El Gobierno envía a los militares para controlar los aeropuertos

Alfredo Pérez Rubalcaba ha informado que los controladores aéreos mantienen su actitud de no acudir a su puesto de trabajo por lo que a partir de este momento el Jemad pasa a tener el control del espacio aéreo. De este modo, mandos militares toman el control de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias. Zapatero ha firmado la orden para militarizar el control aéreo. El Ministro de Fomento, José Blanco, había dado de plazo hasta las 21.30 horas a los controladores para que vuelvan de inmediato a sus puestos de trabajo.

 

 

El viceprimer ministro del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha informado a los medios de comunicación que dado que los controladores no han depuesto su actitud "hemos procedido de acuerdo con la Constitución a activar los mecanismos que habíamos previsto".
Rubalcaba ha comentado que Defensa pasa a ejercer el control del trafico aéreo en España, "hasta que existan garantías por parte de los controladres aéreos civiles". A partir de este momento es el Jefe del Estado Mayor el que adquiere el control y la supervisión de los controladores de tránsito aéreo y exigirá "la presencia de los controladores civiles que estén ausentes ", ha señalado el viceprimer ministro.
A las 23.25 horas la agencia Efe informa que mandos militares se dirigen hacia los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias para tomar su control del tráfico aéreo. Otros controladores del Ejército del Aire se incorporarán de forma inmediata a ocho aeropuertos de uso compartido civil-militar, por si es preciso desviar a los mismos vuelos civiles, así como a otras instalaciones que permanecen abiertas.
Poco antes de las 23.00 horas Zapatero aprobaba la orden que permite a los militares tomar el control del espacio aéreo español. En una declaración pública, Blanco ha pedido disculpas a los ciudadanos por el "chantaje" cometido por los controladores que les ha convertido en sus "rehenes". El ministro avanzó que el Gobierno actuará con la "máxima determinación y firmeza" y que tomará todas las medidas necesarias si los controladores no vuelven de inmediato a sus puestos de trabajo, incluidas las previstas en el decreto aprobado esta mañana.
Este decreto prevé que el presidente del Gobierno encomiende al Ministerio de Defensa la asunción de la navegación aérea en el ámbito civil, en caso de emergencia. En ese caso, la actividad de los controladores quedará bajo la organización, planificación, supervisión y control de Defensa. "El incumplimiento por parte de los controladores aéreos de las directrices establecidas por este Departamento en ese caso será considerado una infracción de la Ley de Seguridad Aérea y dará lugar a la exigencia de las responsabilidades civiles o penales que procedan", han advertido desde Fomento.
Fuentes militares han explicado que la desobediencia a una orden militar puede considerarse un delito de sedición, castigado con penas de entre 8 y 15 años de prisión.
Asimismo, el decreto aprobado esta mañana contempla que los servicios médicos de AENA determinen si un controlador está o no capacitado para el ejercicio de sus funciones en el caso de que éste alegue su indisposición para desempeñarlas. Los médicos de AENA deberán verificar la concurrencia de las circunstancias alegadas por el controlador y establecerán si procede o no el apartamiento de su puesto de trabajo.
