismas fechas.
El Mundo explica que el porcentaje que pierde el partido en el gobierno es igual a la suma de los que ganan otras 3 formaciones: PP, IU y UPyD.
IU logra ganar 1,3 puntos y conseguiría el 5,1 por ciento de los votos mientras que UPyD subiría 1,8 puntos al pasar del 1,2 al 3 por ciento.
En lo que se refiere a los partidos nacionalistas, CiU pasa del 3 por ciento de los votos al 3,3 por ciento; ERC baja del 1,2 al 0,8 por ciento, y el PNV obtendría un resultado igual que en la anterior convocatoria: un 1,2 por ciento.
Ninguno de los políticos valorados en la encuesta logra aprobar y todos bajan su nota respecto al anterior sondeo de febrero publicado por este periódico.
La dirigente de UPyD, Rosa Díez, es la mejor valorada por los encuestados, a la que otorgan un 4,51, seguida por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que tiene un 3,92, y, en tercer lugar, por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un 3,73.
Cayo Lara, secretario general de IU, es el cuarto político en las preferencias de los electores, con un 3,49 por ciento.
La encuesta mide también la opinión de los ciudadanos sobre un adelanto de las elecciones, que apoyarían un 50,6 por ciento.
Así, el sondeo refleja que el PSOE conseguiría 35,1 por ciento de los votos frente al 45,6 por ciento que sumarían los populares.
En los 2 años y cerca de 4 meses transcurridos desde la celebración de las últimas elecciones generales, el principal partido de la oposición ha subido 5,7 puntos en intención de voto, indica la encuesta, que cifra en 8,8 los puntos que, por su parte, ha perdido el PSOE en esas mismas fechas.
El Mundo explica que el porcentaje que pierde el partido en el gobierno es igual a la suma de los que ganan otras 3 formaciones: PP, IU y UPyD.
IU logra ganar 1,3 puntos y conseguiría el 5,1 por ciento de los votos mientras que UPyD subiría 1,8 puntos al pasar del 1,2 al 3 por ciento.
En lo que se refiere a los partidos nacionalistas, CiU pasa del 3 por ciento de los votos al 3,3 por ciento; ERC baja del 1,2 al 0,8 por ciento, y el PNV obtendría un resultado igual que en la anterior convocatoria: un 1,2 por ciento.
Ninguno de los políticos valorados en la encuesta logra aprobar y todos bajan su nota respecto al anterior sondeo de febrero publicado por este periódico.
La dirigente de UPyD, Rosa Díez, es la mejor valorada por los encuestados, a la que otorgan un 4,51, seguida por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que tiene un 3,92, y, en tercer lugar, por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un 3,73.
Cayo Lara, secretario general de IU, es el cuarto político en las preferencias de los electores, con un 3,49 por ciento.
La encuesta mide también la opinión de los ciudadanos sobre un adelanto de las elecciones, que apoyarían un 50,6 por ciento.
miércoles, 9 de junio de 2010
Fracaso de la huelga general
El Gobierno ganó ayer el primer pulso a los sindicatos en su pugna por hacer las reformas económicas y el recorte del gasto que le pide el Eurogrupo para defender la divisa única.
La inmensa mayoría de los 2.700.000 funcionarios que trabajan en la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no siguieron la huelga convocada por CCOO, UGT y CSIF contra el ajuste salarial decidido por el Ejecutivo para este año y el que viene. En 2010 las retribuciones de los empleados públicos se recortarán en un 5% de media, mientras que para el año que viene serán congelados.
El Gobierno cifró en el 11,85% de los trabajadores el nivel de seguimiento de la huelga en la Administración Central, mientras que en las comunidades autónomas la participación no superó el 12%, como en el caso de Cataluña, o el 11%, en Galicia. Entre 6.900 y 7.300 personas asistieron a la manifestación de Madrid, según la estimación de Lynce para Efe.
Con estos datos, la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, subrayó el “alcance limitado” de la convocatoria. El Gobierno supervisó la participación con controles de firma de los trabajadores en los turnos de cada centro de trabajo. Estos controles los remitieron por el área de Recursos Humanos, a través de los Ministerios y delegaciones de Gobierno, a su Departamento, donde se centralizó el seguimiento.
Por el contrario, los sindicatos elevaron la participación de los funcionarios en la huelga entre un nivel máximo del 80%, como en el caso de Asturias, y un escalón mínimo del 47%, como en el País Vasco. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los funcionarios decidió no hacer huelga por dos razones: la primera, porque no quieren acumular más recortes de salario al que ya tienen a partir de este mismo mes de junio. En función del nivel administrativo del empleado público, el ajuste está entre el 0,56% y el 7% de la retribución. A este respecto, la consejera valenciana de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, puntualizó que “hacer una jornada de huelga suponía un descuento adicional en el salario [para los funcionarios de la autonomía de entre 60 y 150 euros en el día], según los grupos, lo que ha pesado mucho en la decisión de los empleados públicos”.
En segundo lugar, la mayoría de los funcionarios no está de acuerdo con el Gobierno, pero tampoco con la actitud que han mantenido los sindicatos durante la crisis. Así, muchos consideran que CCOO, UGT y CSIF “han reaccionado tarde y sólo se han preocupado de proteger sus intereses y subvenciones”.
