Els brots de legionella a Sabadell i Ripollet ha ocasionat ja 10 víctimes mortals i 48 afectats.
- El Departament de Salut no ha publicat tota la informació de que disposaven ni ha
comparegut públicament per transmetre informació i traslladar serenitat i evitar alarma social.
- El Secretari de Salut Pública triga 17 dies en comparèixer i quan ho fa ja hi ha 2 morts i 23 afectats. Torna a comparèixer en roda de premsa al cap de 10 dies més i ja hi ha 8 morts.
- Boí Ruíz compareix en comissió parlamentària al cap de 13 dies més (40 dies des de la primera víctima) i llavors anuncia 2 morts més sense cap explicació afegida
- El Conseller de Salut no ha aparegut en aquests 2 mesos per l’Hospital Parc Taulí però sí ha tingut temps d’anar a la V de la Diada i a fer-se fotografies amb el paper del decret de convocatòria del Referendum.
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Los brotes de legionella en Sabadell y Ripollet han ocasionado ya 10 víctimas mortales y 48 afectados.
- El Departamento de Salud no ha publicado toda la información de la que disponían, ni ha
comparecido públicamente para transmitir información y trasladar serenidad y evitar alarma social.
-
El Secretario de Salud Pública tarda 17 días en comparecer y cuando lo
hace ya hay 2 muertos y 23 afectados. Vuelve a comparecer en rueda de
prensa a la cabeza de 10 días más y ya hay 8 muertos.
- Boí Ruíz
comparece en comisión parlamentaria a la cabeza de 13 días más (40 días
desde la primera víctima) y entonces anuncia 2 muertos más sin ninguna
explicación añadida.
- El Consejero de Salud no ha aparecido en
estos 2 meses por el Hospital Parc Taulí pero sí ha tenido tiempo de
ir a la Fiesta de la V y a hacerse fotografías con el papel del decreto
de convocatoria del Referendum.
jueves, 30 de octubre de 2014
miércoles, 29 de octubre de 2014
El 24% de los españoles ignora que puede ser espiado con la cámara de su 'smartphone'
Un informe especializado alerta que, además de mediante la 'webcam' del ordenador, los ciberataques pueden producirse a través de otros dispositivos.
El problema de la seguridad en la red es una cuestión que forma parte de la actualidad informativa. Espiar y utilizar nuestros datos privados parece tarea fácil, una cuestión que puede trasladarse a las cámaras de nuestros dispositivos y que constituye un claro ataque a nuestra intimidad.Por este motivo, Kaspersky Lab ha presentado una serie de pautas concretas que evitarían la infracción. La empresa, especializada en antivirus y software de seguridad, ha asegurado que “sin la protección adecuada, la cámara de nuestro ordenador, tableta o smartphone puede convertirse en un espía silencioso”, un asunto que desconoce al menos la mitad de los usuarios y contra el que solo un porcentaje muy bajo toma medidas. De hecho, la mayoría ni siquiera cubre la cámara de su ordenador personal.
A pesar de que existe una mayor concienciación sobre la posibilidad de espionaje mediante la cámara de los ordenadores, el informe sobre seguridad multi-dispositivo de Kaspersky Lab de 2014 estima que un 24% de los españoles ignora que también puede hacerse a través de su tableta y teléfono inteligente. El mismo documento asegura que a solo un 37% le preocupa ser objeto de este tipo de ciberataques.
martes, 28 de octubre de 2014
Lo que no se explica de la consulta catalana
Por fin Artur Mas firmó el anunciado decreto de
convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Del decreto se desprende
que la eficiente Generalitat solo pretende, con la celebración de dicha
consulta, «ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal,
política e institucional que le corresponde». Para ello se quiere
preguntar a los ciudadanos: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un
Estado? Y, en caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea
independiente?». A pesar de estas palabras tan amigables, en realidad,
supone un jaque al Estado y a sus ciudadanos.
Algunos catalanes ya venimos observando cómo,
poco a poco, nuestros derechos y libertades individuales se están
poniendo al servicio de la construcción de una nación cimentada a base
de medias verdades y manipulaciones históricas, de estrujar al máximo el
derecho, y de apropiarse de los sentimientos. Todo para justificar algo
que al final, después de tantos esfuerzos, no van a conseguir. Esto es,
que Cataluña sea una nación en términos jurídicos. O, dicho de otra
manera, no han podido demostrar que Cataluña sea titular de un derecho
colectivo de autodeterminación y, consecuentemente, tenga poder para
decidir su independencia.
Fíjense que en los últimos meses uno de los
argumentos que más ha convencido cuando ya se iba viendo que la consulta
no iba ser legal, era que la democracia debía de estar por encima del
derecho. Es más, algunos líderes políticos han dicho que la voluntad del
pueblo era más importante que cualquier ley. Asimismo, se han celebrado
en Barcelona masivas manifestaciones ciudadanas pidiendo que a los
catalanes se les deje votar el 9 de noviembre «porque es democrático».
Incluso algunos representantes políticos han insultado a quienes no
entienden que la nación catalana es una realidad, en sí misma,
incuestionable. Quien no acepte esta realidad, pretenden hacernos creer,
es que no tiene ni idea de lo que está pasando en Cataluña. Aunque
quien lo diga sea catalán y viva en un entorno nacionalista rodeado de
banderas secesionistas.