Al gabinete de crisis que se encuentra reunido en Fomento, en el que participan José Blanco, Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba, se han sumado desde las 21.30 horas el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz, y su equipo, así como el Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez.
Asimismo, AENA en estos momentos está recabando datos sobre la incorporación de los controladores aéreos del turno de noche, que ha empezado a las 22:00 horas de hoy después de que la Fiscalía de Madrid solicitara el nombre de los controladores ausentes tras la apertura de diligencias.
Por su parte, el secretario de comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, ha asegurado que el sindicato está "intentando que vuelva la normalidad a los aeropuertos y que reine la cordura". Anteriormente, un portavoz de la Unión Sindical de Controladores (USCA) de Baleares, Javier Zanón, ha llamado esta tarde a la tranquilidad y pedido a los compañeros del turno de noche que se incorporaran con normalidad.
Tras el cambio de turno de noche, el aeropuerto de Barcelona cuenta con la mitad de sus controladores, que operan todos sus vuelos con excepción de los que tienen destino en Madrid y Baleares. Por su parte, algunos controladores del aeropuerto de Madrid han regresado a su puesto de trabajo pero se niegan a firmar las actas de asistencia que son necesarias para operar.
En el caso de los aeropuertos de Canarias, a las 00.00 horas todos los controladores canarios de turno
de noche se habían incorporado a sus puestos en las torres de control.
Tráfico aéreo cerrado hasta las 01.00 horas
Según Eurocontrol las operaciones aéreas estarán canceladas hasta la una de la madrugada de hoy sábado. Iberia asegura en un comunicado que una vez se recupere el tráfico la compañía tiene previsto un plan de recuperación de vuelos, con prioridad de los de largo recorrido que salgan esta madrugada.
Por su parte, Iberia ha informado que por el cierre del espacio aéreo por el conflicto de los controladores, están cancelados todos los vuelos de Iberia con salida desde España hasta mañana a las 11.30 horas.
Spanair había cancelado hasta las 21.30 horas 65 vuelos con origen o destino en España. La aerolínea ofrece el reembolso del billete, pero no puede ofrecer recolocaciones hasta el domingo o el lunes.
En el caso de Vueling, la aerolínea ha cancelado todos sus vuelos y ha lamentado no poder confirmar hasta cuándo durará la situación.
Protesta "espontánea
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha calificado de "espontánea" la protesta que ha obligado a cerrar varios aeropuertos españoles y aseguró que obedece a la aprobación hoy por el Gobierno del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.
El presidente de USCA, Camilo Cela, está llamando a la calma a los controladores aéreos que se están ausentando de forma "masiva" de sus puestos de trabajo en los principales aeropuertos del país para protestar por el número de horas laborales anuales que el Gobierno ha fijado para este colectivo.
Las mismas fuentes aseguraron que los controladores aéreos están "muy nerviosos" por el real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros y que fija un máximo de 1.670 horas de tránsito aéreo anuales, motivo por el que se están ausentando de sus puestos de trabajo.
AENA pide a los pasajeros que no acudan a los aeropuertos
AENA está recomendando a todos los pasajeros que no acudan a los aeropuertos, ya que el tráfico aéreo está "interrumpido" tras las "bajas masivas" de los controladores.
El gestor aeroportuario español recomienda a los pasajeros que tienen previsto salir de viaje que soliciten información a sus compañías aéreas o a través de la página web de AENA.