Lo cierto es que el Ejecutivo, presionado por el Eurogrupo, ha roto el acuerdo salarial que había firmado con los sindicatos en el último trimestre del año pasado para el periodo comprendido entre 2010 y 2012.
Precisamente, buena parte de la escasa participación de los funcionarios vascos en la huelga se debe a que CCOO, UGT y CSIF sólo tienen el 30% de la representación, en beneficio de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB.
Según el Gobierno autónomo, la incidencia del paro fue “muy limitada”, y el mayor seguimiento se dio en la Administración de Justicia, con cerca del 10%, mientras que en Sanidad, Educación y Administración General no se llegó al 5%.
Este paro en el sector público es el segundo que se vive en Euskadi en poco tiempo, ya que el pasado 25 de mayo fueron ELA y LAB los que lideraron una convocatoria de huelga, que registró un seguimiento medio del 24%. El Gobierno de Patxi López tiene previsto aplicar a los salarios de los funcionarios y al de los trabajadores de las empresas públicas un descuento medio que rondará el 2% este año, con una horquilla que va del 0,5% al 2,8%. Además, Vitoria reducirá a la mitad su aportación al plan de pensiones de los funcionarios, restringirá las sustituciones y amortizará vacantes.
Entre las incidencias registradas, por las que Rumí pidió disculpas a la ciudadanía, destacó la interrupción del servicio en los puertos de Almería y Barcelona, el corte de un cable de fibra óptica en Cantabria, los piquetes en estaciones de autobuses de Baleares y Oviedo, el sellado de silicona de oficinas de Correos en Logroño o el retraso de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla.
En todo caso, el Gobierno prefirió mantener una actitud combinando el respeto hacia los sindicatos y el derecho constitucional de la huelga con un mensaje de firmeza en su determinación de hacer las reformas necesarias para conseguir reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. Así lo resaltaron tanto la vicepresidente económica, Elena Salgado, en Luxemburgo, como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Este último reiteró que, las medidas de ajuste “no están pensadas para perjudicar a unos u otros”, sino que son “imprescindibles y necesarias”, y hasta “obligadas”, para reducir el déficit.
Precisamente, el ministro de Trabajo hizo estas declaraciones un día antes de que se reúna por última vez con la patronal y los sindicatos para intentar lograr un acuerdo de reforma laboral.
Corbacho recalcó que el Gobierno presentará un último documento a los agentes sociales con “las medidas materias que hemos ido hablando y sobre las que hemos constatado que existen diferencias”. Por ejemplo, sobre la regulación del despido, la reducción de jornada o los nuevos obstáculos para recortar el uso de la contratación temporal, entre otras.
Precisamente, el Gobierno ya ha anunciado que si no hay acuerdo podría aprobar la reforma laboral en el Consejo de Ministros del 16. El Ejecutivo también baraja –con “alta probabilidad”– llevar al Congreso el decreto al Pleno de los próximos días 23 ó 24 de junio, informaron a Efe fuentes parlamentarias.
Pinceladas
1. Los funcionarios no apoyaron ayer la huelga porque no quieren tener un descuento en sus salarios adicional al recorte.
2. Asimismo, los empleados públicos no están de acuerdo con la inactividad de las centrales durante la recesión.
3. Aunque el Gobierno dice que respeta las movilizaciones, reconoce que no dará marcha atrás al tijeretazo social.
CCOO y UGT: “El paro ha sido un éxito pese a los servicios mínimos”
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, aseguraron ayer que la jornada de huelga “fue un éxito”, pese a la escasa participación de los funcionarios. En la manifestación de Madrid, Méndez insinuó que detrás de la falta de incidencia de la huelga estaban los servicios mínimos decretados por el Gobierno y las comunidades autónomas en las actividades esenciales para los ciudadanos. Así, en su opinión, las administraciones ejecutaron un “hachazo al derecho constitucional de la huelga”. Méndez advirtió al Gobierno de que el paro de funcionarios puede significar “el principio de muchos más”. En este sentido, el dirigente de UGT amenazó al Ejecutivo “con provocar otro conflicto”, en una clara alusión a una huelga general en toda la economía, si hace una reforma laboral por decreto y “se impone una decisión unilateral que lesione los derechos de los trabajadores”.
Por su parte, Toxo señaló que el Gobierno “se contenta” con maquillar las cifras de seguimiento de la huelga, que arrojan una cifra del 11,85% de los funcionarios y, en su opinión, establecer unos servicios mínimos “abusivos”. Los dos dirigentes sindicales advirtieron al Ejecutivo de que “debe tomar muy buena nota” de la protesta de la calle, ante las demandas del Eurogrupo para hacer nuevas reformas y recortar el déficit público.
“No puedo perder los 70 euros de la jornada”
Gema
Ministerio de Trabajo
“No he seguido el paro porque llega tarde y porque no puedo perder entre 60 y 70 euros que me puede costar la jornada”. “Es verdad que no tenemos mucho trabajo, pero deberían ocuparse de ello y medir la productividad”.
Fernando P.
Sanidad
“Yo creo que deberían descontar más los salarios de los puestos de arriba como ministros, directores generales o subdirectores generales. Con el descuento por la huelga, de entre 60 y 70 euros, me convertiría en mileurista”.
Eduardo
Fomento
“Creo que ni los sindicatos ni los partidos políticos nos representan completamente a los ciudadanos. Lo siento, pero pienso así”.
