El
Gobierno de España del Partido Popular, solucionando problemas que
fueron creados en época socialista, la historia se repite, los
socialistas crean problemas el PP busca las soluciones, seguimos
trabajando por y para la ciudadanía.
En Mataró en la reunión con los afectados de las preferentes de Caixa Laitena
Vicente Martínez-Pujalte: “Todos los ciudadanos que compraron preferentes sin saber lo que compraban y vayan al arbitraje recuperaran el 100% de su dinero”
• “A los afectados de Caixa Laietana que les canjearon las preferentes
por acciones, y por lo tanto fueron doblemente engañados, en el
arbitraje se les va a retrotraer al momento de la compra de las
preferentes”. “Las entidades tiene recursos para atender la devolución
de las inversiones”
• José Manuel López: “El Partido Popular
arreglará lo que otros destrozaron”. Agradezco “la sensibilidad del
gobierno” a la problemática de los afectados por preferentes.
15 abril 2013.- El portavoz en la comisión de economía y competitividad
en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte, se reunió
ayer en Mataró, acompañado por el concejal del Partido Popular, José
Manuel López y el Alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con la
plataforma de afectados por las preferentes de Caixa Laitena en la
comarca.
Martínez-Pujalte aseguró a los afectados que “todos
los ciudadanos que compraron preferentes sin saber lo que compraban y
vayan al arbitraje recuperaran el 100% de su dinero”. En este sentido el
Diputado explicó que “el mecanismo impulsado por el Partido Popular, el
arbitraje, permitirá que todos los engañados de las preferentes objeto
de una mala comercialización puedan recuperar el 100% de lo invertido”.
Todos los ciudadanos que compraron preferentes sin saber lo que
compraban y vayan al arbitraje recuperaran el 100% de su dinero”.
En el caso de los afectados por las preferentes de Caixa Laitena, que
les canjearon las preferentes por acciones Pujalte dijo que “en esta
comarca no hay duda que Caixa Laietana hizo una comercialización
inadecuada. Aquí los afectados fueron doblemente engañados, pero el
arbitraje les va a dar la razón y se les va a retrotraer al momento de
la compra de las preferentes”.
Vicente Martínez-Pujalte explicó
que “la comisión del arbitraje se constituye este miércoles día 17 y
será una comisión independiente que garantizará un arbitraje rápido y
transparente”. También se establecerán los criterios del arbitraje ”que
se fijarán para sumar y no para excluir”. En este sentido Pujalte dijo
que todo se tendrá en cuenta la edad, los conocimientos, los ahorros
invertidos... Asimismo el diputado Popular reiteró que “el arbitraje
será ágil y rápido” y añadió que confía que “en los próximos 6 meses se
hayan resuelto más del 50% de los casos”. El arbitraje tratará los casos
empezando por criterios de más edad, menos recursos y la cantidad de
ahorros invertidos. Martínez-Pujalte les aseguro a los afectados que
“las entidades tiene recursos para atender la devolución de las
inversiones”.
El diputado también constatar que “se están
diciendo muchas mentiras cuando se habla de que en el arbitraje habrán
‘quitas’. Solo habrá ‘quitas’ para los que sabían lo que compraban, no
para vosotros, la mayoría de afectados, que fuisteis engañados con una
comercialización de preferentes inadecuada”.
Pujalte recordó
que las preferentes es un producto que se vende en todas partes del
mundo desde hace muchos años pero son productos de riesgo que solo se
deben vender a inversores, mayoristas o clientes individuales con mucha
formación que saben lo que compran y asumen el riesgo. En al año 2009,
se vendió de manera inapropiada y masiva, engañando por lo tanto también
de manera masiva a miles de ciudadanos. En este sentido el diputado que
aunque recordó que en esa época el Partido Popular no gobernaba dijo
que “el Partido Popular no lo vendimos pero lo vamos a solucionar. Ahora
estamos en gobierno y vamos a buscar una solución a través del
arbitraje para sacar a miles de personas atrapadas en un producto
financiero que nunca quisieron comprar”. El diputado recordó que los
afectados son libres de decidir si ir al arbitraje que o a un proceso
judicial que será largo y costoso.
Vicente Martínez-Pujalte
quiso dar un hálito de esperanza a estos afectados y les aseguró que “ya
estamos en vías de solución, porque el Partido Popular tiene la
voluntad de darles una solución a estas personas que fueron traicionadas
en su buena voluntad por los directivos de sus entidades financieras
haciéndoles comprar un producto sin saber lo que compraban”. En este
sentido añadió que “quien la hace la paga” y aseguró que “se van a pedir
responsabilidades por el engaño”.