 

Cuenta atrás para la huelga del 29-S: el órdago sindical más arriesgado

La huelga general de mañana, 29 de septiembre, es la séptima de la etapa democrática, descontando la convocatoria que hizo en abril de 1978 la Confederación Europea de Sindicatos por el empleo y que apenas tuvo repercusión en España.

Sólo en dos –la del 14 de diciembre de 1988 y la del 20 de 2002- el Gobierno de turno retiró la reforma laboral o económica que provocó el enfado de los sindicatos.
CCOO y UGT están seguros de que también en esta ocasión obligarán al Ejecutivo a rectificar porque sostienen que van a ser capaces de movilizar a una mayoría de la sociedad española. Si fracasan, su credibilidad entrará en una profunda crisis, porque ya está muy deteriorada por no haber encabezado la protesta social cuando el paro rebasó los cuatro millones de personas. Por todas estas razones, y por el miedo de la gente a perder salario o el empleo, CCOO y UGT preparan la huelga general minuciosamente.
Por el contrario, si la movilización es un éxito será el Gobierno el que pierda toda la credibilidad entre quienes sostiene que está su electorado y su base social. Debido a este temor, ya ha anunciado que volverá a dialogar con los sindicatos tras el 29-S, cualquiera que sea el resultado de la jornada de mañana.
Ésta es la historia, en síntesis, de todas las protestas de este tipo convocadas por los sindicatos en este tiempo y con la ambición de afectar a toda la economía.
- Una huelga política. La primera movilización de este tipo fue la que convocaron CCOO y UGT el 12 de noviembre de 1976. Esa sí fue una huelga política pues las centrales, que ya trabajaban con la vista gorda del primer Gobierno de Adolfo Suárez, pedían su legalización como sindicatos de clase. No hay datos fehacientes de la época, pero CCOO y UGT consiguieron su objetivo. Sin ellos y sin el Partido Comunista, la democracia española no tenía ninguna legitimidad.
- Contra la primera reforma de las pensiones. La convocó CCOO en solitario el 20 de junio de 1985 y fue un fracaso. El primer Gobierno de Felipe González amplió de dos a ocho años el periodo de cotización obligatorio a la Seguridad Social para calcular la pensión. El Ejecutivo mantuvo la reforma, pero también es verdad que provocó el enfrentamiento de Felipe González con UGT.
- La paralización de España. Ése fue el resultado de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, la protesta sindical y social más importante de la democracia. Convocada por CCOO y UGT se dirigió contra el plan de empleo juvenil, con el que el Gobierno buscaba la inserción laboral de este grupo social con costes muy bajos para las empresas y, en general, la política económica de González. El Gobierno admitió su derrota y el gasto social creció de forma exponencial.
- Contra el recorte de la protección por desempleo. La convocaron CCOO y UGT el 20 de mayo de 1992 y fue un completo fracaso. El modelo escogido por las centrales fue el paro de ocho horas en la misma jornada –a la italiana– y creó la confusión entre los trabajadores. El Gobierno mantuvo el recorte en la cobertura del paro para intentar controlar el déficit público.
- Primer recorte del despido. En su último mandato, Felipe González hace una reforma laboral profunda que comienza a reducir los costes del despido y da mayores poderes a la negociación colectiva. Los sindicatos convocan una huelga general el 27 de enero de 1994, pero los trabajadores no les siguen y el Gobierno, aunque debilitado por la corrupción, mantiene la reforma laboral.
- Aznar retira la reforma de la protección por desempleo. Esta fue la consecuencia inmediata del paro masivo que CCOO y UGT convocaron el 20 de junio de 2002 contra esa medida del Gobierno, que quería recortar el gasto. El entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, fue sustituido por Eduardo Zaplana.
En las trincheras
1. Los sindicatos rechazan reunirse con el Gobierno para hablar de los presupuestos de 2011.
2. Las empresas de telecomunicaciones y los sindicatos acordaron ayer los servicios mínimos para el día de la huelga general.
3. Aena fijó ayer que el 28% de sus empleados tenga que realizar servicios mínimos. En el caso de los controladores, el 70%.
“Zapatero se está suicidando políticamente”
“Creo que José Luis Rodríguez Zapatero se está suicidando. Está haciendo las cosas de tal manera que la gente va a llegar a la conclusión de que para tener el sucedáneo, mejor el genuino”. Así justificó ayer el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, la llamada de los sindicatos a la huelga general de mañana, una convocatoria que no gusta ni al Gobierno ni a la patronal. Precisamente, ayer el líder de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, criticó al propio Toxo y al dirigente de UGT, Cándido Méndez, por asegurar que harán todo lo posible para que el paro de mañana sea un éxito. Díaz Ferrán aseguró durante la presentación del libro La regulación del derecho de huelga en España, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, que el éxito del 29-S dependerá de los servicios mínimos, a su juicio insuficientes, y de que el Gobierno ejerza su papel y evite que los piquetes sean violentos y coaccionen.

Fracaso de la huelga general

El Gobierno ganó ayer el primer pulso a los sindicatos en su pugna por hacer las reformas económicas y el recorte del gasto que le pide el Eurogrupo para defender la divisa única.