F. Brihuerga
Policía
“Muchos no han venido porque no pueden perder un día de salario, padecer los recortes y pagar la hipoteca”.
Bárbara L.
Profera de idiomas
“Como madre, me manifiesto contra el recorte de mi salario y contra la eliminación de las ayudas del cheque-bebé”.
Vicente Q.
Investigador
“Los recortes del Gobierno me afectan doblemente: soy funcionario y estoy a sólo seis meses de la jubilación”.
Mónica C.
Diputación
"He venido porque hoy nos quitan un 5% y el año que viene pretenden congelarnos el sueldo y no es justo"
La inmensa mayoría de los 2.700.000 funcionarios que trabajan en la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no siguieron la huelga convocada por CCOO, UGT y CSIF contra el ajuste salarial decidido por el Ejecutivo para este año y el que viene. En 2010 las retribuciones de los empleados públicos se recortarán en un 5% de media, mientras que para el año que viene serán congelados.
El Gobierno cifró en el 11,85% de los trabajadores el nivel de seguimiento de la huelga en la Administración Central, mientras que en las comunidades autónomas la participación no superó el 12%, como en el caso de Cataluña, o el 11%, en Galicia. Entre 6.900 y 7.300 personas asistieron a la manifestación de Madrid, según la estimación de Lynce para Efe.
Con estos datos, la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, subrayó el “alcance limitado” de la convocatoria. El Gobierno supervisó la participación con controles de firma de los trabajadores en los turnos de cada centro de trabajo. Estos controles los remitieron por el área de Recursos Humanos, a través de los Ministerios y delegaciones de Gobierno, a su Departamento, donde se centralizó el seguimiento.
Por el contrario, los sindicatos elevaron la participación de los funcionarios en la huelga entre un nivel máximo del 80%, como en el caso de Asturias, y un escalón mínimo del 47%, como en el País Vasco. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los funcionarios decidió no hacer huelga por dos razones: la primera, porque no quieren acumular más recortes de salario al que ya tienen a partir de este mismo mes de junio. En función del nivel administrativo del empleado público, el ajuste está entre el 0,56% y el 7% de la retribución. A este respecto, la consejera valenciana de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, puntualizó que “hacer una jornada de huelga suponía un descuento adicional en el salario [para los funcionarios de la autonomía de entre 60 y 150 euros en el día], según los grupos, lo que ha pesado mucho en la decisión de los empleados públicos”.
En segundo lugar, la mayoría de los funcionarios no está de acuerdo con el Gobierno, pero tampoco con la actitud que han mantenido los sindicatos durante la crisis. Así, muchos consideran que CCOO, UGT y CSIF “han reaccionado tarde y sólo se han preocupado de proteger sus intereses y subvenciones”.
Lo cierto es que el Ejecutivo, presionado por el Eurogrupo, ha roto el acuerdo salarial que había firmado con los sindicatos en el último trimestre del año pasado para el periodo comprendido entre 2010 y 2012.
Precisamente, buena parte de la escasa participación de los funcionarios vascos en la huelga se debe a que CCOO, UGT y CSIF sólo tienen el 30% de la representación, en beneficio de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB.
Según el Gobierno autónomo, la incidencia del paro fue “muy limitada”, y el mayor seguimiento se dio en la Administración de Justicia, con cerca del 10%, mientras que en Sanidad, Educación y Administración General no se llegó al 5%.
Este paro en el sector público es el segundo que se vive en Euskadi en poco tiempo, ya que el pasado 25 de mayo fueron ELA y LAB los que lideraron una convocatoria de huelga, que registró un seguimiento medio del 24%. El Gobierno de Patxi López tiene previsto aplicar a los salarios de los funcionarios y al de los trabajadores de las empresas públicas un descuento medio que rondará el 2% este año, con una horquilla que va del 0,5% al 2,8%. Además, Vitoria reducirá a la mitad su aportación al plan de pensiones de los funcionarios, restringirá las sustituciones y amortizará vacantes.
Entre las incidencias registradas, por las que Rumí pidió disculpas a la ciudadanía, destacó la interrupción del servicio en los puertos de Almería y Barcelona, el corte de un cable de fibra óptica en Cantabria, los piquetes en estaciones de autobuses de Baleares y Oviedo, el sellado de silicona de oficinas de Correos en Logroño o el retraso de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla.
En todo caso, el Gobierno prefirió mantener una actitud combinando el respeto hacia los sindicatos y el derecho constitucional de la huelga con un mensaje de firmeza en su determinación de hacer las reformas necesarias para conseguir reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. Así lo resaltaron tanto la vicepresidente económica, Elena Salgado, en Luxemburgo, como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Este último reiteró que, las medidas de ajuste “no están pensadas para perjudicar a unos u otros”, sino que son “imprescindibles y necesarias”, y hasta “obligadas”, para reducir el déficit.
Precisamente, el ministro de Trabajo hizo estas declaraciones un día antes de que se reúna por última vez con la patronal y los sindicatos para intentar lograr un acuerdo de reforma laboral.
Corbacho recalcó que el Gobierno presentará un último documento a los agentes sociales con “las medidas materias que hemos ido hablando y sobre las que hemos constatado que existen diferencias”. Por ejemplo, sobre la regulación del despido, la reducción de jornada o los nuevos obstáculos para recortar el uso de la contratación temporal, entre otras.