El pasado 23 de enero del 2013, muchos catalanes
nos quedamos boquiabiertos cuando el Parlamento catalán aprobó, por
menos de dos terceras partes (mínimo necesario para modificar el
Estatut), que el pueblo de Cataluña era «un sujeto político y jurídico
soberano con derecho a decidir». ¿Por qué necesitaban declarar la
condición jurídica de dicho pueblo? Es curioso, porque tras su
aprobación hubo un intenso debate ciudadano sobre los efectos jurídicos
de la citada declaración. Sin embargo, el Tribunal Constitucional
despejó, posteriormente, ciertas dudas al declarar nulas las
disposiciones de la resolución que conferían soberanía al pueblo de
Cataluña, porque entendió que lo jurídico no es solo lo que es
vinculante y que la atribución de soberanía confería poderes que no
correspondían a las nacionalidades que integran la nación española. Por
tanto, con esta sentencia se perdía al sujeto titular de un pretendido
derecho a decidir.
El decreto de la consulta catalana vuelve
machaconamente sobre la idea de convertir a la nación catalana en una
entidad titular de derechos. Ni siquiera se detiene en lo que podría
ser la base del pueblo catalán. Todo lo contrario, quienes pueden votar
son, principalmente, los que residen en el territorio catalán (la
nación), los demás catalanes no importan.
Se engaña cuando se afirma que la votación es
inocua porque no es vinculante: no lo es. Votar el próximo 9 de
noviembre significa reconocer que la nación catalana es un sujeto
titular del derecho a decidir su independencia. Algo que en estos
momentos no está contemplado ni en el derecho interno ni en el derecho
internacional. Quienes bendicen la consulta contribuyen a consolidar la
idea que la nación catalana es un sujeto político distinto a España con
poder para opinar (y decidir) sobre su secesión.
Votar no es una solución al problema que enfrenta
a los catalanes. Hay catalanes que libremente no queremos ceder
nuestros derechos a una nación y sabemos que la consulta es el primer
paso. Tampoco es una solución reconocer la singularidad catalana porque
solo se piensa en los catalanes cuya realidad (no jurídica) es la nación
catalana, pero no se tiene en cuenta a los demás catalanes y al
conjunto de la ciudadanía española .
A algunos catalanes no nos queda más remedio que
emprender todo tipo de acciones democráticas para que nuestros derechos y
libertades no se vean perjudicados por este proceso secesionista, como
el derecho a la protección de los datos personales o la libertad de
pensamiento y de conciencia, que van a ir más allá de la fallida
consulta programada para el 9 de noviembre. Artículo de Susana Beltrán.
Análisis: El golpe económico de una independencia de Cataluña II
En 2014, la inversión extranjera en Cataluña cayó un 51% respecto al mismo periodo del 2013.
Firmas de EEUU congelan inversiones por la inestabilidad política en Cataluña.
- Los datos registrados por Cataluña en el periodo comprendido entre abril y junio de 2014 han constituido en Cataluña un mínimo histórico de inversión extranjera desde 1993, primer año en que existen datos sobre tal indicador. En el segundo trimestre de ese año, la inversión extranjera ascendió a 277 millones. Además, 1993 fue un año de profunda crisis económica, frente al momento de recuperación que vive la economía catalana actualmente.
- En los primeros seis meses de 2013 el flujo de inversión bruta en la Comunidad alcanzó los 1.268 millones de euros; entre enero y junio de 2014 ha caído a 523,23 millones, menos de la mitad.
- Durante el mismo periodo de tiempo la inversión productiva en la Comunidad de Madrid ha ascendido a 3.039 millones, es decir, casi seis veces más que Cataluña.
- Todas las grandes potencias están reduciendo su volumen de negocio en Cataluña. Como Alemania (44% menos de inversión en el primer semestre de 2014 que en el de 2013), Estados Unidos (68% menos), Rusia (24% menos), Reino Unido (86% menos) y Japón (de 51,3 millones a cero).
- La caída de la inversión extranjera ha afectado a los principales sectores productivos de Cataluña.
Las industrias manufacturas, el pilar básico de la economía catalana, ha recibido este 2014 un 77 por ciento menos de inversión extranjera que en 2013.
Anda que no estarán contentos en Madrid y en otras comunidades...una lástima para los que queremos una mejor Cataluña.
Firmas de EEUU congelan inversiones por la inestabilidad política en Cataluña.
- Los datos registrados por Cataluña en el periodo comprendido entre abril y junio de 2014 han constituido en Cataluña un mínimo histórico de inversión extranjera desde 1993, primer año en que existen datos sobre tal indicador. En el segundo trimestre de ese año, la inversión extranjera ascendió a 277 millones. Además, 1993 fue un año de profunda crisis económica, frente al momento de recuperación que vive la economía catalana actualmente.
- En los primeros seis meses de 2013 el flujo de inversión bruta en la Comunidad alcanzó los 1.268 millones de euros; entre enero y junio de 2014 ha caído a 523,23 millones, menos de la mitad.
- Durante el mismo periodo de tiempo la inversión productiva en la Comunidad de Madrid ha ascendido a 3.039 millones, es decir, casi seis veces más que Cataluña.
- Todas las grandes potencias están reduciendo su volumen de negocio en Cataluña. Como Alemania (44% menos de inversión en el primer semestre de 2014 que en el de 2013), Estados Unidos (68% menos), Rusia (24% menos), Reino Unido (86% menos) y Japón (de 51,3 millones a cero).
- La caída de la inversión extranjera ha afectado a los principales sectores productivos de Cataluña.
Las industrias manufacturas, el pilar básico de la economía catalana, ha recibido este 2014 un 77 por ciento menos de inversión extranjera que en 2013.
martes, 14 de octubre de 2014
Regeneración Democrática del PP
Voy a citar las medidas que ha realizado el gobierno de Mariano Rajoy para la regeneración democrática, ya que esto no se ve por los medios y considero que es muy importante.