Finalmente el portavoz de
economía anunció su compromiso de volver a reunirse en un año y “rendir
cuentas” frente a los afectados. Por su parte el concejal del Partido
Popular José Manuel López aseguró que confía en que “el Partido Popular
arreglará lo que otros destrozaron” y agradeció “la sensibilidad del
gobierno” a la problemática de los afectados por preferentes y
concretamente en la corca del Maresme, a los afectados por las
preferentes de Caixa Laitena a los que les canjearon por acciones y
engañaron doblemente.
miércoles, 17 de abril de 2013
miércoles, 10 de abril de 2013
Los desahucios
Llevo
varios días escuchando hablar a numerosos políticos del PSOE entre
otros, que únicamente están con el populismo, critican al PP por el
tema de los desahucios y rápidamente olvidan las palabras de ZP de
hace casi dos años cuando éste indicaba que la dación en pago no
era posible. En el año 2008, 2009 y 2010 ya había desgraciadamente
desahucios, ¿qué hizo el gobierno socialista? Nada y en cambio ahora parecen los salvadores de todo. El PP es el
primer Gobierno que afronta este problema y lo hace con una normativa
ambiciosa, en la que se trata de reequilibrar las posiciones
entre deudores y entidades financieras y de proteger a los más
débiles. La suspensión de los lanzamientos durante un periodo de
dos años para estos colectivos es una buena muestra de ello.
* El
objeto central de la normativa que se está tramitando en el Congreso
de los Diputados es proteger a todas aquellas personas de buena fe
a las que la crisis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos
hipotecarios. Se trata de abrir vías para que no tengan que
abandonar su casa o, si tuvieran que hacerlo, moderar la carga de la
deuda que asumieron en su momento con el banco.
* El
proyecto de Ley permite paralizar las ejecuciones hipotecarias si
hubiera cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, incorporando
así a la normativa española la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE.
* Además,
el Proyecto de Ley reduce y limita los intereses de demora (tres
veces el interés legal del dinero), que evitan la rápida
multiplicación de las deudas en caso de impago; al tiempo que amplia
de 1 a 3 los meses de impago no consecutivos para que la entidad
pueda iniciar el proceso de ejecución hipotecaria.
* También
hay medidas relevantes en el ámbito de las subastas. Por un
lado se limita la participación de los bancos en las tasadoras y se
permite que el deudor presente su propia tasación; y por otro se
establecen valores mínimos de salida de las subastas al 75% (hasta
ahora inexistentes) para tratar de que el precio de adjudicación sea
más alto y permita al cliente cancelar un porcentaje más elevado de
la deuda.
* Además,
y pensando en los más desfavorecidos, el Gobierno ha implicado a
las entidades financieras en el Código de Buenas Prácticas, de
obligado cumplimiento para los bancos que lo han suscrito. Este
Código permite reestructurar la deuda, negociar una quita con el
banco y, en último extremo, la dación en pago. En este Código se
ha incluido también a los avalistas, en muchos casos personas
mayores que garantizaron con su vivienda la deuda hipotecaria de sus
hijos o nietos.
* La
dación en pago no es la panacea para resolver este problema,
porque no hay que olvidar que supone la pérdida de la vivienda. Es
mejor solución la reestructuración de la deuda mediante una
negociación con el banco para modificar cuotas o plazos porque
permite a las familias seguir viviendo en sus casas. Si se llega a la
dación en pago está previsto un alquiler a precios bajos durante
dos años antes del desahucio.
* Además,
el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo Social de Viviendas
por el que aquellas personas que hayan sufrido un desahucio desde
enero de 2008 (el inicio de la crisis) podrán acceder a un alquiler
a precio moderado (entre 150 y 400 euros, en función de sus
circunstancias socioeconómicas, con un límite máximo del 30% de
los ingresos totales de la unidad familiar). Las entidades
financieras han aportado a este fondo alrededor de 6.000 viviendas,
que empezarán a adjudicarse en las próximas semanas En la gestión
de este Fondo participan de forma activa las ONG´s.
* Con
esta medida, el Gobierno da un paso más para aliviar la situación
de aquellas familias en riesgo de exclusión social y que ya han
perdido su vivienda.
* La
filosofía que inspira estos cambios es reequilibrar las posiciones
de acreedores y deudores en los contratos hipotecarios sin afectar la
seguridad jurídica.
* Se
busca, en definitiva, mantener el carácter disuasorio del impago (un
97% de los españoles paga puntualmente sus deudas hipotecarias) al
tiempo que se evitan losas perpetuas sobre los deudores, para los que
se habilita una segunda oportunidad.
Hay
que evitar medidas cortoplacistas que dañen irreversiblemente el
acceso al crédito y que castigarían especialmente a las familias
con menos recursos.
El
objetivo es que ninguna persona sea desahuciada de su primera
vivienda y que a la vez el 97% de las personas que pagan sus
hipotecas no se vean afectadas por las medidas antidesahucio porque
el Gobierno gobierna para todos.
miércoles, 27 de febrero de 2013
Si un alumno lo pide, toda su aula tendrá clases en español.
El TS precisa que el derecho a la lengua vehicular no se satisface «con una atención particularizada» sino que exige «la entera transformación del sistema» y debe incluir
a «los condiscípulos»
La Generalitat de Cataluña deberá proceder a la «entera transformación» del sistema de enseñanza para que los alumnos que lo han reclamado puedan, «junto con sus condiscípulos», utilizar el castellano como lengua vehicular «en el colegio y en el curso» en el que estén y en la proporción que la propia Generalitat estime conveniente. Así lo precisa el Tribunal Supremo en una sentencia en la que fija la interpretación que debe darse a sus anteriores pronunciamientos que reconocen a los escolares de Cataluña el derecho a aprender en la lengua común de España.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha precisado en una sentencia conocida ayer cómo debe ejecutarse el fallo que dictó en diciembre de 2010 y por el que reconoció a
dos niños entonces escolarizados en el centro docente SIL y en la Escola del Carme, en Barcelona, el derecho a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en su enseñanza.