Precisamente, el Gobierno ya ha anunciado que si no hay acuerdo podría aprobar la reforma laboral en el Consejo de Ministros del 16. El Ejecutivo también baraja –con “alta probabilidad”– llevar al Congreso el decreto al Pleno de los próximos días 23 ó 24 de junio, informaron a Efe fuentes parlamentarias.
Pinceladas
1. Los funcionarios no apoyaron ayer la huelga porque no quieren tener un descuento en sus salarios adicional al recorte.
2. Asimismo, los empleados públicos no están de acuerdo con la inactividad de las centrales durante la recesión.
3. Aunque el Gobierno dice que respeta las movilizaciones, reconoce que no dará marcha atrás al tijeretazo social.
CCOO y UGT: “El paro ha sido un éxito pese a los servicios mínimos”
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, aseguraron ayer que la jornada de huelga “fue un éxito”, pese a la escasa participación de los funcionarios. En la manifestación de Madrid, Méndez insinuó que detrás de la falta de incidencia de la huelga estaban los servicios mínimos decretados por el Gobierno y las comunidades autónomas en las actividades esenciales para los ciudadanos. Así, en su opinión, las administraciones ejecutaron un “hachazo al derecho constitucional de la huelga”. Méndez advirtió al Gobierno de que el paro de funcionarios puede significar “el principio de muchos más”. En este sentido, el dirigente de UGT amenazó al Ejecutivo “con provocar otro conflicto”, en una clara alusión a una huelga general en toda la economía, si hace una reforma laboral por decreto y “se impone una decisión unilateral que lesione los derechos de los trabajadores”.
Por su parte, Toxo señaló que el Gobierno “se contenta” con maquillar las cifras de seguimiento de la huelga, que arrojan una cifra del 11,85% de los funcionarios y, en su opinión, establecer unos servicios mínimos “abusivos”. Los dos dirigentes sindicales advirtieron al Ejecutivo de que “debe tomar muy buena nota” de la protesta de la calle, ante las demandas del Eurogrupo para hacer nuevas reformas y recortar el déficit público.
“No puedo perder los 70 euros de la jornada”
Gema
Ministerio de Trabajo
“No he seguido el paro porque llega tarde y porque no puedo perder entre 60 y 70 euros que me puede costar la jornada”. “Es verdad que no tenemos mucho trabajo, pero deberían ocuparse de ello y medir la productividad”.
Fernando P.
Sanidad
“Yo creo que deberían descontar más los salarios de los puestos de arriba como ministros, directores generales o subdirectores generales. Con el descuento por la huelga, de entre 60 y 70 euros, me convertiría en mileurista”.
Eduardo
Fomento
“Creo que ni los sindicatos ni los partidos políticos nos representan completamente a los ciudadanos. Lo siento, pero pienso así”.
F. Brihuerga
Policía
“Muchos no han venido porque no pueden perder un día de salario, padecer los recortes y pagar la hipoteca”.
Bárbara L.
Profera de idiomas
“Como madre, me manifiesto contra el recorte de mi salario y contra la eliminación de las ayudas del cheque-bebé”.
Vicente Q.
Investigador
“Los recortes del Gobierno me afectan doblemente: soy funcionario y estoy a sólo seis meses de la jubilación”.
Mónica C.
Diputación
"He venido porque hoy nos quitan un 5% y el año que viene pretenden congelarnos el sueldo y no es justo"
martes, 8 de junio de 2010
Los funcionarios se rebelan hoy contra las medidas de Zapatero
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta hoy a la primera gran protesta social de su gestión desde que llegara al poder en marzo de 2004.
Los sindicatos de la Función Pública UGT, CCOO y CSIF han convocado a una jornada de huelga general a 2.700.000 empleados públicos contra la decisión de recortar los salarios una media del 5% en este año, y su congelación para 2011. Con esta medida, el Gobierno espera recortar el gasto en 4.000 millones de euros.
La movilización contra esta medida de reducción del déficit público está dirigida a los trabajadores del Gobierno central, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, además de a los empleados de los diversos servicios públicos. Por ejemplo, a los de Puertos del Estado, de la enseñanza, la sanidad y prisiones; los empleados públicos de Correos: los de AENA y los de los canales de televisión autonómicos de Andalucía, Galicia y Cataluña, entre otros. Al paro general le acompañarán medio centenar de manifestaciones en toda España y el apoyo de otras organizaciones, como, dentro de la Justicia, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria.
Los sindicatos desean así hacer ver al Gobierno su rechazo contra el giro que ha dado en su política económica como consecuencia de las presiones externas que recibe de la Unión Europea, Estados Unidos y organismos internaciones como el FMI y la OCDE para que lleve a cabo reformas estructurales. De hecho, lo que en el fondo también es una lucha encarnizada del Eurogrupo por la defensa de la divisa única que ha llevado al presidente Zapatero a romper todas sus promesas de defensa de las conquistas sociales.
De hecho, como reconocen los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, la convocatoria del paro en el sector público puede ser la primera prueba ante una eventual convocatoria de huelga general antes del verano. La razón de este hecho es la reforma del mercado de trabajo que el Ejecutivo ha decidido aprobar por decreto el próximo día 16, tanto si hay acuerdo con la patronal y los sindicatos, como si no. El Gobierno pretende rebajar los costes del despido, lo que provoca el rechazo de los sindicatos.