La inmensa mayoría de los 2.700.000 funcionarios que trabajan en la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no siguieron la huelga convocada por CCOO, UGT y CSIF contra el ajuste salarial decidido por el Ejecutivo para este año y el que viene. En 2010 las retribuciones de los empleados públicos se recortarán en un 5% de media, mientras que para el año que viene serán congelados.
El Gobierno cifró en el 11,85% de los trabajadores el nivel de seguimiento de la huelga en la Administración Central, mientras que en las comunidades autónomas la participación no superó el 12%, como en el caso de Cataluña, o el 11%, en Galicia. Entre 6.900 y 7.300 personas asistieron a la manifestación de Madrid, según la estimación de Lynce para Efe.
Con estos datos, la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, subrayó el “alcance limitado” de la convocatoria. El Gobierno supervisó la participación con controles de firma de los trabajadores en los turnos de cada centro de trabajo. Estos controles los remitieron por el área de Recursos Humanos, a través de los Ministerios y delegaciones de Gobierno, a su Departamento, donde se centralizó el seguimiento.

Por el contrario, los sindicatos elevaron la participación de los funcionarios en la huelga entre un nivel máximo del 80%, como en el caso de Asturias, y un escalón mínimo del 47%, como en el País Vasco. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los funcionarios decidió no hacer huelga por dos razones: la primera, porque no quieren acumular más recortes de salario al que ya tienen a partir de este mismo mes de junio. En función del nivel administrativo del empleado público, el ajuste está entre el 0,56% y el 7% de la retribución. A este respecto, la consejera valenciana de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, puntualizó que “hacer una jornada de huelga suponía un descuento adicional en el salario [para los funcionarios de la autonomía de entre 60 y 150 euros en el día], según los grupos, lo que ha pesado mucho en la decisión de los empleados públicos”.
En segundo lugar, la mayoría de los funcionarios no está de acuerdo con el Gobierno, pero tampoco con la actitud que han mantenido los sindicatos durante la crisis. Así, muchos consideran que CCOO, UGT y CSIF “han reaccionado tarde y sólo se han preocupado de proteger sus intereses y subvenciones”.
Lo cierto es que el Ejecutivo, presionado por el Eurogrupo, ha roto el acuerdo salarial que había firmado con los sindicatos en el último trimestre del año pasado para el periodo comprendido entre 2010 y 2012.
Precisamente, buena parte de la escasa participación de los funcionarios vascos en la huelga se debe a que CCOO, UGT y CSIF sólo tienen el 30% de la representación, en beneficio de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB.
Según el Gobierno autónomo, la incidencia del paro fue “muy limitada”, y el mayor seguimiento se dio en la Administración de Justicia, con cerca del 10%, mientras que en Sanidad, Educación y Administración General no se llegó al 5%.
Este paro en el sector público es el segundo que se vive en Euskadi en poco tiempo, ya que el pasado 25 de mayo fueron ELA y LAB los que lideraron una convocatoria de huelga, que registró un seguimiento medio del 24%. El Gobierno de Patxi López tiene previsto aplicar a los salarios de los funcionarios y al de los trabajadores de las empresas públicas un descuento medio que rondará el 2% este año, con una horquilla que va del 0,5% al 2,8%. Además, Vitoria reducirá a la mitad su aportación al plan de pensiones de los funcionarios, restringirá las sustituciones y amortizará vacantes.
Entre las incidencias registradas, por las que Rumí pidió disculpas a la ciudadanía, destacó la interrupción del servicio en los puertos de Almería y Barcelona, el corte de un cable de fibra óptica en Cantabria, los piquetes en estaciones de autobuses de Baleares y Oviedo, el sellado de silicona de oficinas de Correos en Logroño o el retraso de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla.