Ese derecho les fue negado inicialmente por la Consejería de Educación en mayo de 2006. Ahí nació
un largo proceso judicial promovido por el padre de los niños y que aún hoy sigue abierto en la fase de
ejecución. Los menores cursaban en aquel momento 2º de la ESO y 3ª de Primaria, por lo que hoy la
mayor puede encontrase en la universidad y el pequeño en 4º de la ESO.
La relevancia de la nueva sentencia del Supremo va más allá de la situación individual de esos dos
alumnos porque, tal como establece que debe ejecutarse el derecho a recibir enseñanza también en
castellano como lengua vehicular, no bastará una «atención particularizada» a esos escolares en una
especie de gueto educativo en castellano, sino que la lengua común del Estado deberá ser habilitada
como vehicular «junto con sus condiscípulos» y «en el colegio y curso en que los hijos del recurrente
siguieran la enseñanza».
Ha sido el padre de los escolares el que ha llevado de nuevo el asunto hasta el Supremo debido a lo
que, a su parecer, era una ejecución incorrecta, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), del fallo que el TS dictó a su favor el 5 de diciembre de 2010.
El Supremo declaró «el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua
vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña (...)». Dos meses después,
el 9 de febrero de 2011, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC
ordenó a la Administración educativa autonómica que cumpliese el fallo del Supremo. Ante el silencio
de la Generalitat, en junio de 2011 la misma Sección requirió a la Consejería a que informase de las
concretas medidas adoptadas.
En julio de 2011, la Generalitat contestó, aportando datos estadísticos, que el estado de la
normalización lingüística no permitía cambiar el modelo educativo. La Sección consideró esa
contestación insuficiente y dio a la Generalitat dos meses para cumplir el fallo del TS.
Contra esa decisión la Generalitat presentó un recurso que fue resuelto el 8 de marzo de 2012 por el
Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
Este tribunal confirmó la resolución de la Sección Quinta respecto a «la obligación que tiene la
Administración demandada de adoptar medidas en relación a la enseñanza que se imparte a los hijos
del recurrente» y ello por «no aparecer acreditado que esa Administración haya ejecutado
debidamente el fallo del TS». El TSJC no estimó suficiente que la Generalitat hubiese dado
instrucciones a los centros para que los dos escolares fuesen atendidos «de modo individual» en
castellano.
Por el contrario, el TSJC dejó sin efecto la resolución de la Sección Quinta en lo referido al cambio
entero del sistema de enseñanza en Cataluña.
El TS declara que el pronunciamiento del TSJC fue correcto, por lo que ha desestimado el recurso del
padre. «El derecho que se reconoció al recurrente en representación de sus hijos fue que a éstos, en el
centro y curso en que se escolarizaran, se les educase en ambas lenguas vehiculares, catalán y
castellano, para lo que deberán adoptarse las medidas precisas por la Administración educativa
catalana».
La Sala añade que lo acordado por el TSJC «fue el sentido del fallo de nuestra sentencia» de 2010,
que «ha de interpretarse (...) como un reconocimiento de que el derecho que el recurrente impetraba
no se satisfacía con la prestación a sus hijos de una atención particularizada en castellano, sino con la
entera transformación del sistema, de modo que sus hijos, junto con sus condiscípulos, utilizaran, en la
proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la
enseñanza».
El TS precisa que con la expresión «entera transformación del sistema» se refiere «al seguido en el
colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza».
Noticia extraida de El Mundo.
a «los condiscípulos»
La Generalitat de Cataluña deberá proceder a la «entera transformación» del sistema de enseñanza para que los alumnos que lo han reclamado puedan, «junto con sus condiscípulos», utilizar el castellano como lengua vehicular «en el colegio y en el curso» en el que estén y en la proporción que la propia Generalitat estime conveniente. Así lo precisa el Tribunal Supremo en una sentencia en la que fija la interpretación que debe darse a sus anteriores pronunciamientos que reconocen a los escolares de Cataluña el derecho a aprender en la lengua común de España.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha precisado en una sentencia conocida ayer cómo debe ejecutarse el fallo que dictó en diciembre de 2010 y por el que reconoció a
dos niños entonces escolarizados en el centro docente SIL y en la Escola del Carme, en Barcelona, el derecho a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en su enseñanza.
Ese derecho les fue negado inicialmente por la Consejería de Educación en mayo de 2006. Ahí nació
un largo proceso judicial promovido por el padre de los niños y que aún hoy sigue abierto en la fase de
ejecución. Los menores cursaban en aquel momento 2º de la ESO y 3ª de Primaria, por lo que hoy la
mayor puede encontrase en la universidad y el pequeño en 4º de la ESO.
