miércoles, 27 de febrero de 2013

Si un alumno lo pide, toda su aula tendrá clases en español.

El TS precisa que el derecho a la lengua vehicular no se satisface «con una atención particularizada» sino que exige «la entera transformación del sistema» y debe incluir
a «los condiscípulos»


La Generalitat de Cataluña deberá proceder a la «entera transformación» del sistema de enseñanza para que los alumnos que lo han reclamado puedan, «junto con sus condiscípulos», utilizar el castellano como lengua vehicular «en el colegio y en el curso» en el que estén y en la proporción que la propia Generalitat estime conveniente. Así lo precisa el Tribunal Supremo en una sentencia en la que fija la interpretación que debe darse a sus anteriores pronunciamientos que reconocen a los escolares de Cataluña el derecho a aprender en la lengua común de España.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha precisado en una sentencia conocida ayer cómo debe ejecutarse el fallo que dictó en diciembre de 2010 y por el que reconoció a
dos niños entonces escolarizados en el centro docente SIL y en la Escola del Carme, en Barcelona, el derecho a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en su enseñanza.

Ese derecho les fue negado inicialmente por la Consejería de Educación en mayo de 2006. Ahí nació
un largo proceso judicial promovido por el padre de los niños y que aún hoy sigue abierto en la fase de
ejecución. Los menores cursaban en aquel momento 2º de la ESO y 3ª de Primaria, por lo que hoy la
mayor puede encontrase en la universidad y el pequeño en 4º de la ESO.

La relevancia de la nueva sentencia del Supremo va más allá de la situación individual de esos dos
alumnos porque, tal como establece que debe ejecutarse el derecho a recibir enseñanza también en
castellano como lengua vehicular, no bastará una «atención particularizada» a esos escolares en una
especie de gueto educativo en castellano, sino que la lengua común del Estado deberá ser habilitada
como vehicular «junto con sus condiscípulos» y «en el colegio y curso en que los hijos del recurrente
siguieran la enseñanza».

Ha sido el padre de los escolares el que ha llevado de nuevo el asunto hasta el Supremo debido a lo
que, a su parecer, era una ejecución incorrecta, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), del fallo que el TS dictó a su favor el 5 de diciembre de 2010.

El Supremo declaró «el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua
vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña (...)». Dos meses después,
el 9 de febrero de 2011, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC
ordenó a la Administración educativa autonómica que cumpliese el fallo del Supremo. Ante el silencio
de la Generalitat, en junio de 2011 la misma Sección requirió a la Consejería a que informase de las
concretas medidas adoptadas.

En julio de 2011, la Generalitat contestó, aportando datos estadísticos, que el estado de la
normalización lingüística no permitía cambiar el modelo educativo. La Sección consideró esa
contestación insuficiente y dio a la Generalitat dos meses para cumplir el fallo del TS.
Contra esa decisión la Generalitat presentó un recurso que fue resuelto el 8 de marzo de 2012 por el
Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

Este tribunal confirmó la resolución de la Sección Quinta respecto a «la obligación que tiene la
Administración demandada de adoptar medidas en relación a la enseñanza que se imparte a los hijos
del recurrente» y ello por «no aparecer acreditado que esa Administración haya ejecutado
debidamente el fallo del TS». El TSJC no estimó suficiente que la Generalitat hubiese dado
instrucciones a los centros para que los dos escolares fuesen atendidos «de modo individual» en
castellano.

Por el contrario, el TSJC dejó sin efecto la resolución de la Sección Quinta en lo referido al cambio
entero del sistema de enseñanza en Cataluña.
El TS declara que el pronunciamiento del TSJC fue correcto, por lo que ha desestimado el recurso del
padre. «El derecho que se reconoció al recurrente en representación de sus hijos fue que a éstos, en el
centro y curso en que se escolarizaran, se les educase en ambas lenguas vehiculares, catalán y
castellano, para lo que deberán adoptarse las medidas precisas por la Administración educativa
catalana».

La Sala añade que lo acordado por el TSJC «fue el sentido del fallo de nuestra sentencia» de 2010,
que «ha de interpretarse (...) como un reconocimiento de que el derecho que el recurrente impetraba
no se satisfacía con la prestación a sus hijos de una atención particularizada en castellano, sino con la
entera transformación del sistema, de modo que sus hijos, junto con sus condiscípulos, utilizaran, en la
proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la
enseñanza».

El TS precisa que con la expresión «entera transformación del sistema» se refiere «al seguido en el
colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza».

Noticia extraida de El Mundo.

lunes, 18 de febrero de 2013

La guerra del pan estalla en el súper

Mercadona baja hasta 0,37 euros la barra cuando se compran tres unidades y Ahorramás responde con una oferta de tres por 1 euro. Lidl y Dia son los más agresivos y venden la unidad a 0,39 euros.

La guerra del pan sube de tono. La batalla desatada en Valencia con la venta de barras a 0,20 euros no ha pasado desapercibida para la gran distribución, cuyas ventas en volumen cayeron por vez primera durante 2012. El pan es un producto básico en la cesta de la compra y, por ello, sirve de gancho para atraer clientes todos los días a los establecimientos de proximidad.

Sin llegar al nivel de precios que ha provocado este alimento en Valencia, donde las tres panaderías de José Navarro en Torrent, Quart de Poblet y Gandía venden desde septiembre (cuando rebajó el precio de la barra de pan hasta 0,20 euros) más de 50.000 barras diarias, las cadenas de supermercados también se han lanzado a la batalla del pan.

