La Eurocámara pedirá hoy suspender ventajas arancelarias a Argentina

La suspensión de estas ventajas afectaría a 2.400 millones de euros en exportaciones de Argentina a la UE, al incluir productos como aceite de soja, biodiesel y alimentación.

El Parlamento Europeo pedirá este jueves que se estudie suspender parcialmente las ventajas arancelarias que la UE concede unilateralmente a los productos importados de Argentina como represalia por la expropiación de la petrolera YPF, filial de la española Repsol.

Alrededor del 27% del total de las exportaciones de Argentina a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales, según datos de 2010. En particular, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumo de limón, tabaco, mandarinas y uva de mesa.

La sus pensión de estas ventajas arancelarias es la única medida concreta que incluye la resolución pactada por los principales grupos políticos de la Eurocámara -populares, socialistas, liberales y euroescépticos -sobre la crisis de YPF, en la que se "deplora" la actuación del Gobierno de Cristina Kirchner.

Los Verdes e Izquierda Unitaria son los dos únicos grupos del Parlamento que se han desmarcado de la resolución de consenso y han defendido la "soberanía" de Argentina para gestionar sus recursos. El apoyo del resto de partidos garantiza que se aprobará este viernes por amplia mayoría.

La Eurocámara "insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluyendo la posible suspensión parcial de las preferencias tarifarias unilaterales previstas en el sistema de preferencias generalizadas (SPG)".

El SPG es una herramienta de política comercial de la UE que concede ventajas unilaterales a las importaciones procedentes de países pobres. Argentina está incluida en la lista pero saldrá el 1 de enero de 2014 porque ya no se le considera un país en vías de desarrollo.

Por otra parte, el Consejo de Ministros de este viernes abordará previsiblemente un informe sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar tras la nacionalización por parte de Argentina de YPF, filial de Repsol.

El Gobierno español no ha querido desvelar las represalias que ejercerá contra Argentina por la expropiación de YPF y se ha limitado a señalar que la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tendrá consecuencias "diplomáticas, comerciales, energéticas e industriales".
Las ventajas podrían retirarse de forma anticipada "en caso de prácticas comerciales desleales graves y sistemáticas que tengan un efecto adverso en la industria comunitaria y que no han sido corregidas por el país beneficiario". "La Comisión está estudiando esta opción", según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo comunitario.

La Eurocámara avisa además de que "decisiones como la tomada por las autoridades argentinas pueden enrarecer el clima de cordialidad y entendimiento necesarios para lograr" el acuerdo comercial que la UE está negociando con Mercosur.

El Parlamento "deplora la decisión adoptada por el Gobierno argentino, despreciando una solución negociada, de expropiar la mayoría de las acciones de una empresa europea, ya que se trata de una decisión arbitraria y unilateral que supone un ataque al ejercicio de la libertad de empresa y al principio de seguridad jurídica, lo que deteriora el clima de negocios para las empresas de la UE en ese país".

La resolución constata que se trata de una actuación discriminatoria y "avisa de las posibles consecuencias negativas que este tipo de medidas pueden acarrear como la huida de los inversores y consecuencias negativas para Argentina en la comunidad internacional".
Artículo extraído de Cincodías.com digital.

 

Golpe fiscal a los autónomos que tributan por módulos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que limita el acceso a la tributación por módulos a pymes "cuando facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares".

Quince días después de anunciar la amnistía fiscal, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para intensificar la lucha contra el fraude fiscal que contempla modificar el sistema de módulos por el que tributan buena parte de las pymes y autónomos y que, en opinión de los inspectores fiscales, son "un nido de fraude". Así, se prohibirá aplicar este sistema a empresas que "facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares". Con ello se pretende evitar la emisión de facturas falsas. El Ejecutivo indica que los colectivos afectados serán los carpinteros, la industria del mueble, albañiles cerrajeros, fontaneros o transportistas, entre otros. Así, este tipo de profesionales deberán pagar impuestos como el IVA o el IRPF en función a su actividad real. Los últimos datos de Hacienda muestran que casi 700.000 autónomos o pymes están adscritos a la tributación por módulos. Salir de este sistema supone no sólo asumir un mayor control tributario sino que, además, implica un incremento de la carga administrativa.

El sistema de módulos permite tributar en función de variables como los metros cuadrados de un negocio, el número de empleados o el consumo eléctrico. Es decir, los llamados "moduleros" pagan una cantidad fija con independencia de los beneficios que obtengan o de las pérdidas. Las nuevas limitaciones sólo se aplicarán cuando los rendimientos íntegros del ejercicio anterior superen los 50.000 euros. Hacienda entiende que, a partir de ese nivel, ya existe capacidad para asumir mayores obligaciones tributarias.

Además, Hacienda prohibirá los pagos en efectivo que superen los 2.500 euros y establecerá sanciones de hasta el 25% del importe abonado. La multa se establecerá tanto para el pagador como el perceptor, sin embargo, si una de las partes comunica la infracción antes de tres meses después de haberse producido el pago, quedará exonerado de la sanción. Es decir, Hacienda fomentará el 'chivatazo fiscal'. El umbral de 2.500 euros se ampliará hasta los 15.000 euros para los no residentes. Esta excepción persigue no penalizar al turista que suele optar por pagar en metálico.

Además, particulares y empresas deberán informar sobre cuentas y valores en el extranjero a partir de 2013. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió que no dar el detalle de esas cuentas supondrá la "no prescripción" de las rentas no declaradas.