La relevancia de la nueva sentencia del Supremo va más allá de la situación individual de esos dos
alumnos porque, tal como establece que debe ejecutarse el derecho a recibir enseñanza también en
castellano como lengua vehicular, no bastará una «atención particularizada» a esos escolares en una
especie de gueto educativo en castellano, sino que la lengua común del Estado deberá ser habilitada
como vehicular «junto con sus condiscípulos» y «en el colegio y curso en que los hijos del recurrente
siguieran la enseñanza».
Ha sido el padre de los escolares el que ha llevado de nuevo el asunto hasta el Supremo debido a lo
que, a su parecer, era una ejecución incorrecta, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), del fallo que el TS dictó a su favor el 5 de diciembre de 2010.
El Supremo declaró «el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua
vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña (...)». Dos meses después,
el 9 de febrero de 2011, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC
ordenó a la Administración educativa autonómica que cumpliese el fallo del Supremo. Ante el silencio
de la Generalitat, en junio de 2011 la misma Sección requirió a la Consejería a que informase de las
concretas medidas adoptadas.
En julio de 2011, la Generalitat contestó, aportando datos estadísticos, que el estado de la
normalización lingüística no permitía cambiar el modelo educativo. La Sección consideró esa
contestación insuficiente y dio a la Generalitat dos meses para cumplir el fallo del TS.
Contra esa decisión la Generalitat presentó un recurso que fue resuelto el 8 de marzo de 2012 por el
Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
Este tribunal confirmó la resolución de la Sección Quinta respecto a «la obligación que tiene la
Administración demandada de adoptar medidas en relación a la enseñanza que se imparte a los hijos
del recurrente» y ello por «no aparecer acreditado que esa Administración haya ejecutado
debidamente el fallo del TS». El TSJC no estimó suficiente que la Generalitat hubiese dado
instrucciones a los centros para que los dos escolares fuesen atendidos «de modo individual» en
castellano.
Por el contrario, el TSJC dejó sin efecto la resolución de la Sección Quinta en lo referido al cambio
entero del sistema de enseñanza en Cataluña.
El TS declara que el pronunciamiento del TSJC fue correcto, por lo que ha desestimado el recurso del
padre. «El derecho que se reconoció al recurrente en representación de sus hijos fue que a éstos, en el
centro y curso en que se escolarizaran, se les educase en ambas lenguas vehiculares, catalán y
castellano, para lo que deberán adoptarse las medidas precisas por la Administración educativa
catalana».
La Sala añade que lo acordado por el TSJC «fue el sentido del fallo de nuestra sentencia» de 2010,
que «ha de interpretarse (...) como un reconocimiento de que el derecho que el recurrente impetraba
no se satisfacía con la prestación a sus hijos de una atención particularizada en castellano, sino con la
entera transformación del sistema, de modo que sus hijos, junto con sus condiscípulos, utilizaran, en la
proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la
enseñanza».
El TS precisa que con la expresión «entera transformación del sistema» se refiere «al seguido en el
colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza».
Noticia extraida de El Mundo.
lunes, 18 de febrero de 2013
La guerra del pan estalla en el súper
Mercadona baja hasta 0,37 euros la barra cuando se compran tres unidades
y Ahorramás responde con una oferta de tres por 1 euro. Lidl y Dia son
los más agresivos y venden la unidad a 0,39 euros.
La guerra del pan sube de tono. La batalla desatada en Valencia con la venta de barras a 0,20 euros no ha pasado desapercibida para la gran distribución, cuyas ventas en volumen cayeron por vez primera durante 2012. El pan es un producto básico en la cesta de la compra y, por ello, sirve de gancho para atraer clientes todos los días a los establecimientos de proximidad.
Sin llegar al nivel de precios que ha provocado este alimento en Valencia, donde las tres panaderías de José Navarro en Torrent, Quart de Poblet y Gandía venden desde septiembre (cuando rebajó el precio de la barra de pan hasta 0,20 euros) más de 50.000 barras diarias, las cadenas de supermercados también se han lanzado a la batalla del pan.
Mercadona ha sido uno de los últimos en añadir presión a sus rivales. El grupo valenciano ha rebajado en toda España de 0,40 a 0,37 euros la tarifa de la barra de pan de 250 gramos cuando se compra en paquetes de tres unidades. Si, por el contrario, se adquiere de manera individual, el precio es de 0,45 euros.
De esta forma, la compañía presidida por Juan Roig planta cara sus dos grandes competidores en el formato descuento, Lidl y Dia, donde es posible comprar una barra de 250 gramos por 0,39 euros.
Los más baratos
El grupo alemán comenzó la venta de pan en 2006 y poco a poco se ha ido extendiendo a todas las tiendas. De esta forma, en la actualidad, los 530 establecimientos de la empresa ofrecen pan a sus consumidores. La barra básica cuesta 0,39 euros.
En el caso de Dia, la cadena de supermercados sigue una política de precios diferente en función de la competencia existente en el ámbito de influencia de cada establecimiento. Pero, en Madrid, una tienda de Dia próxima a Mercadona vende la baguette de 250 gramos a 0,39 euros.
Esta semana, Ahorramás también ha decidido responder al desafío del sector y ha lanzado una oferta de tres barras de pan por 1 euro. De manera que cada unidad cuesta poco más de 0,33 euros. El precio si se compra individualmente es de 0,45 euros, la misma tarifa que en Carrefour. En esta cadena, está aún vigente una promoción de dos barras a 0,33 euros.