Recordar que esto no existía antes de Rajoy, que se pueden añadir cosas, seguro que sí, pero ya os digo antes no había NADA de esto...
CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
- Se prohíben las donaciones procedentes de personas jurídicas.
- Los bancos no podrán condonar las deudas totales o parciales a los partidos.
- No se podrán condonar los intereses ni pactar condiciones financieras por debajo de las del mercado.
- Los partidos políticos no podrán financiarse a través de Gobiernos u organismos extranjeros, o a través de entidades o empresas de carácter público en el extranjero.
- Los partidos, tras el envío al Tribunal de Cuentas, publicarán en su web, en el plazo de un mes, el balance, la cuenta de resultados y la situación detallada de los préstamos bancarios pendientes.
- Los gerentes, tesoreros y responsables de la gestión económico-financiera del partido deberán tener acreditados conocimientos y experiencia laboral profesional y además reunir condiciones de honorabilidad.
- Las aportaciones de las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos estarán sometidas al control del Tribunal de Cuentas.
- Los partidos deberán publicar en su página web las instrucciones para la adjudicación de contratos regulados por el partido.
- Se publicar´na las subvenciones recibidas y las donaciones de más de 50.000 €.
TRANSPARENCIA:
- Ampliación del derecho de acceso a la información pública, a demanda del ciudadano.
- Obligatoriedad de publicidad activa: retribuciones, subvenciones, contratos, convenios, etc.
- Inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de aplicación de la Ley: regularización detallada de sus obligaciones de publicidad activa.
- Definición con rango legal, de los principios de buen gobierno y régimen sancionador.
- Refuerzo del control sobre actividades económicas de "Personas de Especial Relevancia Política".
NOMBRAMIENTOS DE ALTOS CARGOS:
- Sólo podrán ser nombrados altos cargos quienes además de reunir la experiencia y formación relativa al puesto reúnan las condiciones de honorabilidad.
- No podrán ser nombrados altos cargos los condenados a prisión por sentencia firme hasta que hayan cumplido su condena.
- Tampoco podrán ser altos cargos, aquellos condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra libertas; contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, etc.
HONORABILIDAD
- El alto cargo suscribirá una declaración responsable en la que manifestará que cumple los requisitos de idoneidad para ser alto cargo.
- Se publicará el CV de los altos cargos y se tendrá en cuenta la valoración de su formación, así como su experiencia relacionada con el contenido de su función.
SALARIO Y PRESTACIONES DE LOS POLÍTICOS
- Las retribuciones de todos los altos cargos serán públicas.
- Ningún alto cargo tendrá tarjetas de crédito para sus gastos de representación.
PUERTAS GIRATORIAS
- Un alto cargo no podrá prestar servicios durante los dos primeros años posteriores a su cese a una empresa privada que haya resultado afectada en decisiones en las que haya participado.
- Cuando un alto cargo tome posesión, deberá realizar en un plazo de tres meses una declaración de las actividades que hubiera desempeñado en los dos últimos años.
- También declararán sus bienes y patrimonio dentro de los tres primeros meses desde su toma de posesión.
- Al concluir su mandato, se examinará la situación patrimonial del alto cargo.
INCOMPATIBILIDADES
- Todas las pensiones, prestaciones o percepción económica prevista una vez cesado de cualquier cargo, puesto o actividad pública, serán incompatibles con cualquier retribución pública o privada.
- Toda pensión o prestación económica será incompatible con el cobro de la pensión de jubilación o retiro de la Seguridad Social.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
- No se podrá compatibilizar con otra actividad pública o privada.
- No podrán tener más del 10% de las participaciones de una empresa que contrate con el sector público o que reciba subvenciones.
Recordar esto antes no existía...y antes digo hace 3 años, sigo pensando que este es el camino.
Recordar que esto no existía antes de Rajoy, que se pueden añadir cosas, seguro que sí, pero ya os digo antes no había NADA de esto...
CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
- Se prohíben las donaciones procedentes de personas jurídicas.
- Los bancos no podrán condonar las deudas totales o parciales a los partidos.
- No se podrán condonar los intereses ni pactar condiciones financieras por debajo de las del mercado.
- Los partidos políticos no podrán financiarse a través de Gobiernos u organismos extranjeros, o a través de entidades o empresas de carácter público en el extranjero.
- Los partidos, tras el envío al Tribunal de Cuentas, publicarán en su web, en el plazo de un mes, el balance, la cuenta de resultados y la situación detallada de los préstamos bancarios pendientes.
- Los gerentes, tesoreros y responsables de la gestión económico-financiera del partido deberán tener acreditados conocimientos y experiencia laboral profesional y además reunir condiciones de honorabilidad.
- Las aportaciones de las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos estarán sometidas al control del Tribunal de Cuentas.
- Los partidos deberán publicar en su página web las instrucciones para la adjudicación de contratos regulados por el partido.
- Se publicar´na las subvenciones recibidas y las donaciones de más de 50.000 €.
TRANSPARENCIA:
- Ampliación del derecho de acceso a la información pública, a demanda del ciudadano.
- Obligatoriedad de publicidad activa: retribuciones, subvenciones, contratos, convenios, etc.
- Inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de aplicación de la Ley: regularización detallada de sus obligaciones de publicidad activa.
- Definición con rango legal, de los principios de buen gobierno y régimen sancionador.
- Refuerzo del control sobre actividades económicas de "Personas de Especial Relevancia Política".
NOMBRAMIENTOS DE ALTOS CARGOS:
- Sólo podrán ser nombrados altos cargos quienes además de reunir la experiencia y formación relativa al puesto reúnan las condiciones de honorabilidad.
- No podrán ser nombrados altos cargos los condenados a prisión por sentencia firme hasta que hayan cumplido su condena.