Precisamente, por esta misma razón, la huelga general de hoy también supone un prueba de representación para los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos más importantes de la sanidad, como el de médicos (Cesm) y el de la enfermería (Satse) se desmarcaron ayer de la protesta. Ambos acusaron a CCOO y UGT “de haber contribuido a tapar la crisis durante los dos últimos años”, y criticaron que la convocatoria de la huelga general "llega tarde".
El Gobierno “respeta” la movilización
“El Gobierno siempre tiene un enorme respeto sobre las decisiones de los sindicatos”, dijo ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que añadió que el Ejecutivo sostiene que el recorte del gasto “es necesario para que España salga lo antes posible de la crisis”.
El PP “entiende” a los funcionarios
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo ayer que “una huelga general no ayuda a salir de la crisis, aunque el PP comprende la indignación de los empleados públicos por pagar el despilfarro del Gobierno”.
Retraso de la jubilación en la Policía
El Gobierno estudia retrasar, con carácter voluntario, la jubilación en la Policía desde los 60 hasta los 65 años, para compensar la caída en la oferta de empleo público.
Los sindicatos de la Función Pública UGT, CCOO y CSIF han convocado a una jornada de huelga general a 2.700.000 empleados públicos contra la decisión de recortar los salarios una media del 5% en este año, y su congelación para 2011. Con esta medida, el Gobierno espera recortar el gasto en 4.000 millones de euros.
La movilización contra esta medida de reducción del déficit público está dirigida a los trabajadores del Gobierno central, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, además de a los empleados de los diversos servicios públicos. Por ejemplo, a los de Puertos del Estado, de la enseñanza, la sanidad y prisiones; los empleados públicos de Correos: los de AENA y los de los canales de televisión autonómicos de Andalucía, Galicia y Cataluña, entre otros. Al paro general le acompañarán medio centenar de manifestaciones en toda España y el apoyo de otras organizaciones, como, dentro de la Justicia, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria.
Los sindicatos desean así hacer ver al Gobierno su rechazo contra el giro que ha dado en su política económica como consecuencia de las presiones externas que recibe de la Unión Europea, Estados Unidos y organismos internaciones como el FMI y la OCDE para que lleve a cabo reformas estructurales. De hecho, lo que en el fondo también es una lucha encarnizada del Eurogrupo por la defensa de la divisa única que ha llevado al presidente Zapatero a romper todas sus promesas de defensa de las conquistas sociales.
De hecho, como reconocen los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, la convocatoria del paro en el sector público puede ser la primera prueba ante una eventual convocatoria de huelga general antes del verano. La razón de este hecho es la reforma del mercado de trabajo que el Ejecutivo ha decidido aprobar por decreto el próximo día 16, tanto si hay acuerdo con la patronal y los sindicatos, como si no. El Gobierno pretende rebajar los costes del despido, lo que provoca el rechazo de los sindicatos.
Precisamente, por esta misma razón, la huelga general de hoy también supone un prueba de representación para los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos más importantes de la sanidad, como el de médicos (Cesm) y el de la enfermería (Satse) se desmarcaron ayer de la protesta. Ambos acusaron a CCOO y UGT “de haber contribuido a tapar la crisis durante los dos últimos años”, y criticaron que la convocatoria de la huelga general "llega tarde".
El Gobierno “respeta” la movilización
“El Gobierno siempre tiene un enorme respeto sobre las decisiones de los sindicatos”, dijo ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que añadió que el Ejecutivo sostiene que el recorte del gasto “es necesario para que España salga lo antes posible de la crisis”.
El PP “entiende” a los funcionarios
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo ayer que “una huelga general no ayuda a salir de la crisis, aunque el PP comprende la indignación de los empleados públicos por pagar el despilfarro del Gobierno”.
Retraso de la jubilación en la Policía
El Gobierno estudia retrasar, con carácter voluntario, la jubilación en la Policía desde los 60 hasta los 65 años, para compensar la caída en la oferta de empleo público.
sábado, 5 de junio de 2010
Las diez pesadillas que atemorizan a la bolsa
Pese a que algunas autoridades, como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inciden en restarle importancia a la reacción de los mercados, hay diez cuestiones que pueden explicar que los temores de los inversores son fundados.
1) ¿Cómo afectarán las medidas de ajuste al crecimiento económico?
Los gobiernos europeos han acelerado los planes de consolidación fiscal. En el caso de España, se ha optado por controlar el gasto, por ahora, mediante el recorte del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones. Las primeras previsiones del Ejecutivo apuntan a un impacto negativo sobre el crecimiento de cinco décimas para 2011.
2) ¿Serán capaces los estados de captar en los mercados todo el dinero que necesitan?
El primer punto está afectando sobremanera al deterioro de la percepción de los inversores sobre los países con déficit más elevados. El diferencial de rentabilidad entre el bono español y el alemán, así como los CDS o seguros contra impagos de la deuda, se sitúan de nuevo cerca de máximos, en 156,8 y 259,93 puntos básicos, respectivamente. La subida de estas dos referencias implica unos mayores costes de financiación, cuando al Estado todavía le quedan por emitir 75.106,81 millones en letras y otros 55.805,11 millones en bonos en 2010. En la subasta de letras a seis meses de ayer tuvo que ofrecer el doble de rentabilidad para poder captar el objetivo que tenía previsto.