También en Madrid, Alcampo promociona en sus folletos como precio estrella la barra de pan de 200 gramos a 0,38 euros; aunque en Alicante era posible adquirir el producto por 0,32 euros la primera semana de enero.
Por su parte, la cadena valenciana Consum asegura que sigue la estrategia de no realizar ofertas por acumulación de producto, especialmente en alimentación básica, como es el caso del pan. En sus establecimientos, la barra de 250 gramos cuesta siempre 44 céntimos. A pesar de la batalla por la barra de pan, el precio de este básico de la compra subió un 1,2% en el último ejercicio, según refleja el IPC. En este periodo, los cereales y derivados se revalorizaron un 1,9%. En enero, el pan subió un 0,2%. En este dato hay que tener cuenta el peso de los establecimientos tradicionales.
Más de 35 kilos
Cada español consume de media 35,62 kilos de pan al año, según el Ministerio de Agricultura. En noviembre del año pasado, el precio medio del kilo de pan se situó en 2,39 euros el kilo. De esta forma, la barra costaba 0,59 euros.
Frente a la batalla en el pan básico, el producto gourmet de alta calidad gana peso entre los consumidores. En las panaderías tradicionales la barra cuesta 0,60 euros, mientras que en las boutiques del pan el precio supera el euro.
La guerra del pan sube de tono. La batalla desatada en Valencia con la venta de barras a 0,20 euros no ha pasado desapercibida para la gran distribución, cuyas ventas en volumen cayeron por vez primera durante 2012. El pan es un producto básico en la cesta de la compra y, por ello, sirve de gancho para atraer clientes todos los días a los establecimientos de proximidad.
Sin llegar al nivel de precios que ha provocado este alimento en Valencia, donde las tres panaderías de José Navarro en Torrent, Quart de Poblet y Gandía venden desde septiembre (cuando rebajó el precio de la barra de pan hasta 0,20 euros) más de 50.000 barras diarias, las cadenas de supermercados también se han lanzado a la batalla del pan.
Mercadona ha sido uno de los últimos en añadir presión a sus rivales. El grupo valenciano ha rebajado en toda España de 0,40 a 0,37 euros la tarifa de la barra de pan de 250 gramos cuando se compra en paquetes de tres unidades. Si, por el contrario, se adquiere de manera individual, el precio es de 0,45 euros.
De esta forma, la compañía presidida por Juan Roig planta cara sus dos grandes competidores en el formato descuento, Lidl y Dia, donde es posible comprar una barra de 250 gramos por 0,39 euros.
Los más baratos
El grupo alemán comenzó la venta de pan en 2006 y poco a poco se ha ido extendiendo a todas las tiendas. De esta forma, en la actualidad, los 530 establecimientos de la empresa ofrecen pan a sus consumidores. La barra básica cuesta 0,39 euros.
En el caso de Dia, la cadena de supermercados sigue una política de precios diferente en función de la competencia existente en el ámbito de influencia de cada establecimiento. Pero, en Madrid, una tienda de Dia próxima a Mercadona vende la baguette de 250 gramos a 0,39 euros.
Esta semana, Ahorramás también ha decidido responder al desafío del sector y ha lanzado una oferta de tres barras de pan por 1 euro. De manera que cada unidad cuesta poco más de 0,33 euros. El precio si se compra individualmente es de 0,45 euros, la misma tarifa que en Carrefour. En esta cadena, está aún vigente una promoción de dos barras a 0,33 euros.
También en Madrid, Alcampo promociona en sus folletos como precio estrella la barra de pan de 200 gramos a 0,38 euros; aunque en Alicante era posible adquirir el producto por 0,32 euros la primera semana de enero.
Por su parte, la cadena valenciana Consum asegura que sigue la estrategia de no realizar ofertas por acumulación de producto, especialmente en alimentación básica, como es el caso del pan. En sus establecimientos, la barra de 250 gramos cuesta siempre 44 céntimos. A pesar de la batalla por la barra de pan, el precio de este básico de la compra subió un 1,2% en el último ejercicio, según refleja el IPC. En este periodo, los cereales y derivados se revalorizaron un 1,9%. En enero, el pan subió un 0,2%. En este dato hay que tener cuenta el peso de los establecimientos tradicionales.
Más de 35 kilos
Cada español consume de media 35,62 kilos de pan al año, según el Ministerio de Agricultura. En noviembre del año pasado, el precio medio del kilo de pan se situó en 2,39 euros el kilo. De esta forma, la barra costaba 0,59 euros.
Frente a la batalla en el pan básico, el producto gourmet de alta calidad gana peso entre los consumidores. En las panaderías tradicionales la barra cuesta 0,60 euros, mientras que en las boutiques del pan el precio supera el euro.
martes, 5 de febrero de 2013
Bárcenas: «Ese cuaderno ni existe, ni ha existido. Y no es mi letra»
Es
el hombre más buscado, pero Luis Bárcenas, el epicentro del escándalo
que ha puesto en la diana al PP, ha sido poco pródigo en declaraciones.
