Los desahucios

Llevo varios días escuchando hablar a numerosos políticos del PSOE entre otros, que únicamente están con el populismo, critican al PP por el tema de los desahucios y rápidamente olvidan las palabras de ZP de hace casi dos años cuando éste indicaba que la dación en pago no era posible. En el año 2008, 2009 y 2010 ya había desgraciadamente desahucios, ¿qué hizo el gobierno socialista? Nada y en cambio ahora parecen los salvadores de todo. El PP es el primer Gobierno que afronta este problema y lo hace con una normativa ambiciosa, en la que se trata de reequilibrar las posiciones entre deudores y entidades financieras y de proteger a los más débiles. La suspensión de los lanzamientos durante un periodo de dos años para estos colectivos es una buena muestra de ello.

* El objeto central de la normativa que se está tramitando en el Congreso de los Diputados es proteger a todas aquellas personas de buena fe a las que la crisis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos hipotecarios. Se trata de abrir vías para que no tengan que abandonar su casa o, si tuvieran que hacerlo, moderar la carga de la deuda que asumieron en su momento con el banco.

* El proyecto de Ley permite paralizar las ejecuciones hipotecarias si hubiera cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, incorporando así a la normativa española la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

* Además, el Proyecto de Ley reduce y limita los intereses de demora (tres veces el interés legal del dinero), que evitan la rápida multiplicación de las deudas en caso de impago; al tiempo que amplia de 1 a 3 los meses de impago no consecutivos para que la entidad pueda iniciar el proceso de ejecución hipotecaria.

* También hay medidas relevantes en el ámbito de las subastas. Por un lado se limita la participación de los bancos en las tasadoras y se permite que el deudor presente su propia tasación; y por otro se establecen valores mínimos de salida de las subastas al 75% (hasta ahora inexistentes) para tratar de que el precio de adjudicación sea más alto y permita al cliente cancelar un porcentaje más elevado de la deuda.

* Además, y pensando en los más desfavorecidos, el Gobierno ha implicado a las entidades financieras en el Código de Buenas Prácticas, de obligado cumplimiento para los bancos que lo han suscrito. Este Código permite reestructurar la deuda, negociar una quita con el banco y, en último extremo, la dación en pago. En este Código se ha incluido también a los avalistas, en muchos casos personas mayores que garantizaron con su vivienda la deuda hipotecaria de sus hijos o nietos.

* La dación en pago no es la panacea para resolver este problema, porque no hay que olvidar que supone la pérdida de la vivienda. Es mejor solución la reestructuración de la deuda mediante una negociación con el banco para modificar cuotas o plazos porque permite a las familias seguir viviendo en sus casas. Si se llega a la dación en pago está previsto un alquiler a precios bajos durante dos años antes del desahucio.

* Además, el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo Social de Viviendas por el que aquellas personas que hayan sufrido un desahucio desde enero de 2008 (el inicio de la crisis) podrán acceder a un alquiler a precio moderado (entre 150 y 400 euros, en función de sus circunstancias socioeconómicas, con un límite máximo del 30% de los ingresos totales de la unidad familiar). Las entidades financieras han aportado a este fondo alrededor de 6.000 viviendas, que empezarán a adjudicarse en las próximas semanas En la gestión de este Fondo participan de forma activa las ONG´s.

* Con esta medida, el Gobierno da un paso más para aliviar la situación de aquellas familias en riesgo de exclusión social y que ya han perdido su vivienda.

* La filosofía que inspira estos cambios es reequilibrar las posiciones de acreedores y deudores en los contratos hipotecarios sin afectar la seguridad jurídica.

* Se busca, en definitiva, mantener el carácter disuasorio del impago (un 97% de los españoles paga puntualmente sus deudas hipotecarias) al tiempo que se evitan losas perpetuas sobre los deudores, para los que se habilita una segunda oportunidad. 

 

Hay que evitar medidas cortoplacistas que dañen irreversiblemente el acceso al crédito y que castigarían especialmente a las familias con menos recursos.

El objetivo es que ninguna persona sea desahuciada de su primera vivienda y que a la vez el 97% de las personas que pagan sus hipotecas no se vean afectadas por las medidas antidesahucio porque el Gobierno gobierna para todos.