3) ¿Cómo se podrán financiar los bancos si se recrudece la crisis financiera?
La subida de los costes de financiación para el Estado supone un encarecimiento automático de la liquidez para el sector privado. Hace ya más de un mes que ningún banco o empresa se ha atrevido a salir al mercado de capitales en busca de dinero, cuando los vencimientos de deuda apremian. “Ni siquiera con aval público seríamos capaces de colocar ahora un bono”, indican fuentes financieras.
4) Y, en el caso concreto de la banca española, ¿cómo se resolverá el proceso de reestructuración financiera?
La intervención de CajaSur por parte del Banco de España, en la madrugada del sábado, ha puesto la guinda a una percepción muy negativa. Pese a que la caja sólo representa el 0,6% del sistema financiero español, los inversores lo ven como la punta del iceberg y de nuevo deja al descubierto la fragilidad del sector. La mayor percepción de riesgo provoca un encarecimiento de los costes de financiación.
5) ¿Cómo afecta la elevada exposición de la banca a los países con los déficit más elevados?
Un informe de Royal Bank of Scotland (RBS) cifra en 2 billones de euros la exposición de las instituciones extranjeras en deuda pública y privada a Grecia, España y Portugal. En el caso concreto de España, bancos y cajas tienen el 31,23% del saldo vivo total de deuda pública española, es decir, 143.377 millones de euros, según cifras del Tesoro Público. Una caída del valor de estos activos tiene un efecto demoledor sobre la cartera de los bancos y, por ende, sobre sus cuentas de resultados.
6) ¿Qué margen de maniobra tienen los bancos centrales en esta ocasión?
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el 10 de mayo la compra de deuda pública y privada. Por ahora, ha adquirido 26.500 millones, “demasiado poco” según José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Además, según el experto, estas compras se han centrado en títulos portugueses y griegos, por lo que “todavía le queda mucha munición”, añade.
Por otro lado, la banca está apelando en mayor medida a las subastas del BCE. En la subasta semanal de ayer, el volumen superó los 100.000 millones de euros. Y es que, debido a que los mercados mayoristas de financiación están cerrados, las entidades son cada vez más dependientes de las inyecciones de la institución. Los bancos españoles han pasado de quedarse con un 10,71% del total prestado por el BCE en el eurosistema al 15,5% en un año.
7) ¿Puede sobrevivir la Unión Económica Y Monetaria (UEM) en un entorno de bajo crecimiento y de reducida integración de las políticas fiscales?
La crisis de la deuda soberana de los países del euro ha puesto en entredicho el concepto de la Unión Económica y Monetaria. Todo parece indicar que las autoridades pondrán cada vez más empeño en potenciar la E de las siglas UEM, porque la adaptación de las políticas fiscales y de las reformas estructurales ha demostrado ser insuficiente.
8) ¿Está resuelto el problema griego?
El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Khan, fue claro y conciso ayer: “Es un problema a largo plazo, un plan (de reajuste fiscal) a largo plazo. No puedo decir que estará resuelto antes de que acabe el año”. El país heleno se ha hecho con más de 14.000 millones, de los 110.000 millones que aportarán la CE y el FMI. Y EEUU mira cada vez con más preocupación una crisis que empezó siendo local y que se está contagiando al resto de Europa.
9) ¿Cómo afectará la nueva regulación financiera?
La banca teme que un excesivo endurecimiento de la regulación financiera (Basilea III) asfixie al sector y restrinja aún más el flujo del crédito y la recuperación económica. Sin crédito, las empresas tienen dificultades para refinanciar su deuda y para crecer, lo que afecta a sus valoraciones en bolsa. Los más críticos también aseguran que la nueva normativa podría acabar con dos décadas de innovación financiera en la industria bancaria.
10) ¿Qué implicaciones tiene la caída del euro?
La caída del euro, víctima de los especuladores y de las peligrosas estrategias del carry trade (Financiar con la divisa del país donde el precio del dinero es menor las inversiones en países con tipos más altos), tiene su lado negativo y positivo. Países como Alemania, cuya economía es muy dependiente de las exportaciones, se ven muy beneficiados porque venden su producto fuera más barato. Por el lado contrario, las inversiones en activos denominados en euros pierden atractivo, lo que puede provocar la fuga de inversores.
1) ¿Cómo afectarán las medidas de ajuste al crecimiento económico?
Los gobiernos europeos han acelerado los planes de consolidación fiscal. En el caso de España, se ha optado por controlar el gasto, por ahora, mediante el recorte del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones. Las primeras previsiones del Ejecutivo apuntan a un impacto negativo sobre el crecimiento de cinco décimas para 2011.
2) ¿Serán capaces los estados de captar en los mercados todo el dinero que necesitan?
El primer punto está afectando sobremanera al deterioro de la percepción de los inversores sobre los países con déficit más elevados. El diferencial de rentabilidad entre el bono español y el alemán, así como los CDS o seguros contra impagos de la deuda, se sitúan de nuevo cerca de máximos, en 156,8 y 259,93 puntos básicos, respectivamente. La subida de estas dos referencias implica unos mayores costes de financiación, cuando al Estado todavía le quedan por emitir 75.106,81 millones en letras y otros 55.805,11 millones en bonos en 2010. En la subasta de letras a seis meses de ayer tuvo que ofrecer el doble de rentabilidad para poder captar el objetivo que tenía previsto.