Ayer lo hizo y habló de «operación de acoso y derribo al partido y al
presidente del Gobierno orquestada por aquellos que no tienen otra forma
de llegar al poder», al tiempo que negó la autenticidad de los papeles
que se le han atribuido. «Ese cuaderno no existe, ni ha existido. Y, en
consecuencia, esa letra no es mía», declaró anoche a Antonio Jiménez en
«El cascabel al gato», de 13TV, donde dijo estar «dispuesto a
presentarme a cualquier prueba caligráfica o poligráfica para demostrar
la falsedad de la publicación». El ex tesorero popular negó ser el
origen de las filtraciones que han destapado una presunta contabilidad
irregular, ya que constituirían «un nuevo foco adicional contra mí y me
enfrentarían con mis amigos y compañeros de partido». Sobre la recepción
de donativos, Bárcenas aseguró que «todos los pagos se hacían por
transferencia o talón y no existían cobros en metálico». En ese sentido,
el ex senador del PP negó la existencia de una cuenta corriente a la
que se destinaran los donativos con los que se pagaban sobresueldos a la
cúpula del PP. En palabras de Luis Bárcenas, «ni Mariano Rajoy ni
ningún directivo o empleado del partido recibió sobresueldos», e
insistió en que está «dispuesto a declarar y dar las explicaciones que
sean necesarias para demostrarlo». Además, dijo confiar plenamente en la
Justicia y que «todo lo que he hecho lo volvería a hacer de nuevo».
El
ex senador del PP habló por primera vez el pasado 22 de enero, cuando
al ser preguntado si defendía su inocencia contestó con un «faltaría
más». Al día siguiente, en conversación telefónica con el entonces
periodista de Intereconomía Antonio Jiménez, aseguró que nunca ha pagado
sobresueldos a miembros de la cúpula del PP y pidió que no se implique
al partido en las cuentas que él ha tenido en Suiza. Según Jiménez,
Bárcenas le insistió en que nunca se ha pagado con recibos a dirigentes
populares, ni se han firmado «recibís». Además, señaló que el dinero que
ha tenido en Suiza ha sido suyo y no para financiar al PP, y que eso
podrá demostrarlo. Respecto al supuesto pago en sobres a dirigentes y
empleados del partido, se preguntó: «¿Alguien se imagina a gente
preparada y con titulaciones, a secretarios ejecutivos del PP, bajar a
mi despacho a recoger el sobre y firmar un "recibí"?».
Noticia extraida de La Razón
jueves, 17 de enero de 2013
Los usuarios activos de Instagram se desploman un 50% en un mes
El éxodo se produce por la entrada en vigor de nuevos términos de uso. Muchos usuarios han dejado de usar el servicio de fotos, adquirido por Facebook, ante el temor de que la compañía viole sus derechos de propiedad.
Los nuevos términos de uso de la popular red social de fotos Instagram ha provocado una fuerte fuga de usuarios. Según los datos publicados por AppStats, el número de usuarios activos se ha reducido un 50% en un mes. Así, habría pasado de los 16,35 millones de usuarios activos al día el 17 de diciembre a los 7,41 millones del 14 de enero.
Algunos medios como Digital Spy aseguran que el éxodo obedece a un boicot de los usuarios ante los polémicos cambios de privacidad que Instagram propuso en diciembre y que entran en vigor este miércoles. De hecho, la mayor caída en la cifra de usuarios activos diarios en esta red se dio el 18 de diciembre, justo el día después que se anunciaran los cambios de privacidad. Ese día la cifra se situó en unos cinco millones de usuarios pero recuperó su número habitual el 19 de diciembre.
Instagram, que fue comprada por Facebook por 765 millones de euros el pasado mes de abril, anunció el pasado 18 de diciembre que con los nuevo términos de uso de la red social dejaban en manos de la compañía el derecho a comercializar las fotos publicadas por sus usuarios sin necesidad de informarles sobre ello. Un hecho que levantó rápidamente la ira de numerosas asociaciones defensoras de la privacidad y de numerosos usuarios descontentos con la medida.
La polémica fue tal que Instagram aseguró que se había malinterpretado lo que habían querido decir y que los cambios no serían en esos términos. En ese sentido, la compañía explicó que sus planes pasaban por intentar rentabilizar el servicio, pero sin vulnerar los derechos de sus usuarios. Instagram, que ha llegado a enviar una carta a todos sus suscriptores donde les detalla que la propiedad de las fotos no cambia y que empezarán a compartir datos de registro con Facebook para mejorar la plataforma, no cuenta cómo lo va a hacer.
El servicio de fotos se enfrenta ya a una demanda colectiva presentada por varios usuarios en EE UU. Estos quieren impedir el uso comercial de imágenes subidas al servicio por los usuarios, por considerar que viola los derechos de propiedad.
Noticia extraida de cincodias.com
jueves, 27 de diciembre de 2012
El precio de la vivienda caerá otro 30% en cinco años
Hace tres meses, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez
Latorre, cumplió con una tradición ya arraigada y recurrente en los
últimos gobiernos: afirmar que el precio de la vivienda podría haber
“tocado suelo”.