- Tampoco podrán ser altos cargos, aquellos condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra libertas; contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, etc.
HONORABILIDAD
- El alto cargo suscribirá una declaración responsable en la que manifestará que cumple los requisitos de idoneidad para ser alto cargo.
- Se publicará el CV de los altos cargos y se tendrá en cuenta la valoración de su formación, así como su experiencia relacionada con el contenido de su función.
SALARIO Y PRESTACIONES DE LOS POLÍTICOS
- Las retribuciones de todos los altos cargos serán públicas.
- Ningún alto cargo tendrá tarjetas de crédito para sus gastos de representación.
PUERTAS GIRATORIAS
- Un alto cargo no podrá prestar servicios durante los dos primeros años posteriores a su cese a una empresa privada que haya resultado afectada en decisiones en las que haya participado.
- Cuando un alto cargo tome posesión, deberá realizar en un plazo de tres meses una declaración de las actividades que hubiera desempeñado en los dos últimos años.
- También declararán sus bienes y patrimonio dentro de los tres primeros meses desde su toma de posesión.
- Al concluir su mandato, se examinará la situación patrimonial del alto cargo.
INCOMPATIBILIDADES
- Todas las pensiones, prestaciones o percepción económica prevista una vez cesado de cualquier cargo, puesto o actividad pública, serán incompatibles con cualquier retribución pública o privada.
- Toda pensión o prestación económica será incompatible con el cobro de la pensión de jubilación o retiro de la Seguridad Social.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
- No se podrá compatibilizar con otra actividad pública o privada.
- No podrán tener más del 10% de las participaciones de una empresa que contrate con el sector público o que reciba subvenciones.
Recordar esto antes no existía...y antes digo hace 3 años, sigo pensando que este es el camino.
miércoles, 8 de octubre de 2014
¿Qué ha hecho el gobierno contra la corrupción?
Para los que somos regidores como un servidor, sin sueldos o salarios, ver noticias sobre corrupción semana si, semana también, de los continuos chorizos y ladrones del partido que sean...nos fastidia, nos mina, a mi personalmente me da asco y me repugna...Muchos me dicen que el PP no hace nada, pues bueno voy a indicar todo lo que ha hecho el PP desde que está en el gobierno...
Recordar antes de leerlo, esto no existía antes de Rajoy, es lo que ha hecho él desde que es Presidente.
MEDIDAS DESTACADAS:
- Se ha aprobado la primera ley de transparencia, que somete al control público a partidos, sindicatos e incluso la Casa Real.
- Se han fortalecido las penas por corrupción, en delitos como la prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
- Se han incluido medidas pioneras contra la evasión fiscal: castiga como nunca antes la regularización de rentas y bienes en el extranjero.
- Se han regulado a los altos cargos de la administración, limitando sus nombramientos, remuneraciones e indemnizaciones.
- Se ha creado el delito por financiación ilegal de partidos en la reforma del Código Penal.
- Se ha regulado las cuentas de los partidos, restringiendo las donaciones, prohibiendo las condonaciones de las deudas bancarias y reduciendo la subvención estatal que reciben.
- Se ha recuperado la responsabilidad penal de los partidos, que el Gobierno socialista eliminó en 2010.
- Endurecimiento de las penas en supuestos de prevaricación de especial gravedad.
- Refuerzo en la persecución de los delitos de cohecho.
- Ampliación de las conductas tipificadas como tráfico de influencias.
- Revisión de los delitos de fraudes y exacciones ilegales.
- Incremento de las penas máximas para los delitos patrimoniales más graves.
- Revisión del delito por falsedad contable.
- Incorporación de nuevos delitos relacionados con la financiación y la gestión de los partidos.
MEDIDAS PROCESALES
- Agilización de los procesos judiciales en casos de corrupción, permitiendo acelerar el enjuiciamiento.
- Agilización en casos de acumulación de procesos, vinculando esta posibilidad a la eficacia y rapidez de la instrucción.
- Evitar que la determinación de la responsabilidad civil retrase el proceso penal.
- Limitación de la utilización de recursos en el proceso con finalidad dilatoria.
El Plan de Lucha contra el Fraude recauda más de 5.508 millones en seis meses, el mejor resultado de la historia...y pese a ello siempre habrá chorizos y ladrones, podéis indicar que se pueden hacer más cosas, pero recordar antes de Rajoy no había nada de esto...y esto es sólo el comienzo.
Recordar antes de leerlo, esto no existía antes de Rajoy, es lo que ha hecho él desde que es Presidente.
MEDIDAS DESTACADAS:
- Se ha aprobado la primera ley de transparencia, que somete al control público a partidos, sindicatos e incluso la Casa Real.
- Se han fortalecido las penas por corrupción, en delitos como la prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
- Se han incluido medidas pioneras contra la evasión fiscal: castiga como nunca antes la regularización de rentas y bienes en el extranjero.
- Se han regulado a los altos cargos de la administración, limitando sus nombramientos, remuneraciones e indemnizaciones.
- Se ha creado el delito por financiación ilegal de partidos en la reforma del Código Penal.
- Se ha regulado las cuentas de los partidos, restringiendo las donaciones, prohibiendo las condonaciones de las deudas bancarias y reduciendo la subvención estatal que reciben.
- Se ha recuperado la responsabilidad penal de los partidos, que el Gobierno socialista eliminó en 2010.
- Endurecimiento de las penas en supuestos de prevaricación de especial gravedad.
- Refuerzo en la persecución de los delitos de cohecho.
- Ampliación de las conductas tipificadas como tráfico de influencias.
- Revisión de los delitos de fraudes y exacciones ilegales.
