Referéndum en Escocia

Mucha gente se pregunta porqué se puede celebrar un referéndum por la independencia en Escocia y en Cataluña no, pues voy a responder, sin ponerme en el lado del victimismo, de que España no nos deja votar, la voz del pueblo, etc.etc.

La diferencia más importantes es que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte carece de Constitución escrita, por lo que el Parlamento británico puede autorizar el referéndum. En España tenemos una Constitución escrita, votada en su momento por todos los españoles y catalanes, que limita el poder tanto del Parlamento autonómico como de las Cortes Generales, de manera que no pueden disponer de la soberanía nacional.

A esto se puede añadir que el ordenamiento británico y el caso escocés, en particular, son una excepción y una singularidad que no tienen parangón en la Unión Europea. El Parlamento británico, a diferencia de los otros parlamentos, no tiene límites en su actuación. El referéndum solo fue posible cuando lo autorizó el Parlamento de Westminster. Por tanto, el proceso se ha hecho con estricto respeto a la legalidad británica. No sería el caso en España, donde cualquier referéndum de secesión es ilegal porque lo dice la Constitución.

La Constitución española tiene dos preceptos capitales: el artículo 1.2, que dice que la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a parte del pueblo español, porque lo que decidimos todos juntos, por todos juntos debe ser modificado y hay que hacerlo por procedimientos legales; y en segundo lugar, el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española.

Más allá de la imposibilidad jurídica existen diferencias tales como que Escocia era un reino independiente cuyo parlamento decidió, en el siglo XVIII, transferir las competencias derivadas de la soberanía al Parlamento británico, constituyendo una unión. Por eso la denominación oficial de la comunidad política no es Inglaterra, sino Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De ahí que en el Reino Unido podamos diferenciar entre escoceses, ingleses, galeses e irlandeses. A Escocia, al igual que a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, se le reconoce el estatus de país dentro del Reino Unido, algo que no ocurre en el caso de España, donde hay castellanos, catalanes, andaluces, vascos, gallegos… pero todos somos al mismo tiempo plenamente españoles. Dado que la gran mayoría de catalanes (más del 70 %) se sienten también españoles, a obligación a optar por alguna de sus identidades conllevaría forzar a tener que rechazar una de nuestras pertenencias. Evidentemente, este proceso provocaría una grave fractura social. Sería un gran error de dimensiones y consecuencias históricas.

Una diferencia muy importante es que Escocia prácticamente no tiene competencias en comparación con País Vasco, Cataluña u otras muchas comunidades autónomas españolas.

Por otro lado también existe una diferencia importante como es el modelo energético. La gran baza que tienen los secesionistas a la hora de predicar la viabilidad económica de una Escocia independiente es la abundancia de recursos naturales en el país, especialmente petróleo y gas, que permitiría al proyecto ser sostenible hasta que se dilucidase su hipotético ingreso en la UE. Cataluña, en cambio, es la tercera comunidad autónoma más dependiente en cuanto a energía se refiere, sólo superada por Madrid y País Vasco. A lo que hay que añadir que según los expertos las reservas de petróleo de Escocia durarán unos 30 años.

¿Qué pasará si triunfa el sí en Escocia?

Como se señala en los tratados de la Unión y han reiterado en numerosas ocasiones el presidente de la Comisión Europea, del Consejo y muchos líderes europeos- que si una parte de un Estado se separa se convierte en un tercero respecto de la Unión Europea y desde entonces no se le aplicad nada del acervo comunitario, ni la libre circulación de personas, capitales, mercancías, servicios, ni en la moneda, el Banco Central Europeo, ni en las ayudas agrícolas, etcétera. Esa región puede, efectivamente, solicitar su ingreso en la Unión Europea si actúa de acuerdo con la legalidad, y una vez lo pide, se abre un proceso que puede años. En el caso de España duró ocho años; en el caso de Croacia -el último que entró- muchos más. Ese proceso requiere el acuerdo unánime de los veintiocho Estados que forman la Unión Europea.

La Unión Europea considera que estos procesos son enormemente negativos, crean problemas muy importantes en ámbitos como, por ejemplo, la moneda, la deuda pública, el pago de las pensiones; asímismo, producen recesión económica, afectan a la riqueza, el empleo y el bienestar de todos los ciudadanos y a la propia esencia de la Unión Europea. Por tanto, facilidades, para quienes se integren en este tipo de procesos, muy pocas por parte de los veintiocho Estados de la Unión Europea.

Para finalizar cito al presidente del gobierno el Sr. Mariano Rajoy “Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo porque Europa se ha hecho para integrar Estados y no para fragmentarlos. Ese es el signo de los tiempos, la integración y no la separación. Lo que necesitamos hoy son países y uniones fuertes para plantear y plantar cara a los retos globales que en estos momentos se están produciendo en todo el mundo”.