Y si es ya una costumbre que los gobernantes intenten recalentar el mercado, más aún lo es que la realidad les dé la espalda. Porque en cinco años de ajuste inmobiliario no se han atisbado indicios de recuperación. Y los analistas no los ven, tampoco, en los próximos cinco años.
De hecho, las perspectivas son de todo menos halagüeñas. El precio de la vivienda ya ha caído más de un 30%, pero enfila una caída similar, o incluso mayor, entre 2013 y 2018, según el informe Situación y perspectivas del mercado inmobiliario residencial en España, de la consultora R. R. de Acuña & Asociados.
El estudio pone de manifiesto que “los precios actuales podrían llegar a caer del orden de un 31%” adicional en el próximo lustro. “Sin embargo, entendemos que la caída podría ser todavía mayor”, agrega el informe. Es decir, incluso “de entre el 40% y el 50%”, en términos reales, como asegura a este diario Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, presidente de la consultora.
Pero el deterioro de precios no sólo se producirá durante el próximo quinquenio, sino “durante un periodo de entre 10 y 15 años”, que es el que se necesitará, cuando menos, para liquidar todo el excedente de inmuebles que acumulan promotores, bancos y particulares. Además, “las entidades financieras presionarán el mercado para liquidar sus bienes”, según R. R. de Acuña & Asociados.
José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial, opina que “el mercado inmobiliario es inverso al precio: cuando sube se vende más, y cuando baja se vende menos. Todo depende de la financiación o de los especuladores que quieren comprar lo más bajo posible para revender lo más caro soñable”. Es decir que la dinámica actual del sector hace que haya menos compras, lo que obliga a ofrecer mayores descuentos. Y las perspectivas de que haya más rebajas hacen que la demanda embalsada espere a unos precios mejores –siempre que encuentre financiación hipotecaria, claro–.
Pero, ¿tiene tanto recorrido a la baja la vivienda en España? La respuesta es sí. De hecho, para estabilizarse, “el precio de la vivienda debería de aproximarse a cerca de cinco veces la renta neta del hogar”, apuntó recientemente Ángel Serrano, director general de Negocios de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. Hoy este indicador se encuentra en seis veces.
Recorrido a la baja
Esos datos que destaca Serrano, extraídos del Banco de España, se refieren a una vivienda libre media, de 93,75 metros cuadrados, que actualmente costaría 150.600 euros. Para que, en lugar de seis veces la renta bruta disponible de un hogar, su precio se redujera a cinco anualidades salariales, la vivienda media debería rebajar su precio hasta los 125.500 euros (25.100 menos). De esta forma, la vivienda tiene que caer como mínimo un 16,7% adicional para llegar a niveles sostenibles.
Un largo recorrido, pero no el fin del trayecto descendente de los precios, a tenor de las previsiones de R. R. de Acuña & Asociados. En su informe, la consultora alude a una comparación entre España y Japón. Allí se ha producido un deterioro en los precios reales del 30% en los últimos 20 años respecto de su precio mínimo. Sin embargo, aquí el valor actual de la vivienda es un 46% superior al precio mínimo alcanzado en el mismo periodo de tiempo. Por tanto, el ajuste no se ha completado.
De esta forma, los pisos acabarían siendo más baratos que al por mayor. “Se habla de que los precios no pueden caer por debajo del coste de reposición [es decir, lo que determina cuánto costaría construir el inmueble en la actualidad]; sin embargo, en estos momentos, en más del 40% de las áreas provinciales analizadas en España los precios de la vivienda ya se encuentran por debajo de ese coste de reposición”, afirma el estudio de Acuña.
Además, la demanda de potenciales compradores de vivienda será débil “por el decrecimiento de la población y su envejecimiento”, agrega. Pero la oferta es asimétrica a la demanda (la localización de los posibles compradores no tiene por qué coincidir con la de los inmuebles que se venden), así que, pese al gran stock, en algunas zonas se tendrá que construir más casas: “Las necesidades estarán en torno a 400.000 de 2013 a 2018, cantidad que se satisfará con lo que se edifique durante ese periodo (unas 50.000 al año)”, dice Acuña.
Fiscalidad y banco malo
Bien es cierto que el golpe fiscal que aguarda a las puertas de 2013 –la subida del IVA inmobiliario, del 4% al 10%, y el fin de la deducción en el IRPF por la compra de vivienda– recalentará de nuevo los precios. Pero a medio y largo plazo “la corrección será claramente a la baja”, según Julio Gil, socio director de Horizone Consulting inmobiliario. Además, la entrada en juego del banco malo tendrá un efecto significativo en los precios.
“Teniendo en cuenta el entorno macroeconómico y el desequilibrio entre oferta y demanda, el ajuste no ha terminado, ni mucho menos”, agrega Gil. No en vano, el panorama no pinta precisamente bien para el sector, como subraya el consultor José Luis Ruiz: “Más paro, menos margen para las empresas, menos capacidad adquisitiva de las familias, más impuestos, poca financiación hipotecaria... es la tormenta perfecta”. ¿Perfecta? Quién sabe. Pero ¿duradera y profunda? Seguro. Al menos, como hasta ahora, con otra depreciación del 30%.
Artículo extraído de Expansión digital.