- Incremento de las penas máximas para los delitos patrimoniales más graves.
- Revisión del delito por falsedad contable.
- Incorporación de nuevos delitos relacionados con la financiación y la gestión de los partidos.
MEDIDAS PROCESALES
- Agilización de los procesos judiciales en casos de corrupción, permitiendo acelerar el enjuiciamiento.
- Agilización en casos de acumulación de procesos, vinculando esta posibilidad a la eficacia y rapidez de la instrucción.
- Evitar que la determinación de la responsabilidad civil retrase el proceso penal.
- Limitación de la utilización de recursos en el proceso con finalidad dilatoria.
El Plan de Lucha contra el Fraude recauda más de 5.508 millones en seis meses, el mejor resultado de la historia...y pese a ello siempre habrá chorizos y ladrones, podéis indicar que se pueden hacer más cosas, pero recordar antes de Rajoy no había nada de esto...y esto es sólo el comienzo.
viernes, 3 de octubre de 2014
Análisis: El golpe económico de una independencia de Cataluña
En estos momentos España se encuentra en una situación de incertidumbre
política y económica motivada por las actuaciones separatistas que se
están produciendo en Cataluña. Precisamente el sábado pasado el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmó el decreto para convocar
la consulta sobre el futuro político de Cataluña.
El panorama nos parece complicado ya que, por un lado, existe un movimiento social en pro de la independencia legítimo y respetable y, por otro, se han aducido argumentos para impulsarlo que no se ajustan a la realidad como, por ejemplo, «fuera de España nos iría mejor», «una Cataluña independiente seguiría formando parte de la Unión Europea» y «la independencia nos daría más prosperidad».
Estancamiento económico
Dejando aparte que una Cataluña independiente estaría peor económicamente, el propio proceso plebiscitario está generando una inestabilidad que está perjudicando considerablemente las expectativas económicas y de inversión en la comunidad autónoma. Además, el momento no puede ser más inoportuno ya que el entorno económico europeo no parece muy favorable y, como ya avanzó Mario Draghi la semana pasada, Europa se enfrenta a una posible situación de estancamiento. Efectivamente, el conjunto de la zona del euro avanza muy lentamente y todavía mantiene un nivel de crecimiento inferior al del comienzo de la crisis, mientras que otros países como Estados Unidos ya lo han superado. Además, se han detenido las tasas de crecimiento de economías muy importantes como las de Alemania, Francia e Italia.
Así, la confianza empresarial alemana se ha debilitado y el componente de expectativas del Índice IFO, que elabora mensualmente el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich, ha caído en septiembre al nivel más bajo desde hace veinte meses: un 99,3 (recordemos que valores superiores a 100 indican expansión económica e inferiores señalan contracción). Éste es, en parte, el resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia, que abastece el 40% de la energía en Alemania y que está deteriorando las expectativas económicas de sus empresarios.
En Cataluña parece que también se tuercen las cosas. Según el último
informe de Convivencia Cívica Catalana, la inversión extranjera que
llegó a Cataluña durante el segundo trimestre de este año fue un tercio
(34%) de la que recibió en el mismo periodo del año anterior. Un reflejo
claro de las intenciones de los inversores internacionales ante un
posible resultado independentista. El panorama de las empresas no es
mucho más halagüeño.
Dos grandes entidades financieras catalanas, CaixaBank y Banco Sabadell, podrían necesitar planes para trasladar su sede fuera de Cataluña. Si Cataluña se independiza se quedará fuera de la zona del euro y, por tanto, sus bancos no recibirían créditos del Banco Central Europeo (BCE) que además de ser baratos (tienen un tipo de interés del 0,05%), son el último recurso con el que cuentan las entidades de crédito para resolver situaciones de falta de liquidez.
Éste es sólo un ejemplo de los efectos que está teniendo no ya la independencia, sino el mero hecho de plantear una posible consulta sobre ella. Si, además, la separación fuera real, los efectos sobre la economía catalana podrían ser considerables. Cataluña se contraería y el colapso económico podría ser considerable fundamentalmente porque una parte de las empresas radicadas allí se irían. La actividad empresarial no se mueve por sentimentalismos nacionalistas sino por motivos económicos y sociales y desde el momento en que se hiciera efectiva la independencia las empresas catalanas tendrían que luchar para hacerse un hueco en los mercados internacionales.
¿Por qué esta situación de inferioridad de las empresas en un contexto de independencia? En primer lugar porque la independencia supondría la salida automática de Cataluña de la UE. Lo que significaría que la UE aplicaría inmediatamente un arancel a la importación de productos catalanes. Sería el mismo que soportan los países que no son miembros de la Unión Europea. Además, Cataluña podría caer en la tentación de elevar barreras arancelarias para proteger a sus empresas de los productos extranjeros.
En definitiva, las empresas catalanas verían como aumentan sus costes de importación de las materias primas y bienes intermedios que no se produzcan en Cataluña a la vez que disminuyen sus ingresos por exportaciones. La solución al problema está clara: trasladar la empresa fuera de Cataluña para continuar trabajando en un territorio que forme parte de la UE y de su mercado único. Además, como señalan los libros, el aumento de aranceles generaría una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica. Todo ello disminuiría considerablemente las oportunidades de Cataluña de generar ventajas competitivas.
Aumento del déficit público
Esta situación de reducción de la producción dificultaría la solvencia del sector público catalán y llevaría a un desequilibrio de las cuentas públicas. Primero, porque los ingresos se contraerían por la menor actividad económica que generaría la deslocalización de las empresas, lo que disminuiría las bases imponibles y, como consecuencia, la recaudación fiscal.
