Cerco al fraude fiscal y laboral

Descubren a 4.380 falsos parados hasta junio.

Nadie puede ir de listo por la vida". Así resumió el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el endurecimiento de la lucha contra el fraude laboral y fiscal para poner coto a la economía sumergida, que algunos estudios sitúan por encima del 20% del PIB. Una de las prioridades del Ejecutivo es acabar con la práctica de cobrar el paro y trabajar de manera irregular a la vez. Hasta junio, Empleo descubrió a 4.380 falsos parados. Además, en el primer semestre se efectuaron 112.480 inspecciones que permitieron aflorar 39.887 puestos de trabajo irregulares, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Consejo de Ministros dio luz verde a cuatro proyectos de ley que, además de perseguir el fraude fiscal y laboral, penaliza la mala gestión económica de los políticos. En materia de Seguridad Social, se podrá perseguir penalmente a los defraudadores a partir de 50.000 euros en lugar de los 120.000 euros vigentes hasta ahora. Además, las modificaciones introducidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social implicarán mayores sanciones en aquellos supuestos fraudulentos que afecten a una pluralidad de trabajadores y supongan una disminución de los ingresos de la Seguridad Social. En los casos más graves, la pena de cárcel máxima se eleva de cinco a seis años. Ello afectará a quienes creen empresas "fantasma" con el propósito de obtener prestaciones públicas.

Si bien el Gobierno ya puso en marcha una nueva ley contra el fraude fiscal, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a una reforma del Código Penal que elevará de cinco a seis años la pena de cárcel máxima para los fraudes que superen los 600.000 euros y para los contribuyentes que hayan evadido impuestos a través de una trama organizada, paraíso fiscal o grupo criminal. También se habilitará a Hacienda para que pueda cobrar la deuda defraudada cuando remita un caso a la Fiscalía. Hasta ahora, pasar de la vía administrativa a la penal impedía a la Agencia Tributaria exigir la deuda pendiente hasta finalizar el proceso.

Junto a estas medidas, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Transparencia con la que el Gobierno confía en frenar las malas prácticas de los gestores públicos. La normativa impedirá que un gobernante apruebe una partida de gasto sin el respaldo presupuestario correspondientes. En el caso de que falsee las cuentas y provoque un perjuicio económico a la Administración, la legislación establece penas de prisión de uno a cuatro años. Esta última medida supone una novedad ya que no aparecía en el anteproyecto. Además, se establece la posibilidad de impedir que los gestores públicos infractores puedan ser elegidos en las urnas.
La Ley de Transparencia permitirá que los ciudadanos conozcan, sin petición previa, el detalle de contratos, subvenciones o convenios firmados por la Administración. También se dará una mayor publicidad a los sueldos de los altos cargos.

Liquidez autonómica

La banca aportará 8.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico, dotado con 18.000 millones. Otros 6.000 millones saldrán de Loterías y el resto, del Tesoro. Así lo aseguró el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre. Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia ya han anunciado que pedirán ayuda.

En Cataluña la deuda autonómica toca a 5.500 euros por habitante mientras que en Canarias a 1.777

La deuda presiona a las comunidades autónomas. Cataluña, la última en pedir el rescate, es la región con más deuda. Concretamente, toca a más de 5.500 euros por habitante.

Cataluña es la región más endeudada se mire por donde se mire. Tiene la mayor deuda en volumen total, 42.000 millones de euros en el primer trimestre de este año, el último dato publicado por el Banco de España. También tiene el dudoso honor de poseer la ratio deuda/PIB más elevada: 21%. Y, además, en esta región es donde la deuda pesa más por habitante: 5.571 euros por catalán.

¿Cuánto pesa la deuda por habitante?

A una distancia considerable, le siguen Navarra con 4.244 euros, la Comunidad Valenciana con 4.071, Baleares con 4.024 y País Vasco con 3.112 [ver gráfico].
En la horquilla entre 2.000 y 3.000 euros por habitante se encuentran la mayoría de las comunidades: La Rioja (2.973 euros), Castilla-La Mancha (2.972), Aragón (2.771), Galicia (2.640), Madrid (2.554), Cantabria (2.193), Castilla y León (2.172), Murcia (2.078) y Asturias (2.073).
Y las regiones donde la deuda es menos pesada en relación con la población es en Extremadura (1.843 euros), Andalucía (1.825) y Canarias (1.777).