Mercadona ha sido uno de los últimos en añadir presión a sus rivales. El grupo valenciano ha rebajado en toda España de 0,40 a 0,37 euros la tarifa de la barra de pan de 250 gramos cuando se compra en paquetes de tres unidades. Si, por el contrario, se adquiere de manera individual, el precio es de 0,45 euros.
De esta forma, la compañía presidida por Juan Roig planta cara sus dos grandes competidores en el formato descuento, Lidl y Dia, donde es posible comprar una barra de 250 gramos por 0,39 euros.

Los más baratos

El grupo alemán comenzó la venta de pan en 2006 y poco a poco se ha ido extendiendo a todas las tiendas. De esta forma, en la actualidad, los 530 establecimientos de la empresa ofrecen pan a sus consumidores. La barra básica cuesta 0,39 euros.

En el caso de Dia, la cadena de supermercados sigue una política de precios diferente en función de la competencia existente en el ámbito de influencia de cada establecimiento. Pero, en Madrid, una tienda de Dia próxima a Mercadona vende la baguette de 250 gramos a 0,39 euros.

Esta semana, Ahorramás también ha decidido responder al desafío del sector y ha lanzado una oferta de tres barras de pan por 1 euro. De manera que cada unidad cuesta poco más de 0,33 euros. El precio si se compra individualmente es de 0,45 euros, la misma tarifa que en Carrefour. En esta cadena, está aún vigente una promoción de dos barras a 0,33 euros.

También en Madrid, Alcampo promociona en sus folletos como precio estrella la barra de pan de 200 gramos a 0,38 euros; aunque en Alicante era posible adquirir el producto por 0,32 euros la primera semana de enero.

Por su parte, la cadena valenciana Consum asegura que sigue la estrategia de no realizar ofertas por acumulación de producto, especialmente en alimentación básica, como es el caso del pan. En sus establecimientos, la barra de 250 gramos cuesta siempre 44 céntimos. A pesar de la batalla por la barra de pan, el precio de este básico de la compra subió un 1,2% en el último ejercicio, según refleja el IPC. En este periodo, los cereales y derivados se revalorizaron un 1,9%. En enero, el pan subió un 0,2%. En este dato hay que tener cuenta el peso de los establecimientos tradicionales.

Más de 35 kilos

Cada español consume de media 35,62 kilos de pan al año, según el Ministerio de Agricultura. En noviembre del año pasado, el precio medio del kilo de pan se situó en 2,39 euros el kilo. De esta forma, la barra costaba 0,59 euros.

Frente a la batalla en el pan básico, el producto gourmet de alta calidad gana peso entre los consumidores. En las panaderías tradicionales la barra cuesta 0,60 euros, mientras que en las boutiques del pan el precio supera el euro.

martes, 5 de febrero de 2013

Bárcenas: «Ese cuaderno ni existe, ni ha existido. Y no es mi letra»


Es el hombre más buscado, pero Luis Bárcenas, el epicentro del escándalo que ha puesto en la diana al PP, ha sido poco pródigo en declaraciones. Ayer lo hizo y habló de «operación de acoso y derribo al partido y al presidente del Gobierno orquestada por aquellos que no tienen otra forma de llegar al poder», al tiempo que negó la autenticidad de los papeles que se le han atribuido. «Ese cuaderno no existe, ni ha existido. Y, en consecuencia, esa letra no es mía», declaró anoche a Antonio Jiménez en «El cascabel al gato», de 13TV, donde dijo estar «dispuesto a presentarme a cualquier prueba caligráfica o poligráfica para demostrar la falsedad de la publicación». El ex tesorero popular negó ser el origen de las filtraciones que han destapado una presunta contabilidad irregular, ya que constituirían «un nuevo foco adicional contra mí y me enfrentarían con mis amigos y compañeros de partido». Sobre la recepción de donativos, Bárcenas aseguró que «todos los pagos se hacían por transferencia o talón y no existían cobros en metálico». En ese sentido, el ex senador del PP negó la existencia de una cuenta corriente a la que se destinaran los donativos con los que se pagaban sobresueldos a la cúpula del PP. En palabras de Luis Bárcenas, «ni Mariano Rajoy ni ningún directivo o empleado del partido recibió sobresueldos», e insistió en que está «dispuesto a declarar y dar las explicaciones que sean necesarias para demostrarlo». Además, dijo confiar plenamente en la Justicia y que «todo lo que he hecho lo volvería a hacer de nuevo».

Por la mañana, ya se había referido a la supuesta contabilidad manuscrita como una «burda manipulación». En declaraciones a Antena 3, Bárcenas respondió que «es evidente que no» al ser preguntado si el presidente del Gobierno ha cobrado dinero negro. Cuestionado por si se querellará por las informaciones publicadas, avanzó que sus abogados están preparando «en estos momentos» las acciones legales pertinentes.

El ex senador del PP habló por primera vez el pasado 22 de enero, cuando al ser preguntado si defendía su inocencia contestó con un «faltaría más». Al día siguiente, en conversación telefónica con el entonces periodista de Intereconomía Antonio Jiménez, aseguró que nunca ha pagado sobresueldos a miembros de la cúpula del PP y pidió que no se implique al partido en las cuentas que él ha tenido en Suiza. Según Jiménez, Bárcenas le insistió en que nunca se ha pagado con recibos a dirigentes populares, ni se han firmado «recibís». Además, señaló que el dinero que ha tenido en Suiza ha sido suyo y no para financiar al PP, y que eso podrá demostrarlo. Respecto al supuesto pago en sobres a dirigentes y empleados del partido, se preguntó: «¿Alguien se imagina a gente preparada y con titulaciones, a secretarios ejecutivos del PP, bajar a mi despacho a recoger el sobre y firmar un "recibí"?». 

Noticia extraida de La Razón