En todo caso, el Gobierno prefirió mantener una actitud combinando el respeto hacia los sindicatos y el derecho constitucional de la huelga con un mensaje de firmeza en su determinación de hacer las reformas necesarias para conseguir reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. Así lo resaltaron tanto la vicepresidente económica, Elena Salgado, en Luxemburgo, como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Este último reiteró que, las medidas de ajuste “no están pensadas para perjudicar a unos u otros”, sino que son “imprescindibles y necesarias”, y hasta “obligadas”, para reducir el déficit.
Precisamente, el ministro de Trabajo hizo estas declaraciones un día antes de que se reúna por última vez con la patronal y los sindicatos para intentar lograr un acuerdo de reforma laboral.
Corbacho recalcó que el Gobierno presentará un último documento a los agentes sociales con “las medidas materias que hemos ido hablando y sobre las que hemos constatado que existen diferencias”. Por ejemplo, sobre la regulación del despido, la reducción de jornada o los nuevos obstáculos para recortar el uso de la contratación temporal, entre otras.
Precisamente, el Gobierno ya ha anunciado que si no hay acuerdo podría aprobar la reforma laboral en el Consejo de Ministros del 16. El Ejecutivo también baraja –con “alta probabilidad”– llevar al Congreso el decreto al Pleno de los próximos días 23 ó 24 de junio, informaron a Efe fuentes parlamentarias.
Pinceladas
1. Los funcionarios no apoyaron ayer la huelga porque no quieren tener un descuento en sus salarios adicional al recorte.
2. Asimismo, los empleados públicos no están de acuerdo con la inactividad de las centrales durante la recesión.
3. Aunque el Gobierno dice que respeta las movilizaciones, reconoce que no dará marcha atrás al tijeretazo social.
CCOO y UGT: “El paro ha sido un éxito pese a los servicios mínimos”
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, aseguraron ayer que la jornada de huelga “fue un éxito”, pese a la escasa participación de los funcionarios. En la manifestación de Madrid, Méndez insinuó que detrás de la falta de incidencia de la huelga estaban los servicios mínimos decretados por el Gobierno y las comunidades autónomas en las actividades esenciales para los ciudadanos. Así, en su opinión, las administraciones ejecutaron un “hachazo al derecho constitucional de la huelga”. Méndez advirtió al Gobierno de que el paro de funcionarios puede significar “el principio de muchos más”. En este sentido, el dirigente de UGT amenazó al Ejecutivo “con provocar otro conflicto”, en una clara alusión a una huelga general en toda la economía, si hace una reforma laboral por decreto y “se impone una decisión unilateral que lesione los derechos de los trabajadores”.
Por su parte, Toxo señaló que el Gobierno “se contenta” con maquillar las cifras de seguimiento de la huelga, que arrojan una cifra del 11,85% de los funcionarios y, en su opinión, establecer unos servicios mínimos “abusivos”. Los dos dirigentes sindicales advirtieron al Ejecutivo de que “debe tomar muy buena nota” de la protesta de la calle, ante las demandas del Eurogrupo para hacer nuevas reformas y recortar el déficit público.
“No puedo perder los 70 euros de la jornada”
Gema
Ministerio de Trabajo
“No he seguido el paro porque llega tarde y porque no puedo perder entre 60 y 70 euros que me puede costar la jornada”. “Es verdad que no tenemos mucho trabajo, pero deberían ocuparse de ello y medir la productividad”.
Fernando P.
Sanidad
“Yo creo que deberían descontar más los salarios de los puestos de arriba como ministros, directores generales o subdirectores generales. Con el descuento por la huelga, de entre 60 y 70 euros, me convertiría en mileurista”.
Eduardo
Fomento
“Creo que ni los sindicatos ni los partidos políticos nos representan completamente a los ciudadanos. Lo siento, pero pienso así”.
F. Brihuerga
Policía
“Muchos no han venido porque no pueden perder un día de salario, padecer los recortes y pagar la hipoteca”.
Bárbara L.
Profera de idiomas
“Como madre, me manifiesto contra el recorte de mi salario y contra la eliminación de las ayudas del cheque-bebé”.
Vicente Q.
Investigador
“Los recortes del Gobierno me afectan doblemente: soy funcionario y estoy a sólo seis meses de la jubilación”.
Mónica C.
Diputación
"He venido porque hoy nos quitan un 5% y el año que viene pretenden congelarnos el sueldo y no es justo"