3) ¿Cómo se podrán financiar los bancos si se recrudece la crisis financiera?
La subida de los costes de financiación para el Estado supone un encarecimiento automático de la liquidez para el sector privado. Hace ya más de un mes que ningún banco o empresa se ha atrevido a salir al mercado de capitales en busca de dinero, cuando los vencimientos de deuda apremian. “Ni siquiera con aval público seríamos capaces de colocar ahora un bono”, indican fuentes financieras.
4) Y, en el caso concreto de la banca española, ¿cómo se resolverá el proceso de reestructuración financiera?
La intervención de CajaSur por parte del Banco de España, en la madrugada del sábado, ha puesto la guinda a una percepción muy negativa. Pese a que la caja sólo representa el 0,6% del sistema financiero español, los inversores lo ven como la punta del iceberg y de nuevo deja al descubierto la fragilidad del sector. La mayor percepción de riesgo provoca un encarecimiento de los costes de financiación.
5) ¿Cómo afecta la elevada exposición de la banca a los países con los déficit más elevados?
Un informe de Royal Bank of Scotland (RBS) cifra en 2 billones de euros la exposición de las instituciones extranjeras en deuda pública y privada a Grecia, España y Portugal. En el caso concreto de España, bancos y cajas tienen el 31,23% del saldo vivo total de deuda pública española, es decir, 143.377 millones de euros, según cifras del Tesoro Público. Una caída del valor de estos activos tiene un efecto demoledor sobre la cartera de los bancos y, por ende, sobre sus cuentas de resultados.
6) ¿Qué margen de maniobra tienen los bancos centrales en esta ocasión?
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el 10 de mayo la compra de deuda pública y privada. Por ahora, ha adquirido 26.500 millones, “demasiado poco” según José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Además, según el experto, estas compras se han centrado en títulos portugueses y griegos, por lo que “todavía le queda mucha munición”, añade.
Por otro lado, la banca está apelando en mayor medida a las subastas del BCE. En la subasta semanal de ayer, el volumen superó los 100.000 millones de euros. Y es que, debido a que los mercados mayoristas de financiación están cerrados, las entidades son cada vez más dependientes de las inyecciones de la institución. Los bancos españoles han pasado de quedarse con un 10,71% del total prestado por el BCE en el eurosistema al 15,5% en un año.
7) ¿Puede sobrevivir la Unión Económica Y Monetaria (UEM) en un entorno de bajo crecimiento y de reducida integración de las políticas fiscales?
La crisis de la deuda soberana de los países del euro ha puesto en entredicho el concepto de la Unión Económica y Monetaria. Todo parece indicar que las autoridades pondrán cada vez más empeño en potenciar la E de las siglas UEM, porque la adaptación de las políticas fiscales y de las reformas estructurales ha demostrado ser insuficiente.
8) ¿Está resuelto el problema griego?
El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Khan, fue claro y conciso ayer: “Es un problema a largo plazo, un plan (de reajuste fiscal) a largo plazo. No puedo decir que estará resuelto antes de que acabe el año”. El país heleno se ha hecho con más de 14.000 millones, de los 110.000 millones que aportarán la CE y el FMI. Y EEUU mira cada vez con más preocupación una crisis que empezó siendo local y que se está contagiando al resto de Europa.
9) ¿Cómo afectará la nueva regulación financiera?
La banca teme que un excesivo endurecimiento de la regulación financiera (Basilea III) asfixie al sector y restrinja aún más el flujo del crédito y la recuperación económica. Sin crédito, las empresas tienen dificultades para refinanciar su deuda y para crecer, lo que afecta a sus valoraciones en bolsa. Los más críticos también aseguran que la nueva normativa podría acabar con dos décadas de innovación financiera en la industria bancaria.
10) ¿Qué implicaciones tiene la caída del euro?
La caída del euro, víctima de los especuladores y de las peligrosas estrategias del carry trade (Financiar con la divisa del país donde el precio del dinero es menor las inversiones en países con tipos más altos), tiene su lado negativo y positivo. Países como Alemania, cuya economía es muy dependiente de las exportaciones, se ven muy beneficiados porque venden su producto fuera más barato. Por el lado contrario, las inversiones en activos denominados en euros pierden atractivo, lo que puede provocar la fuga de inversores.
miércoles, 2 de junio de 2010
Aznar asegura que las medidas adoptadas en España contra el déficit fiscal son "insuficientes"
El ex presidente del Gobierno español José María Aznar, aseguró hoy que las medidas aprobadas en España para hacer frente al déficit excesivo son "insuficientes y que Europa está en una situación límite" que exige reformas estructurales. Aznar se mostró "muy preocupado" por el futuro tanto de España como de Europa, al tiempo que criticó el plan de rescate del euro adoptado por los países de la unión monetaria y las ayudas a Grecia.
"La situación es límite, extremadamente grave. Hemos roto la lógica de la implantación del euro y ahora tenemos que recuperarla", aseguró Aznar durante una conferencia pronunciada en París en el Centro de Política y Asuntos Exteriores (CPFA).
El jefe del Gobierno español entre 1996 y 2004 señaló que las reformas necesarias deben ser adoptadas por los políticos y señaló que "este es el momento en Europa para las decisiones de los grandes líderes".