Y si es ya una costumbre que los gobernantes intenten recalentar el mercado, más aún lo es que la realidad les dé la espalda. Porque en cinco años de ajuste inmobiliario no se han atisbado indicios de recuperación. Y los analistas no los ven, tampoco, en los próximos cinco años.
De hecho, las perspectivas son de todo menos halagüeñas. El precio de la vivienda ya ha caído más de un 30%, pero enfila una caída similar, o incluso mayor, entre 2013 y 2018, según el informe Situación y perspectivas del mercado inmobiliario residencial en España, de la consultora R. R. de Acuña & Asociados.
El estudio pone de manifiesto que “los precios actuales podrían llegar a caer del orden de un 31%” adicional en el próximo lustro. “Sin embargo, entendemos que la caída podría ser todavía mayor”, agrega el informe. Es decir, incluso “de entre el 40% y el 50%”, en términos reales, como asegura a este diario Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, presidente de la consultora.
Pero el deterioro de precios no sólo se producirá durante el próximo quinquenio, sino “durante un periodo de entre 10 y 15 años”, que es el que se necesitará, cuando menos, para liquidar todo el excedente de inmuebles que acumulan promotores, bancos y particulares. Además, “las entidades financieras presionarán el mercado para liquidar sus bienes”, según R. R. de Acuña & Asociados.
José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial, opina que “el mercado inmobiliario es inverso al precio: cuando sube se vende más, y cuando baja se vende menos. Todo depende de la financiación o de los especuladores que quieren comprar lo más bajo posible para revender lo más caro soñable”. Es decir que la dinámica actual del sector hace que haya menos compras, lo que obliga a ofrecer mayores descuentos. Y las perspectivas de que haya más rebajas hacen que la demanda embalsada espere a unos precios mejores –siempre que encuentre financiación hipotecaria, claro–.
Pero, ¿tiene tanto recorrido a la baja la vivienda en España? La respuesta es sí. De hecho, para estabilizarse, “el precio de la vivienda debería de aproximarse a cerca de cinco veces la renta neta del hogar”, apuntó recientemente Ángel Serrano, director general de Negocios de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. Hoy este indicador se encuentra en seis veces.
Recorrido a la baja
Esos datos que destaca Serrano, extraídos del Banco de España, se refieren a una vivienda libre media, de 93,75 metros cuadrados, que actualmente costaría 150.600 euros. Para que, en lugar de seis veces la renta bruta disponible de un hogar, su precio se redujera a cinco anualidades salariales, la vivienda media debería rebajar su precio hasta los 125.500 euros (25.100 menos). De esta forma, la vivienda tiene que caer como mínimo un 16,7% adicional para llegar a niveles sostenibles.
Un largo recorrido, pero no el fin del trayecto descendente de los precios, a tenor de las previsiones de R. R. de Acuña & Asociados. En su informe, la consultora alude a una comparación entre España y Japón. Allí se ha producido un deterioro en los precios reales del 30% en los últimos 20 años respecto de su precio mínimo. Sin embargo, aquí el valor actual de la vivienda es un 46% superior al precio mínimo alcanzado en el mismo periodo de tiempo. Por tanto, el ajuste no se ha completado.
De esta forma, los pisos acabarían siendo más baratos que al por mayor. “Se habla de que los precios no pueden caer por debajo del coste de reposición [es decir, lo que determina cuánto costaría construir el inmueble en la actualidad]; sin embargo, en estos momentos, en más del 40% de las áreas provinciales analizadas en España los precios de la vivienda ya se encuentran por debajo de ese coste de reposición”, afirma el estudio de Acuña.
Además, la demanda de potenciales compradores de vivienda será débil “por el decrecimiento de la población y su envejecimiento”, agrega. Pero la oferta es asimétrica a la demanda (la localización de los posibles compradores no tiene por qué coincidir con la de los inmuebles que se venden), así que, pese al gran stock, en algunas zonas se tendrá que construir más casas: “Las necesidades estarán en torno a 400.000 de 2013 a 2018, cantidad que se satisfará con lo que se edifique durante ese periodo (unas 50.000 al año)”, dice Acuña.
Fiscalidad y banco malo
Bien es cierto que el golpe fiscal que aguarda a las puertas de 2013 –la subida del IVA inmobiliario, del 4% al 10%, y el fin de la deducción en el IRPF por la compra de vivienda– recalentará de nuevo los precios. Pero a medio y largo plazo “la corrección será claramente a la baja”, según Julio Gil, socio director de Horizone Consulting inmobiliario. Además, la entrada en juego del banco malo tendrá un efecto significativo en los precios.
“Teniendo en cuenta el entorno macroeconómico y el desequilibrio entre oferta y demanda, el ajuste no ha terminado, ni mucho menos”, agrega Gil. No en vano, el panorama no pinta precisamente bien para el sector, como subraya el consultor José Luis Ruiz: “Más paro, menos margen para las empresas, menos capacidad adquisitiva de las familias, más impuestos, poca financiación hipotecaria... es la tormenta perfecta”. ¿Perfecta? Quién sabe. Pero ¿duradera y profunda? Seguro. Al menos, como hasta ahora, con otra depreciación del 30%.
Artículo extraído de Expansión digital.
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