Segundo, los gastos serían mayores. El Gobierno de Cataluña tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español como las pensiones, y de incrementos en sueldos de los funcionarios y en defensa. Asimismo, debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años. Años que formarían parte de un periodo clave para consolidar económicamente la independencia.
Por tanto, el resultado sería un grave déficit público catalán que no podría recurrir a la emisión de deuda para su financiación, ya que la previsible desconfianza de los inversores en su devolución impediría a Cataluña acceder a los mercados internacionales. Es difícil pensar que un país de reciente creación, pequeño comparado con los gigantes europeos y sin apoyo internacional, sea merecedor de la confianza de los compradores de bonos que, en definitiva, puede destinar sus recursos a cualquier otro territorio con mejores expectativas.
El abandono de la zona del euro y la creación de una nueva moneda Además, si Cataluña se independizase, se vería obligada a abandonar la Unión Monetaria Europea. En ese posible escenario a Cataluña se le abrirían dos posibilidades: mantener el euro o crear su propia moneda. En el primer caso, nadie puede impedir que Cataluña continúe usando el euro. Pero para que un país pueda utilizar una moneda que no controla debe conseguir acercarse al equilibrio fiscal. Sólo así podría tener acceso a la financiación internacional.
Sin embargo, ante un escenario de elevado déficit público, sin ayudas de la UE y sin recurso al BCE, es imposible utilizar una moneda como el euro. Por tanto, lo más probable es que Cataluña en el caso de independizarse desarrollaría su propia moneda: llamémosla «catalino». En ese caso tendría que hacer un «corralito» que evitase la estampida de depósitos en euros. El tipo de cambio inicial, por comodidad sería: 1 euro = 1 catalino. Entonces el Gobierno de Cataluña invitaría a sus ciudadanos a que vayan al Banco Central de Cataluña y/o por extensión a los bancos comerciales ubicados en Cataluña a cambiar sus euros por catalinos.
¿Alguno de ustedes, queridos lectores, iría corriendo al banco a cambiar sus euros por catalinos? Nadie. Todos los catalanes guardarían sus euros a buen recaudo o se los llevarían al extranjero. Y antes de que el Gobierno catalán hiciese un «corralito» y bloqueara las cuentas en euros para convertirlas más tarde y automáticamente en catalinos, retirarían rápidamente sus depósitos en euros y los pondrían en una cuenta en otros países como España, Andorra o Francia.
Lo harían entre otras cosas, porque una vez introducida la nueva moneda, el siguiente paso es la devaluación del catalino, con el fin de financiar el déficit público y también para ganar en competitividad. Al principio, para dar confianza y evitar suspicacias, haría falta mantener un tipo de cambio fijo. Pero al poco tiempo se depreciaría su moneda y Cataluña habría ganado competitividad, porque los precios en euros de sus exportaciones se habrían reducido considerablemente.
Pero con la nueva moneda no todo serían ventajas y habría también importantes inconvenientes. El primero la inflación, por varios motivos: 1) los precios de las importaciones, valorados en catalinos, aumentarían lo que incrementaría el nivel de precios de los bienes de consumo; y 2) crecerían los costes de producción de las empresas que necesiten comprar en el exterior, lo que reducirían sus márgenes de beneficio y elevarían sus precios de venta.
El segundo, mayores dificultades para hacer frente a las deudas expresadas en euros, que serían la mayoría y que después de la devaluación serían mucho mayores en términos de la nueva moneda local. Y finalmente, descontento social. Los que pudieron mantener sus ahorros en euros habrán visto aumentar su poder adquisitivo mientras aquellos que sufrieron el corralito o simplemente no tuvieron la oportunidad de retirar sus depósitos se habrán empobrecido. En definitiva, las consecuencias de una Cataluña fuera del euro serían muy graves. A corto plazo el panorama se tornaría muy complicado: dificultad para pagar tanto la deuda privada como la pública, deslocalización del sistema financiero y parte del tejido productivo y, como consecuencia, débil crecimiento económico. Por supuesto, como es fácil ver, esto no sólo sería perjudicial para Cataluña sino también para España.
Una forma de evitar estas indeseables consecuencias sería que Cataluña siguiera perteneciendo a la Unión Económica y Monetaria. Esta favorable situación económica de tener el euro como divisa es algo que se está dando por hecho en las reivindicaciones independentistas. No obstante, el proceso de adhesión a la UE está firmemente regulado y está sujeto a numerosos requisitos. Además, haría falta unanimidad en el Consejo de la UE, del que forma parte España, para aceptar la entrada del nuevo miembro. Por supuesto, la decisión se toma en función de los costes y beneficios económicos y políticos y, además, es muy probable que la adhesión de Cataluña beneficiara también a España. Sin embargo, la incertidumbre existe y es una herramienta más de negociación, igual que lo es la valoración de qué parte de la deuda española corresponde a Cataluña.
El papel de las expectativas
Es cierto que la economía catalana cuenta con una importante parte del tejido empresarial e industrial del país. Pero no se puede olvidar que la actividad económica futura está basada, entre otras cosas, en la confianza y en la estabilidad.
Probablemente los aficionados a la economía recuerden que las expectativas de los agentes afectan al funcionamiento de los mercados y también a las decisiones políticas. Esta característica que describe la Real Academia como la «posibilidad razonable de que algo suceda» es ahora el principal condicionante económico de nuestro país y un potencial freno a nuestro ritmo de crecimiento.