Aznar, que consideró "insostenible" el Estado del bienestar, el sistema de pensiones o la seguridad social y "muy imperfecto" el mercado laboral, preconizó "reformas estructurales" que consideró "muy difíciles pero imprescindibles".
El origen de la crisis del euro está, según Aznar, en la relajación en la aplicación del pacto de estabilidad de la moneda única decidida en 2004 por impulso de Francia y Alemania.
Esa decisión, que permitió a los Estados endeudarse por encima de lo establecido en el pacto, "sembró en toda Europa la semilla de la irresponsabilidad", aseguró.
"Ahora pagamos las consecuencias. Europa ve como 20 de sus 27 Estados miembros no cumplen las reglas fiscales que se habían comprometido a respetar", indicó el ex presidente del Gobierno.
Aznar apeló a "no volver a caer" en ese mismo error y a "recuperar el camino de la estabilidad", además de "poner en marcha las reformas atrasadas", como "la del mercado laboral, el mercado energético o las reformas de sobredimensión del Estado Providencia".
"Lo que no debe hacerse en absoluto es dejarse llevar por el pánico y tomar decisiones dictadas únicamente por la urgencia y por el deseo de prevenir catástrofes futuras", aseguró Aznar, muy crítico con el plan de salvaguarda del euro de 750.000 millones adoptado en mayo pasado por los países miembros.
Aznar señaló que con la adopción de ese plan "los líderes europeos dieron la impresión de dejarse llevar por el pánico", lo que hizo perder credibilidad a la moneda única.
Además, el ex presidente señaló que ese plan no sería suficiente si otros países, como España o Italia, se encontraran en la situación en la que está actualmente Grecia.
Aznar consideró erróneo el plan de rescate de Atenas, que "obligará a Europa a pagar dos veces", y apostó por una intervención exclusiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda griega y ganar tiempo para aplicar las reformas necesarias.
Además, se mostró contrario a que Grecia abandone el euro porque eso sería "mucho más grave" para el país y para el resto de los miembros.
El ex presidente se mostró decididamente opuesto a crear un organismo de control financiero del euro porque consideró que Europa tiene ya suficiente burocracia.
En su lugar, Aznar apeló a la responsabilidad de los Estados para que afronten sus responsabilidades de rigor y control de sus cuentas.
"Lo que el euro necesita es menos discrecionalidad de parte de los Estados y de más reglas claras, firmes y que se hagan respetar", indicó.
"La situación es límite, extremadamente grave. Hemos roto la lógica de la implantación del euro y ahora tenemos que recuperarla", aseguró Aznar durante una conferencia pronunciada en París en el Centro de Política y Asuntos Exteriores (CPFA).
El jefe del Gobierno español entre 1996 y 2004 señaló que las reformas necesarias deben ser adoptadas por los políticos y señaló que "este es el momento en Europa para las decisiones de los grandes líderes".
Aznar, que consideró "insostenible" el Estado del bienestar, el sistema de pensiones o la seguridad social y "muy imperfecto" el mercado laboral, preconizó "reformas estructurales" que consideró "muy difíciles pero imprescindibles".
El origen de la crisis del euro está, según Aznar, en la relajación en la aplicación del pacto de estabilidad de la moneda única decidida en 2004 por impulso de Francia y Alemania.
Esa decisión, que permitió a los Estados endeudarse por encima de lo establecido en el pacto, "sembró en toda Europa la semilla de la irresponsabilidad", aseguró.
"Ahora pagamos las consecuencias. Europa ve como 20 de sus 27 Estados miembros no cumplen las reglas fiscales que se habían comprometido a respetar", indicó el ex presidente del Gobierno.
Aznar apeló a "no volver a caer" en ese mismo error y a "recuperar el camino de la estabilidad", además de "poner en marcha las reformas atrasadas", como "la del mercado laboral, el mercado energético o las reformas de sobredimensión del Estado Providencia".
"Lo que no debe hacerse en absoluto es dejarse llevar por el pánico y tomar decisiones dictadas únicamente por la urgencia y por el deseo de prevenir catástrofes futuras", aseguró Aznar, muy crítico con el plan de salvaguarda del euro de 750.000 millones adoptado en mayo pasado por los países miembros.
Aznar señaló que con la adopción de ese plan "los líderes europeos dieron la impresión de dejarse llevar por el pánico", lo que hizo perder credibilidad a la moneda única.
Además, el ex presidente señaló que ese plan no sería suficiente si otros países, como España o Italia, se encontraran en la situación en la que está actualmente Grecia.
Aznar consideró erróneo el plan de rescate de Atenas, que "obligará a Europa a pagar dos veces", y apostó por una intervención exclusiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda griega y ganar tiempo para aplicar las reformas necesarias.
Además, se mostró contrario a que Grecia abandone el euro porque eso sería "mucho más grave" para el país y para el resto de los miembros.
El ex presidente se mostró decididamente opuesto a crear un organismo de control financiero del euro porque consideró que Europa tiene ya suficiente burocracia.
En su lugar, Aznar apeló a la responsabilidad de los Estados para que afronten sus responsabilidades de rigor y control de sus cuentas.
"Lo que el euro necesita es menos discrecionalidad de parte de los Estados y de más reglas claras, firmes y que se hagan respetar", indicó.
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