Cataluña, también la más endeuda en relación al PIB

Si se analiza el endeudamiento autonómico en relación al PIB, el del varía en ciertos casos. Cataluña sigue a la cabeza con el 21%, le sigue la Comunidad Valenciana (20,2%), Baleares (16,7%), Catilla-La Mancha (16,6%) y Navarra (14,5%).
Y ya por debajo de la media (13,5%), se sitúan Galicia (12,8%), La Rioja (11,7%), Extremadura (11,7%), Aragón (10,9%), Murcia (10,8%), Andalucía (10,6%), País Vasco (10,2%), Cantabria (9,8%), Castilla y León (9,7%), Asturias (9,7%), Canarias (9,1%) y Madrid (8,7%).

En volumen Cataluña, Valencia y Madrid acumulan más de la mitad de deuda

Las comunidades autónomas españolas acumulan una deuda de 145.118 millones de euros, según los últimos datos publicados referentes al primer trimestre. Este volumen supone un aumento del 15,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra era de 125.382 millones.
La comunidad autónoma con mayor en este periodo fue, otra vez, Cataluña, con 42.000 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
Detrás van Madrid, con 16.572 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, cuya deuda ascendió a 15.373 millones de euros. Entre las tres acumulan el 50,9% del total del endeudamiento regional.
Todos estos datos reflejan una realidad: la deuda de las comunidades autónomas está en máximos históricos y no ha parado de crecer desde 1995. Y en esta carrera de endeudamiento, Cataluña es la 'campeona'.

Rajoy avanza una reducción del 30% en el número de concejales

Las medidas del Gobierno pasan por un recorte en un 30% del número de concejales por tramos de población, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy una reducción del 30 por ciento en el número de concejales por tramos de población establecido en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Rajoy, en su comparecencia en el Congreso para informar de los acuerdos del último consejo europeo y de su política económica, ha avanzado además que se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local.

Otra de las novedades será la homogeneización y publicación de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales y, para ello, la ley de presupuestos fijará cada año los baremos en función de las características del municipio.

Rajoy ha señalado que su Gobierno acometerá la reforma de las administraciones con carácter inmediato, a fin de que prime la austeridad, aumente la eficiencia y se eviten duplicidades, atendiendo a la premisa de "una administración, una competencia".

Ese es el objetivo fundamental de la reforma para la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, que delimitará competencias y solucionará el problema de las competencias impropias, a fin de que los ayuntamientos no presten servicios para los que no tienen financiación necesaria.

Al mismo tiempo se reforzará el papel de las diputaciones provinciales para centralizar la prestación de servicios. Con esta reforma, ha agregado Rajoy, se garantizará que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados.

Las estimaciones que maneja el presidente es que esta reforma supondrá un ahorro en torno a 3.500 millones. Rajoy ha señalado que también se efectuará una drástica reducción e incluso eliminación de empresas públicas en el ámbito local.

 

¿Y si El Corte Inglés fuera el supermercado más barato?

Su nueva estrategia reduce sus precios por debajo de Mercadona y Carrefour.

El Corte Inglés ha cambiado el ritmo en alimentación y droguería y los resultados de este movimiento son, en cierto modo, sorprendentes. Nada hacía prever hace unos meses que pudiera llegar a ser más barato que sus principales competidores, Mercadona y Carrefour. Pero así es. Según una muestra de productos realizada por el diario Cinco Días, hacer la compra en los supermercados del grupo presidido por Isidoro Álvarez puede ser más barato que en sus tradicionales rivales.

Cuando El Corte Inglés presentó hace unas semanas su cambio de rumbo, bajando un 20% el precio de 5.000 productos, aseguró que su intención no era tener las tarifas más bajas que sus competidores, sino ser más competitivos sin cambiar su estrategia marquista.