Son precisamente estas expectativas económicas las que anticipan un desequilibrio importante en las finanzas públicas catalanas y que aumentaría bajo la hipótesis de la independencia ya que aumentarían los gastos (motivados por la creación del nuevo Estado, el pago del servicio de la deuda pública española que le correspondiese y el mantenimiento de las instituciones y de las administraciones públicas) y se reducirían los ingresos por el efecto de una menor actividad económica. A lo anterior se une que los agentes económicos puedan cuestionar la permanencia de Cataluña en el euro lo que haría que la confianza en la economía catalana se viera perjudicada.
En definitiva, el sentimiento independentista es respetable y siempre que sea conforme a derecho se debería saber cuál es la intención de la mayoría de los catalanes sobre su pertenencia a España. Pero la independencia de Cataluña es una realidad mucho más compleja de lo que en general se está planteando.
Además, en un entorno como el actual de debilidad económica de la UE, el mero hecho de hacer una consulta sobre la independencia de Cataluña añadiría todavía más incertidumbre y, por tanto, inestabilidad a la frágil economía europea, española y catalana.
Articulo extraido de Expansion.com
El panorama nos parece complicado ya que, por un lado, existe un movimiento social en pro de la independencia legítimo y respetable y, por otro, se han aducido argumentos para impulsarlo que no se ajustan a la realidad como, por ejemplo, «fuera de España nos iría mejor», «una Cataluña independiente seguiría formando parte de la Unión Europea» y «la independencia nos daría más prosperidad».
Estancamiento económico
Dejando aparte que una Cataluña independiente estaría peor económicamente, el propio proceso plebiscitario está generando una inestabilidad que está perjudicando considerablemente las expectativas económicas y de inversión en la comunidad autónoma. Además, el momento no puede ser más inoportuno ya que el entorno económico europeo no parece muy favorable y, como ya avanzó Mario Draghi la semana pasada, Europa se enfrenta a una posible situación de estancamiento. Efectivamente, el conjunto de la zona del euro avanza muy lentamente y todavía mantiene un nivel de crecimiento inferior al del comienzo de la crisis, mientras que otros países como Estados Unidos ya lo han superado. Además, se han detenido las tasas de crecimiento de economías muy importantes como las de Alemania, Francia e Italia.
Así, la confianza empresarial alemana se ha debilitado y el componente de expectativas del Índice IFO, que elabora mensualmente el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich, ha caído en septiembre al nivel más bajo desde hace veinte meses: un 99,3 (recordemos que valores superiores a 100 indican expansión económica e inferiores señalan contracción). Éste es, en parte, el resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia, que abastece el 40% de la energía en Alemania y que está deteriorando las expectativas económicas de sus empresarios.
Dos grandes entidades financieras catalanas, CaixaBank y Banco Sabadell, podrían necesitar planes para trasladar su sede fuera de Cataluña. Si Cataluña se independiza se quedará fuera de la zona del euro y, por tanto, sus bancos no recibirían créditos del Banco Central Europeo (BCE) que además de ser baratos (tienen un tipo de interés del 0,05%), son el último recurso con el que cuentan las entidades de crédito para resolver situaciones de falta de liquidez.
Éste es sólo un ejemplo de los efectos que está teniendo no ya la independencia, sino el mero hecho de plantear una posible consulta sobre ella. Si, además, la separación fuera real, los efectos sobre la economía catalana podrían ser considerables. Cataluña se contraería y el colapso económico podría ser considerable fundamentalmente porque una parte de las empresas radicadas allí se irían. La actividad empresarial no se mueve por sentimentalismos nacionalistas sino por motivos económicos y sociales y desde el momento en que se hiciera efectiva la independencia las empresas catalanas tendrían que luchar para hacerse un hueco en los mercados internacionales.
¿Por qué esta situación de inferioridad de las empresas en un contexto de independencia? En primer lugar porque la independencia supondría la salida automática de Cataluña de la UE. Lo que significaría que la UE aplicaría inmediatamente un arancel a la importación de productos catalanes. Sería el mismo que soportan los países que no son miembros de la Unión Europea. Además, Cataluña podría caer en la tentación de elevar barreras arancelarias para proteger a sus empresas de los productos extranjeros.
En definitiva, las empresas catalanas verían como aumentan sus costes de importación de las materias primas y bienes intermedios que no se produzcan en Cataluña a la vez que disminuyen sus ingresos por exportaciones. La solución al problema está clara: trasladar la empresa fuera de Cataluña para continuar trabajando en un territorio que forme parte de la UE y de su mercado único. Además, como señalan los libros, el aumento de aranceles generaría una reducción del comercio internacional y una menor eficiencia económica. Todo ello disminuiría considerablemente las oportunidades de Cataluña de generar ventajas competitivas.
Aumento del déficit público
Esta situación de reducción de la producción dificultaría la solvencia del sector público catalán y llevaría a un desequilibrio de las cuentas públicas. Primero, porque los ingresos se contraerían por la menor actividad económica que generaría la deslocalización de las empresas, lo que disminuiría las bases imponibles y, como consecuencia, la recaudación fiscal.
Segundo, los gastos serían mayores. El Gobierno de Cataluña tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español como las pensiones, y de incrementos en sueldos de los funcionarios y en defensa. Asimismo, debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años. Años que formarían parte de un periodo clave para consolidar económicamente la independencia.
Por tanto, el resultado sería un grave déficit público catalán que no podría recurrir a la emisión de deuda para su financiación, ya que la previsible desconfianza de los inversores en su devolución impediría a Cataluña acceder a los mercados internacionales. Es difícil pensar que un país de reciente creación, pequeño comparado con los gigantes europeos y sin apoyo internacional, sea merecedor de la confianza de los compradores de bonos que, en definitiva, puede destinar sus recursos a cualquier otro territorio con mejores expectativas.