"Tenemos que espabilar, hemos transmitido una sensación de estabilidad cuando nuestros competidores han bajado precios. No tenemos intención de ser una cadena low cost, pero sí queremos tener la misma referencia de precios que los grandes de la distribución en alimentación como Mercadona y Carrefour", explicó el responsable de Compras del Área de Alimentación de El Corte Inglés, Víctor del Pozo. Esta rebaja de precios de El Corte Inglés se ha realizado gracias a un recorte de márgenes. Es decir, la compañía sabe que obtiene menos beneficio por cada producto vendido, pero confía en compensarlo atrayendo a un mayor número de clientes con el gancho de las marcas al mejor precio. Así, una cesta de 26 productos que incluye marcas como Axe, García Baquero, Gillette, Coca-Cola, Mahou, Fontvella, Danone o Campofrío, cuesta en El Corte Inglés 69,8 euros, frente a los 70,8 de Mercadona o los 71,08 de Carrefour. Un diferencial no excesivamente alto pero que pone de relieve el cambio de política comercial.

¿Y qué piensan sus competidores? No tienen intención de pisar el freno en lo que a precios se refiere. Carrefour reconoce que va mantener la misma estrategia "de ser los más competitivos en todas y cada una de las secciones". Mientras, Mercadona asegura que va a continuar con su estrategia de control de costes, que denomina "disciplina". La compañía valenciana explica que durante el ejercicio 2011, esta estrategia le permitió, junto a sus proveedores, un ahorro de costes de 686 millones de euros.

Y Alcampo, tampoco cambia de dirección. De hecho, tal y como adelantó el periodico CincoDías el pasado sábado, ha creado la sociedad Superalcampo con la que tratará de recuperar posiciones en el segmento de los súper de barrio. No en vano, estos son los grandes beneficiados de la crisis, ya que los consumidores han segmentado sus compras: menos gasto en más ocasiones. Un segmento donde El Corte Inglés cuenta con Supercor Exprés y Carrefour con Express y Market.

La CNC sanciona a la SGAE con 1,7 millones por abusar en las tarifas para las bodas

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado a la SGAE con 1,7 millones por abusar de su posición de dominio en la aplicación de las tarifas para la música en las bodas. Por su parte, la entidad de gestión ha anunciado que recurrirá la sanción.

La CNC ha impuesto una sanción de 1,7 millones de euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por cobrar tarifas abusivas en relación a la autorización de la comunicación pública de obras musicales en bailes celebrados con motivo de bodas, bautizos y comuniones o en los que el acceso de los asistentes se realice a través de invitación personal.

Competencia ha detectado dos tipos de conductas cometidas por la SGAE que son la causa de la infracción y la consiguiente multa. Por un lado, habría abusado de su posición de dominio en la aplicación de descuentos de forma discriminatoria y no transparente y, por otro, por la introducción desde el año 2009 de una tarifa sustitutoria, que "es inequitativa y discriminatoria".

En lo que se refiere a la aplicación de la tarifa general entre los distintos actores del mercado de bailes y bodas, la CNC considera acreditado que la SGAE, "utilizando en las negociaciones a que le obliga la legislación vigente una política de opacidad", ha aplicado condiciones desiguales para prestaciones equivalentes a los distintos agentes.

Y sobre la introducción en 2009 de una tarifa sustitutoria para aquellos empresarios que no hicieran una notificación anticipada, el organismo que preside Joaquín García cree que es una imposición de condiciones a sus clientes.

Con respecto a por qué ha impuesto una abultada multa de 1,7 millones, Competencia especifica que ha tenido en cuenta la agravante por reincidencia, puesto que la SGAE ya fue sancionada el 25 de enero de 2002 por el Tribunal de Defensa de la Competencia por otro abuso de posición dominante, señaló en un comunicado. Asimismo, sobre la tarifa sustitutoria, el organismo considera que el abuso por parte de la entidad sigue en este momento y que "deberá poner fin al mismo".

Respuesta

Por su parte, la SGAE envió el viernes un comunicado donde anunció que recurrirá la sanción impuesta y defenderá la diferencia de trato entre colectivos y usuarios individualizados. "Esta distinción está justificada por las ventajas que genera al colectivo de clientes que respeta los derechos de autor". La entidad recuerda que hace un año se adelantó al sentido de la resolución de la CNC y desde entonces todos los usuarios que cumplan los requisitos de pagos adelantados o domiciliación bancaria de sus pagos pueden acogerse a los descuentos pactados con las asociaciones.

También discrepa de la CNC en su valoración de la tarifa sustitutoria, ya que esta evita "prácticas fraudulentas que compitan deslealmente con quienes son respetuosos con el derecho de autor".