El abandono de la zona del euro y la creación de una nueva moneda Además, si Cataluña se independizase, se vería obligada a abandonar la Unión Monetaria Europea. En ese posible escenario a Cataluña se le abrirían dos posibilidades: mantener el euro o crear su propia moneda. En el primer caso, nadie puede impedir que Cataluña continúe usando el euro. Pero para que un país pueda utilizar una moneda que no controla debe conseguir acercarse al equilibrio fiscal. Sólo así podría tener acceso a la financiación internacional.
Sin embargo, ante un escenario de elevado déficit público, sin ayudas de la UE y sin recurso al BCE, es imposible utilizar una moneda como el euro. Por tanto, lo más probable es que Cataluña en el caso de independizarse desarrollaría su propia moneda: llamémosla «catalino». En ese caso tendría que hacer un «corralito» que evitase la estampida de depósitos en euros. El tipo de cambio inicial, por comodidad sería: 1 euro = 1 catalino. Entonces el Gobierno de Cataluña invitaría a sus ciudadanos a que vayan al Banco Central de Cataluña y/o por extensión a los bancos comerciales ubicados en Cataluña a cambiar sus euros por catalinos.
¿Alguno de ustedes, queridos lectores, iría corriendo al banco a cambiar sus euros por catalinos? Nadie. Todos los catalanes guardarían sus euros a buen recaudo o se los llevarían al extranjero. Y antes de que el Gobierno catalán hiciese un «corralito» y bloqueara las cuentas en euros para convertirlas más tarde y automáticamente en catalinos, retirarían rápidamente sus depósitos en euros y los pondrían en una cuenta en otros países como España, Andorra o Francia.
Lo harían entre otras cosas, porque una vez introducida la nueva moneda, el siguiente paso es la devaluación del catalino, con el fin de financiar el déficit público y también para ganar en competitividad. Al principio, para dar confianza y evitar suspicacias, haría falta mantener un tipo de cambio fijo. Pero al poco tiempo se depreciaría su moneda y Cataluña habría ganado competitividad, porque los precios en euros de sus exportaciones se habrían reducido considerablemente.
Pero con la nueva moneda no todo serían ventajas y habría también importantes inconvenientes. El primero la inflación, por varios motivos: 1) los precios de las importaciones, valorados en catalinos, aumentarían lo que incrementaría el nivel de precios de los bienes de consumo; y 2) crecerían los costes de producción de las empresas que necesiten comprar en el exterior, lo que reducirían sus márgenes de beneficio y elevarían sus precios de venta.
El segundo, mayores dificultades para hacer frente a las deudas expresadas en euros, que serían la mayoría y que después de la devaluación serían mucho mayores en términos de la nueva moneda local. Y finalmente, descontento social. Los que pudieron mantener sus ahorros en euros habrán visto aumentar su poder adquisitivo mientras aquellos que sufrieron el corralito o simplemente no tuvieron la oportunidad de retirar sus depósitos se habrán empobrecido. En definitiva, las consecuencias de una Cataluña fuera del euro serían muy graves. A corto plazo el panorama se tornaría muy complicado: dificultad para pagar tanto la deuda privada como la pública, deslocalización del sistema financiero y parte del tejido productivo y, como consecuencia, débil crecimiento económico. Por supuesto, como es fácil ver, esto no sólo sería perjudicial para Cataluña sino también para España.
Una forma de evitar estas indeseables consecuencias sería que Cataluña siguiera perteneciendo a la Unión Económica y Monetaria. Esta favorable situación económica de tener el euro como divisa es algo que se está dando por hecho en las reivindicaciones independentistas. No obstante, el proceso de adhesión a la UE está firmemente regulado y está sujeto a numerosos requisitos. Además, haría falta unanimidad en el Consejo de la UE, del que forma parte España, para aceptar la entrada del nuevo miembro. Por supuesto, la decisión se toma en función de los costes y beneficios económicos y políticos y, además, es muy probable que la adhesión de Cataluña beneficiara también a España. Sin embargo, la incertidumbre existe y es una herramienta más de negociación, igual que lo es la valoración de qué parte de la deuda española corresponde a Cataluña.
El papel de las expectativas
Es cierto que la economía catalana cuenta con una importante parte del tejido empresarial e industrial del país. Pero no se puede olvidar que la actividad económica futura está basada, entre otras cosas, en la confianza y en la estabilidad.
Probablemente los aficionados a la economía recuerden que las expectativas de los agentes afectan al funcionamiento de los mercados y también a las decisiones políticas. Esta característica que describe la Real Academia como la «posibilidad razonable de que algo suceda» es ahora el principal condicionante económico de nuestro país y un potencial freno a nuestro ritmo de crecimiento.
Son precisamente estas expectativas económicas las que anticipan un desequilibrio importante en las finanzas públicas catalanas y que aumentaría bajo la hipótesis de la independencia ya que aumentarían los gastos (motivados por la creación del nuevo Estado, el pago del servicio de la deuda pública española que le correspondiese y el mantenimiento de las instituciones y de las administraciones públicas) y se reducirían los ingresos por el efecto de una menor actividad económica. A lo anterior se une que los agentes económicos puedan cuestionar la permanencia de Cataluña en el euro lo que haría que la confianza en la economía catalana se viera perjudicada.
En definitiva, el sentimiento independentista es respetable y siempre que sea conforme a derecho se debería saber cuál es la intención de la mayoría de los catalanes sobre su pertenencia a España. Pero la independencia de Cataluña es una realidad mucho más compleja de lo que en general se está planteando.
Además, en un entorno como el actual de debilidad económica de la UE, el mero hecho de hacer una consulta sobre la independencia de Cataluña añadiría todavía más incertidumbre y, por tanto, inestabilidad a la frágil economía europea, española y catalana.
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